La Contraloría General de la República detectó a 315 funcionarios y servidores públicos con condenas penales vigentes que permanecían vinculados a organismos del Estado, según los resultados de un nuevo informe de fiscalización difundido el martes 17 de noviembre. El hallazgo forma parte del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N.º 29, documento que identificó un total de 317 registros de condena asociados a las 315 personas, debido a que dos funcionarios presentan más de una sentencia. El organismo advirtió que estas situaciones podrían contravenir las disposiciones legales que regulan el ingreso y la permanencia en la Administración Pública, particularmente lo establecido en el artículo 54, letra c), de la Ley N.º 18.575. De acuerdo con el reporte, 166 funcionarios pertenecen a organismos del Gobierno central y otros 149 se desempeñan en administraciones locales. Carabineros y Ejército concentran la mayor cantidad de casos El análisis de Contraloría identificó diferencias importantes entre las instituciones públicas que aparecen en el registro. Carabineros de Chile encabeza la nómina con 84 funcionarios que presentan condenas penales, seguido por el Ejército, con 22 casos, y la Armada, con ocho. Entre las instituciones municipales destaca Valdivia, con seis funcionarios, mientras que la Fuerza Aérea de Chile registra cinco. El informe también identifica trabajadores en otras municipalidades del país, entre ellas Hualpén, Tierra Amarilla, Chillán, Puerto Montt y Tocopilla. El desglose informado por Contraloría es el siguiente: Carabineros de Chile: 84 funcionarios. Ejército de Chile: 22 funcionarios. Armada de Chile: 8 funcionarios. Municipalidad de Valdivia: 6 funcionarios. Fuerza Aérea de Chile: 5 funcionarios. Municipalidad de Hualpén: 4 funcionarios. Municipalidad de Tierra Amarilla: 4 funcionarios. Municipalidad de Chillán: 4 funcionarios. Municipalidad de Puerto Montt: 4 funcionarios. Municipalidad de Tocopilla: 3 funcionarios. Estas cifras corresponden a la cantidad de personas identificadas por institución y no representan necesariamente la proporción de funcionarios afectados respecto de la dotación total de cada organismo. Informe registra 73 casos por crímenes y 244 condenas por simples delitos Otro de los antecedentes relevantes se relaciona con la gravedad de los hechos que originaron las condenas. Según el documento, 73 personas registran condenas por crímenes, mientras que los otros 244 registros corresponden a simples delitos. La revisión también estableció que 41 condenas están vinculadas a figuras penales contempladas en el Título V del Libro II del Código Penal, relativo a delitos cometidos por empleados públicos en el desempeño de sus cargos. Estos 41 casos representan aproximadamente el 13% de los registros examinados. La información permite dimensionar las distintas situaciones penales detectadas, aunque el reporte no entrega antecedentes individualizados sobre las circunstancias de cada condena. ¿Cómo detectó Contraloría a los funcionarios con condenas? Para elaborar el informe, la Contraloría cruzó información proveniente de tres fuentes oficiales. La primera fue el Registro Nacional de Condenas, administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificación, que contiene antecedentes sobre sentencias penales. También se utilizaron registros del Servicio Electoral (Servel) y del Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (SIAPER). Mediante este procedimiento, el organismo identificó coincidencias entre personas que registraban condenas y trabajadores que continuaban vinculados a instituciones públicas. El cruce permitió establecer la existencia de 317 registros penales asociados a 315 funcionarios, con antecedentes que deberán ser revisados por cada servicio involucrado. Contraloría ordena investigar eventuales responsabilidades administrativas Tras conocer los resultados, el organismo fiscalizador instruyó a las reparticiones públicas involucradas iniciar las investigaciones correspondientes. Uno de los objetivos será determinar si los funcionarios informaron oportunamente sus condenas a sus superiores jerárquicos y si existieron omisiones que puedan constituir responsabilidades administrativas. Además, las instituciones deberán iniciar los procedimientos para evaluar la aplicación de la inhabilidad sobreviniente, figura que contempla situaciones que impiden continuar desempeñando funciones públicas después de haber ingresado a la Administración del Estado. La Contraloría también solicitó revisar si los antecedentes penales fueron considerados adecuadamente en los procesos de calificación funcionaria, particularmente en aspectos relacionados con el comportamiento y la probidad. Estas medidas buscan esclarecer las circunstancias particulares de cada caso y determinar las actuaciones administrativas que correspondan. Revisión abre nuevo proceso de fiscalización en el sector público El informe CIC N.º 29 incorpora nuevos antecedentes al trabajo de fiscalización sobre el cumplimiento de las obligaciones legales de los funcionarios estatales. La detección de personas con condenas vigentes plantea interrogantes sobre los mecanismos de comunicación, actualización y revisión de antecedentes utilizados por los organismos públicos. En adelante, cada institución deberá analizar los casos observados y adoptar las medidas que correspondan de acuerdo con la normativa aplicable. La identificación de los 315 funcionarios no implica que todos hayan sido destituidos ni que exista una resolución administrativa definitiva sobre cada situación. Por el momento, el proceso se encuentra en una etapa de investigación y revisión de responsabilidades, conforme a las instrucciones impartidas por la Contraloría General de la República.
