En medio del debate sobre la regulación de las apuestas online en Chile, un grupo de operadores nacionales e internacionales ha anunciado la creación de la Agrupación de iGaming Responsable (AGR). Esta entidad, integrada por Betano, Betsala, Estelarbet, Juegalo y Novibet, tiene como objetivo colaborar con las autoridades en la construcción de un marco normativo para la industria. La AGR busca promover estándares de juego responsable, protección de consumidores y prevención del acceso de menores de edad a plataformas de apuestas. Según explicaron sus representantes, la iniciativa surge ante la necesidad de avanzar hacia una regulación que permita formalizar una industria que actualmente opera sin una legislación específica, lo que permitiría generar mecanismos de protección para los usuarios. En palabras de Sandra Kemp, directora de AGR: Las apuestas en línea son una realidad en Chile. La falta de regulación o su prohibición no elimina la actividad: la desplaza hacia operadores que no están sujetos a estándares, fiscalización ni rendición de cuentas. El funcionamiento de la nueva entidad estará basado en principios como el juego responsable, la protección de menores, la cooperación con instituciones públicas, la transparencia y el combate al juego ilegal. La AGR también destacó la experiencia de países como Reino Unido, España, Canadá, Colombia, Perú y Brasil, donde existen marcos regulatorios que permiten fiscalizar la actividad y restringir el acceso de menores, además de recaudar impuestos asociados a la industria. De acuerdo con cifras citadas por la AGR provenientes de la consultora H2 Gambling Capital, se estima que el mercado chileno de apuestas online generaría ingresos brutos por aproximadamente US$625 millones y podría alcanzar los US$1.445 millones hacia 2030. Fuente: ADN Radio Nacional
La Contraloría General de la República ha revelado que un total de 910 funcionarios públicos y municipales han participado en actividades de apuestas en casinos, llegando a apostar más de $11.490 millones, a pesar de estar prohibidos legalmente debido a sus responsabilidades relacionadas con la administración de fondos estatales. Estos hallazgos se desprenden del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°20, que abarca el periodo comprendido entre enero de 2024 y junio de 2025 e involucra a trabajadores de 371 instituciones públicas en todo el territorio nacional. El análisis se basó en la comparación de datos entre los registros de funcionarios obligados a rendir caución (por manejar o custodiar fondos públicos) y la información proporcionada por la Superintendencia de Casinos de Juego sobre los clientes de casinos. Dentro del grupo identificado, 181 funcionarios concentran la mayor parte de las sumas apostadas, llegando a superar los $11.118 millones, lo que representa el 96,8% del dinero apostado por este conjunto. Según la Contraloría, en varios casos los niveles de gasto no coinciden con las remuneraciones declaradas, lo que ha generado preocupación sobre el origen de los fondos utilizados. El informe también señala que los mayores montos apostados corresponden a funcionarios pertenecientes a entidades como Carabineros de Chile, Fuerza Aérea de Chile, Policía de Investigaciones de Chile, la Tesorería General de la República y diversas municipalidades. Específicamente, los 20 casos con las cifras más altas suman más de $5.392 millones, con apuestas individuales que incluso superan los $1.000 millones. Los perfiles involucrados van desde cargos directivos y fiscalizadores hasta funciones profesionales y operativas dentro del sector público. Frente a estos descubrimientos, la Contraloría ha anunciado que enviará el Listado completo de funcionarios a la Superintendencia de Casinos para que esta ejerza su labor fiscalizadora y determine posibles sanciones. También se remitirán los antecedentes a los servicios públicos y municipios respectivos para que inicien sumarios administrativos y establezcan responsabilidades internas. Finalmente, los casos relacionados con los 181 funcionarios encargados de administrar fondos públicos serán derivados al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para evaluar posibles acciones legales. Fuente: ADN Radio Nacional
En medio del debate sobre la regulación de las apuestas online en Chile, un grupo de operadores nacionales e internacionales ha anunciado la creación de la Agrupación de iGaming Responsable (AGR). Esta entidad, integrada por Betano, Betsala, Estelarbet, Juegalo y Novibet, tiene como objetivo colaborar con las autoridades en la construcción de un marco normativo para la industria. La AGR busca promover estándares de juego responsable, protección de consumidores y prevención del acceso de menores de edad a plataformas de apuestas. Según explicaron sus representantes, la iniciativa surge ante la necesidad de avanzar hacia una regulación que permita formalizar una industria que actualmente opera sin una legislación específica, lo que permitiría generar mecanismos de protección para los usuarios. En palabras de Sandra Kemp, directora de AGR: Las apuestas en línea son una realidad en Chile. La falta de regulación o su prohibición no elimina la actividad: la desplaza hacia operadores que no están sujetos a estándares, fiscalización ni rendición de cuentas. El funcionamiento de la nueva entidad estará basado en principios como el juego responsable, la protección de menores, la cooperación con instituciones públicas, la transparencia y el combate al juego ilegal. La AGR también destacó la experiencia de países como Reino Unido, España, Canadá, Colombia, Perú y Brasil, donde existen marcos regulatorios que permiten fiscalizar la actividad y restringir el acceso de menores, además de recaudar impuestos asociados a la industria. De acuerdo con cifras citadas por la AGR provenientes de la consultora H2 Gambling Capital, se estima que el mercado chileno de apuestas online generaría ingresos brutos por aproximadamente US$625 millones y podría alcanzar los US$1.445 millones hacia 2030. Fuente: ADN Radio Nacional
La Contraloría General de la República ha revelado que un total de 910 funcionarios públicos y municipales han participado en actividades de apuestas en casinos, llegando a apostar más de $11.490 millones, a pesar de estar prohibidos legalmente debido a sus responsabilidades relacionadas con la administración de fondos estatales. Estos hallazgos se desprenden del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°20, que abarca el periodo comprendido entre enero de 2024 y junio de 2025 e involucra a trabajadores de 371 instituciones públicas en todo el territorio nacional. El análisis se basó en la comparación de datos entre los registros de funcionarios obligados a rendir caución (por manejar o custodiar fondos públicos) y la información proporcionada por la Superintendencia de Casinos de Juego sobre los clientes de casinos. Dentro del grupo identificado, 181 funcionarios concentran la mayor parte de las sumas apostadas, llegando a superar los $11.118 millones, lo que representa el 96,8% del dinero apostado por este conjunto. Según la Contraloría, en varios casos los niveles de gasto no coinciden con las remuneraciones declaradas, lo que ha generado preocupación sobre el origen de los fondos utilizados. El informe también señala que los mayores montos apostados corresponden a funcionarios pertenecientes a entidades como Carabineros de Chile, Fuerza Aérea de Chile, Policía de Investigaciones de Chile, la Tesorería General de la República y diversas municipalidades. Específicamente, los 20 casos con las cifras más altas suman más de $5.392 millones, con apuestas individuales que incluso superan los $1.000 millones. Los perfiles involucrados van desde cargos directivos y fiscalizadores hasta funciones profesionales y operativas dentro del sector público. Frente a estos descubrimientos, la Contraloría ha anunciado que enviará el Listado completo de funcionarios a la Superintendencia de Casinos para que esta ejerza su labor fiscalizadora y determine posibles sanciones. También se remitirán los antecedentes a los servicios públicos y municipios respectivos para que inicien sumarios administrativos y establezcan responsabilidades internas. Finalmente, los casos relacionados con los 181 funcionarios encargados de administrar fondos públicos serán derivados al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para evaluar posibles acciones legales. Fuente: ADN Radio Nacional
