A falta de poco menos de tres meses para la celebración del plebiscito de salida que determinará el destino de la nueva propuesta de Constitución, el proceso ha estado marcado por diversas críticas y controversias. Principalmente, las críticas se centran en los artículos aprobados en el Consejo Constitucional, donde una mayoría perteneciente al Partido Republicano y Chile Vamos ha generado preocupación entre diversos sectores políticos y la ciudadanía en general. Las encuestas actuales muestran que la opciónen contra lidera las preferencias, lo que ha intensificado aún más el debate. Incluso figuras destacadas de distintos espectros políticos, tanto de derecha como de izquierda, han expresado su descontento con el texto propuesto. En particular, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, ha señalado que la ciudadanía demanda un enfoque en los problemas que realmente les afectan y que el tema constitucional debe resolverse de una vez por todas, sin cabida para nuevas alternativas. Ante esta situación, se ha informado que Chile Vamos ha mantenido reuniones con el Partido Socialista, Amarillos por Chile y Demócratas en un esfuerzo por encontrar un consenso y modificar la propuesta constitucional en curso. Entre los temas en discusión se encuentran el derecho a la huelga, la búsqueda de una fórmula para lograr la paridad de género en la nueva Constitución y la definición del número de parlamentarios, entre otros. Sin embargo, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, ha enfatizado que este proceso no debe abordarse como una simple lista de temas a corregir, sino como una tarea fundamental para el país. A pesar de los debates y esfuerzos de modificación, aún existe la posibilidad de que el texto elaborado por el Consejo Constitucional sea revisado por la Comisión de Expertos antes de su presentación final. En la actualidad, el Consejo Constitucional se encuentra votando el capítulo de Gobierno y Administración del Estado, así como aquellos relacionados con la Defensa Nacional y la Seguridad Pública, lo que continuará siendo objeto de atención y debate en los próximos días. Por otra parte, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá (PPD), elogió la propuesta del presidente de su partido, Jaime Quintana, quien instó a todos los partidos políticos a alcanzar ungran acuerdo para salvar el proceso constituyente. Aunque la ministra intentó desvincular al gobierno de las negociaciones lideradas por los líderes de los partidos para evitar otro fracaso constitucional, destacó la importancia de que todos los actores hagantodo lo posible para rescatar el proceso. Tohá resaltó que un acuerdo permitiría la creación de la Constitución deseada, ya que esta es, por definición, un acuerdo sobre las reglas básicas que rigen y crean las condiciones para el funcionamiento del Estado. Además, aclaró que el gobierno no está en la primera línea de las negociaciones con la oposición, ya que la expresión política del Ejecutivo se encuentra representada en los partidos del oficialismo. La ministra subrayó que el gobierno se dedica a presentar proyectos para abordar los funerales narcos, establecer una fiscalía supraterritorial y promover una ley de usurpaciones efectiva, y que su representación política se encuentra en los partidos que apoyan al gobierno. Es momento de un gran acuerdo político para salvar el proceso constituyente desde el PC a Republicanos. El rol de Chile Vamos es fundamental. Ellos ofrecieron rechazar para una mejor y hoy día -según su propia abanderada presidencial- vamos camino a un segundo fracaso. — Jaime Quintana (@senadorquintana) September 26, 2023
En la sesión del Pleno del Consejo Constitucional que tuvo lugar este miércoles, se retomó la votación del proyecto de nueva Carta Magna, centrándose en el Capítulo II que aborda los Derechos Fundamentales y Libertades Fundamentales, así como las Garantías y Deberes Constitucionales. Durante la votación, los consejeros y consejeras aprobaron elDerecho a la vida: la ley protege la vida de quien está por nacer y se prohíbe la pena de muerte con 33 votos a favor, 17 en contra y ninguna abstención. Esta norma fue presentada por el Partido Republicano y plantea un desafío para la actual Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales (violación, inviabilidad fetal y peligro de la vida de la madre), la cual cumplió recientemente seis años desde su promulgación en el país. La aprobación de esta norma pone en juego la constitucionalidad de la Ley de Aborto en 3 causales, así como otras leyes que abordan temas relacionados con lo s derechos sexuales y reproductivos, como la Ley de la Píldora del Día Después. Según explicó el abogado y doctor en Derecho, Flavio Quezada, quien forma parte de la Comisión Experta del proceso por el Partido Socialista, esta norma resume los argumentos utilizados por ciertos sectores para intentar declarar inconstitucionales dichas leyes.
