Con información de TVU
Con información de TVU La Corte Suprema condenó a la Municipalidad de Talcahuano por la responsabilidad que le cabe en el colapso del edificio residencial “Puerto de Palos” -ubicado en la comuna de Hualpén- el que quedó en estado inhabitable producto del terremoto del 27 de febrero de 2010. Ante cualquier confusión, es necesario aclarar que si bien el inmueble queda en Hualpén, cuando fue autorizado y construido ese terreno aún pertenecía a la comuna puerto, por ello, la condena va contra el municipio de Talcahuano. Específicamente, se constató que la Dirección de Obras no supervisó el cumplimiento de las normas de construcción por parte de la empresa responsable. El máximo tribunal del país dictó el fallo definitivo sobre los perjuicios sufridos por 59 de los residentes del edificio. Si se estima en alrededor de 100 millones de pesos el valor de cada departamento, sólo por daño material el municipio chorero tendría que cancelar casi 6 mil millones de pesos, sin contar el daño moral que los demandantes intenten acreditar.
Con información de TVU
Con información de TVU La Corte Suprema condenó a la Municipalidad de Talcahuano por la responsabilidad que le cabe en el colapso del edificio residencial “Puerto de Palos” -ubicado en la comuna de Hualpén- el que quedó en estado inhabitable producto del terremoto del 27 de febrero de 2010. Ante cualquier confusión, es necesario aclarar que si bien el inmueble queda en Hualpén, cuando fue autorizado y construido ese terreno aún pertenecía a la comuna puerto, por ello, la condena va contra el municipio de Talcahuano. Específicamente, se constató que la Dirección de Obras no supervisó el cumplimiento de las normas de construcción por parte de la empresa responsable. El máximo tribunal del país dictó el fallo definitivo sobre los perjuicios sufridos por 59 de los residentes del edificio. Si se estima en alrededor de 100 millones de pesos el valor de cada departamento, sólo por daño material el municipio chorero tendría que cancelar casi 6 mil millones de pesos, sin contar el daño moral que los demandantes intenten acreditar.
