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El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Copiapó condenó a Hugo Paolo Pastén Espinoza a tres penas de presidio perpetuo calificado, de 40 años cada una, por haber asesinado con alevosía a dos mujeres y por la sustracción de una menor, a quien también dio muerte y su cuerpo aún no es encontrado.
Los crímenes fueron cometidos entre enero y junio de 2019, en Copiapó, y además, se sumó una condena de otros 20 años de presidio por el delito de incendio, debido a que quemó pertenencias de una de sus víctimas.
De acuerdo a los antecedentes, la noche del 16 de enero de 2019 el imputado visitó en su domicilio Sussy Montalván aprovechando la confianza ganada a través de redes sociales. En un momento, el sujeto agredió la víctima hasta quitarle la vida por asfixia. Luego, intentó incendiar la casa con el cuerpo en su interior.
El segundo hecho ocurrió la mañana del 5 de febrero de 2019, cuando Pastén Espinoza llevó en su vehículo a Marina Cabrera, de 23 años, hasta un lugar apartado de la ciudad para agredirla violentamente y provocarle la muerte por un traumatismo craneal. La víctima estuvo desaparecida hasta junio de ese año, cuando se encontró el cuerpo en una mina abandonada.
El tercer hecho tuvo como víctima a una niña de 16 años. La madrugada del 23 de junio de 2019, tras asistir a una fiesta, la adolescente tomó el taxi colectivo que conducía Hugo Pastén y este la llevó a un lugar alejado de la ciudad, donde la agredió hasta quitarle la vida. Su cuerpo aún es buscado por las policías.
De acuerdo a la Fiscalía se trata de un fallo inédito desde el inicio de la reforma procesal penal donde además, se acogió la agravante de haber actuado "por ideología de género" en contra de las víctimas, reconociéndose así la perspectiva de género que están adoptando los tribunales.
Entre ellos, se encuentran mensajes de WhatsApp que cuestionan las declaraciones públicas de la diputada Catalina Pérez (RD), quien ha negado conocer los detalles del acuerdo.
Además, el presidente Boric y el subsecretario Cordero defendieron el actuar del Gobierno, mientras que la familia de la denunciante expresó su preocupación por la demora en la formalización.