Los consejeros constitucionales están a menos de 24 horas de cerrar las votaciones en las comisiones y aún no han logrado llegar a un acuerdo con la derecha en varios puntos críticos. En una conferencia de prensa convocada por las bancadas del oficialismo, se declaró que las negociaciones con la derecha se encuentran en un punto muerto . Según el acuerdo previo, el plazo límite para terminar las votaciones era hasta ese mismo miércoles, pero ninguna de las cuatro comisiones ha logrado votar los puntos críticos. El oficialismo hizo un llamado a las seis bancadas presentes en el Consejo Constitucional a bajar todas sus enmiendas, argumentando que solo así podrán avanzar en la construcción de un acuerdo político transversal. Sin embargo, saben que esta petición es imposible de cumplir y que la derecha no lo hará. A pesar de ello, quisieron hacer un punto político para poder culpar a la derecha en caso de que el acuerdo amplio fracase. En respuesta, las bancadas de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) junto a los republicanos emitieron un comunicado acusando al oficialismo de vulnerar elespíritu de buscar acuerdos al interior del organismo. Además, calificaron la petición del oficialismo deabrupta y poco dialogante, y argumentaron que no se condice con la voluntad de dialogar ni con el legítimo debate democrático. El comunicado también manifestó la disposición de la derecha a seguir buscando acuerdos con los consejeros constitucionales, pero criticó la solicitud de retirar las enmiendas, ya que consideran que representan las legítimas aspiraciones de los representantes elegidos por voluntad popular. Por último, el comunicado expresó la necesidad de avanzar y votar, ya que no es posible seguir esperando más, pero aseguraron que cumplirán con su mandato constitucional en cada etapa del proceso.
Este lunes, después de que venciera el plazo para la restitución de fondos por parte de Democracia Viva a la Secretaría Ministerial (Seremi) de Vivienda en Antofagasta, el ministro de Justicia, Luis Cordero, ofreció detalles sobre esta situación. El ministro explicó que el plazo para la restitución de los fondos se contabiliza desde el momento de la notificación. Además, mencionó que el 14 de julio, un día después de que se dictara la resolución, la Seremi de Vivienda solicitó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) una medida prejudicial precautoria para que los fondos de Democracia Viva quedaran con prohibición de celebrar actos de contrato y fueran reintegrados. Esta solicitud fue favorable al Fisco y la medida se decretó, por lo que los fondos han sido depositados en la cuenta corriente del Tribunal. En cuanto a los montos a devolver, Democracia Viva debía restituir a las arcas fiscales 426 millones de pesos que la Seremi de Antofagasta entregó por el desarrollo de tres proyectos de habitabilidad en la región. Sin embargo, la fundación argumentó que la cifra a devolver era de sólo 294.384.230 millones de pesos. Ante esta situación, el ministro Cordero afirmó que el CDE interpondrá acciones civiles en los próximos días y que, si Democracia Viva se niega a reintegrar los fondos faltantes, se tomarán acciones legales y civiles de manera clara. El ministro de Justicia concluyó diciendo que “el resguardo del último peso transferido será, si no lo hacen, se harán las acciones civiles y penal que correspondan.”
A falta de poco menos de tres meses para la celebración del plebiscito de salida que determinará el destino de la nueva propuesta de Constitución, el proceso ha estado marcado por diversas críticas y controversias. Principalmente, las críticas se centran en los artículos aprobados en el Consejo Constitucional, donde una mayoría perteneciente al Partido Republicano y Chile Vamos ha generado preocupación entre diversos sectores políticos y la ciudadanía en general. Las encuestas actuales muestran que la opciónen contra lidera las preferencias, lo que ha intensificado aún más el debate. Incluso figuras destacadas de distintos espectros políticos, tanto de derecha como de izquierda, han expresado su descontento con el texto propuesto. En particular, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, ha señalado que la ciudadanía demanda un enfoque en los problemas que realmente les afectan y que el tema constitucional debe resolverse de una vez por todas, sin cabida para nuevas alternativas. Ante esta situación, se ha informado que Chile Vamos ha mantenido reuniones con el Partido Socialista, Amarillos por Chile y Demócratas en un esfuerzo por encontrar un consenso y modificar la propuesta constitucional en curso. Entre los temas en discusión se encuentran el derecho a la huelga, la búsqueda de una fórmula para lograr la paridad de género en la nueva Constitución y la definición del número de parlamentarios, entre otros. Sin embargo, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, ha enfatizado que este proceso no debe abordarse como una simple lista de temas a corregir, sino como una tarea fundamental para el país. A pesar de los debates y esfuerzos de modificación, aún existe la posibilidad de que el texto elaborado por el Consejo Constitucional sea revisado por la Comisión de Expertos antes de su presentación final. En la actualidad, el Consejo Constitucional se encuentra votando el capítulo de Gobierno y Administración del Estado, así como aquellos relacionados con la Defensa Nacional y la Seguridad Pública, lo que continuará siendo objeto de atención y debate en los próximos días. Por otra parte, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá (PPD), elogió la propuesta del presidente de su partido, Jaime Quintana, quien instó a todos los partidos políticos a alcanzar ungran acuerdo para salvar el proceso constituyente. Aunque la ministra intentó desvincular al gobierno de las negociaciones lideradas por los líderes de los partidos para evitar otro fracaso constitucional, destacó la importancia de que todos los actores hagantodo lo posible para rescatar el proceso. Tohá resaltó que un acuerdo permitiría la creación de la Constitución deseada, ya que esta es, por definición, un acuerdo sobre las reglas básicas que rigen y crean las condiciones para el funcionamiento del Estado. Además, aclaró que el gobierno no está en la primera línea de las negociaciones con la oposición, ya que la expresión política del Ejecutivo se encuentra representada en los partidos del oficialismo. La ministra subrayó que el gobierno se dedica a presentar proyectos para abordar los funerales narcos, establecer una fiscalía supraterritorial y promover una ley de usurpaciones efectiva, y que su representación política se encuentra en los partidos que apoyan al gobierno. Es momento de un gran acuerdo político para salvar el proceso constituyente desde el PC a Republicanos. El rol de Chile Vamos es fundamental. Ellos ofrecieron rechazar para una mejor y hoy día -según su propia abanderada presidencial- vamos camino a un segundo fracaso. — Jaime Quintana (@senadorquintana) September 26, 2023
En la sesión del Pleno del Consejo Constitucional que tuvo lugar este miércoles, se retomó la votación del proyecto de nueva Carta Magna, centrándose en el Capítulo II que aborda los Derechos Fundamentales y Libertades Fundamentales, así como las Garantías y Deberes Constitucionales. Durante la votación, los consejeros y consejeras aprobaron elDerecho a la vida: la ley protege la vida de quien está por nacer y se prohíbe la pena de muerte con 33 votos a favor, 17 en contra y ninguna abstención. Esta norma fue presentada por el Partido Republicano y plantea un desafío para la actual Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales (violación, inviabilidad fetal y peligro de la vida de la madre), la cual cumplió recientemente seis años desde su promulgación en el país. La aprobación de esta norma pone en juego la constitucionalidad de la Ley de Aborto en 3 causales, así como otras leyes que abordan temas relacionados con lo s derechos sexuales y reproductivos, como la Ley de la Píldora del Día Después. Según explicó el abogado y doctor en Derecho, Flavio Quezada, quien forma parte de la Comisión Experta del proceso por el Partido Socialista, esta norma resume los argumentos utilizados por ciertos sectores para intentar declarar inconstitucionales dichas leyes.
Los consejeros constitucionales están a menos de 24 horas de cerrar las votaciones en las comisiones y aún no han logrado llegar a un acuerdo con la derecha en varios puntos críticos. En una conferencia de prensa convocada por las bancadas del oficialismo, se declaró que las negociaciones con la derecha se encuentran en un punto muerto . Según el acuerdo previo, el plazo límite para terminar las votaciones era hasta ese mismo miércoles, pero ninguna de las cuatro comisiones ha logrado votar los puntos críticos. El oficialismo hizo un llamado a las seis bancadas presentes en el Consejo Constitucional a bajar todas sus enmiendas, argumentando que solo así podrán avanzar en la construcción de un acuerdo político transversal. Sin embargo, saben que esta petición es imposible de cumplir y que la derecha no lo hará. A pesar de ello, quisieron hacer un punto político para poder culpar a la derecha en caso de que el acuerdo amplio fracase. En respuesta, las bancadas de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) junto a los republicanos emitieron un comunicado acusando al oficialismo de vulnerar elespíritu de buscar acuerdos al interior del organismo. Además, calificaron la petición del oficialismo deabrupta y poco dialogante, y argumentaron que no se condice con la voluntad de dialogar ni con el legítimo debate democrático. El comunicado también manifestó la disposición de la derecha a seguir buscando acuerdos con los consejeros constitucionales, pero criticó la solicitud de retirar las enmiendas, ya que consideran que representan las legítimas aspiraciones de los representantes elegidos por voluntad popular. Por último, el comunicado expresó la necesidad de avanzar y votar, ya que no es posible seguir esperando más, pero aseguraron que cumplirán con su mandato constitucional en cada etapa del proceso.
Este lunes, después de que venciera el plazo para la restitución de fondos por parte de Democracia Viva a la Secretaría Ministerial (Seremi) de Vivienda en Antofagasta, el ministro de Justicia, Luis Cordero, ofreció detalles sobre esta situación. El ministro explicó que el plazo para la restitución de los fondos se contabiliza desde el momento de la notificación. Además, mencionó que el 14 de julio, un día después de que se dictara la resolución, la Seremi de Vivienda solicitó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) una medida prejudicial precautoria para que los fondos de Democracia Viva quedaran con prohibición de celebrar actos de contrato y fueran reintegrados. Esta solicitud fue favorable al Fisco y la medida se decretó, por lo que los fondos han sido depositados en la cuenta corriente del Tribunal. En cuanto a los montos a devolver, Democracia Viva debía restituir a las arcas fiscales 426 millones de pesos que la Seremi de Antofagasta entregó por el desarrollo de tres proyectos de habitabilidad en la región. Sin embargo, la fundación argumentó que la cifra a devolver era de sólo 294.384.230 millones de pesos. Ante esta situación, el ministro Cordero afirmó que el CDE interpondrá acciones civiles en los próximos días y que, si Democracia Viva se niega a reintegrar los fondos faltantes, se tomarán acciones legales y civiles de manera clara. El ministro de Justicia concluyó diciendo que “el resguardo del último peso transferido será, si no lo hacen, se harán las acciones civiles y penal que correspondan.”