Una reciente auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) ha revelado una serie de irregularidades administrativas dentro de Carabineros, específicamente en la contratación y fiscalización de los funcionarios que se desempeñan como oficiales de justicia de la institución policial. El informe INVE N° 540 de 2025, centrado en la Dirección Nacional de Personal de Carabineros durante el año 2024, ha puesto al descubierto problemas en las jornadas laborales y en las contrataciones adicionales por resolución (CPR), detectando anomalías que van en contra de la normativa vigente. El hallazgo más relevante del informe indica que, de un total de 144 abogados que trabajaban como oficiales de justicia y cuyas remuneraciones conjuntas superaron los $5.540 millones durante 2024, un grupo de 36 funcionarios mantenía simultáneamente un segundo contrato CPR por 22 horas semanales adicionales, percibiendo más de $1.944 millones por esta vía. La Contraloría verificó que estos 36 profesionales realizaban exactamente las mismas labores en ambos contratos, lo cual va en contra de la normativa pública. Según el dictamen N°13.912 de 2017 de la CGR, una contratación adicional solo es permitida cuando se trata de funciones distintas a las del contrato principal. Ante esta situación, se ha ordenado ajustar las designaciones. Si la jornada de 22 horas resulta insuficiente, corresponderá al General Director de Carabineros actualizar el documento para cubrir las necesidades del servicio, recordando que los oficiales tienen la obligación de extender su jornada ordinaria cuando sea necesario. La auditoría también ha revelado una severa deficiencia en la fiscalización interna. En las inspecciones en terreno, se constató que 23 de los 36 funcionarios con doble contrato no contaban con registros de asistencia ni sistemas de control horario, lo que impidió a la Contraloría verificar si cumplían con las horas por las cuales estaban siendo remunerados con recursos del Estado. Además, se descubrió que 5 funcionarios emitieron boletas por más de $43 millones a particulares durante 2024. A nivel general, 23 oficiales emitieron boletas por más de $434 millones por actividades ajenas a Carabineros. A pesar de que el ejercicio de labores privadas no es necesariamente una infracción, la ausencia de registros imposibilita determinar si dichos trabajos particulares se realizaron fuera del horario laboral institucional. Por último, el informe alertó sobre pagos en exceso a dos funcionarios por montos significativos. Ante esto, la Contraloría tomará acciones legales para exigir la restitución del dinero mediante un reparo y Carabineros deberá informar sobre los resultados de una investigación disciplinaria interna para determinar responsabilidades administrativas. Fuente: ADN Radio Nacional
La Contraloría General de la República detectó a 315 funcionarios y servidores públicos con condenas penales vigentes que permanecían vinculados a organismos del Estado, según los resultados de un nuevo informe de fiscalización difundido el martes 17 de noviembre. El hallazgo forma parte del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N.º 29, documento que identificó un total de 317 registros de condena asociados a las 315 personas, debido a que dos funcionarios presentan más de una sentencia. El organismo advirtió que estas situaciones podrían contravenir las disposiciones legales que regulan el ingreso y la permanencia en la Administración Pública, particularmente lo establecido en el artículo 54, letra c), de la Ley N.º 18.575. De acuerdo con el reporte, 166 funcionarios pertenecen a organismos del Gobierno central y otros 149 se desempeñan en administraciones locales. Carabineros y Ejército concentran la mayor cantidad de casos El análisis de Contraloría identificó diferencias importantes entre las instituciones públicas que aparecen en el registro. Carabineros de Chile encabeza la nómina con 84 funcionarios que presentan condenas penales, seguido por el Ejército, con 22 casos, y la Armada, con ocho. Entre las instituciones municipales destaca Valdivia, con seis funcionarios, mientras que la Fuerza Aérea de Chile registra cinco. El informe también identifica trabajadores en otras municipalidades del país, entre ellas Hualpén, Tierra Amarilla, Chillán, Puerto Montt y Tocopilla. El desglose informado por Contraloría es el siguiente: Carabineros de Chile: 84 funcionarios. Ejército de Chile: 22 funcionarios. Armada de Chile: 8 funcionarios. Municipalidad de Valdivia: 6 funcionarios. Fuerza Aérea de Chile: 5 funcionarios. Municipalidad de Hualpén: 4 funcionarios. Municipalidad de Tierra Amarilla: 4 funcionarios. Municipalidad de Chillán: 4 funcionarios. Municipalidad de Puerto Montt: 4 funcionarios. Municipalidad de Tocopilla: 3 funcionarios. Estas cifras corresponden a la cantidad de personas identificadas por institución y no representan necesariamente la proporción de funcionarios afectados respecto de la dotación total de cada organismo. Informe registra 73 casos por crímenes y 244 condenas por simples delitos Otro de los antecedentes relevantes se relaciona con la gravedad de los hechos que originaron las condenas. Según el documento, 73 personas registran condenas por crímenes, mientras que los otros 244 registros corresponden a simples delitos. La revisión también estableció que 41 condenas están vinculadas a figuras penales contempladas en el Título V del Libro II del Código Penal, relativo a delitos cometidos por empleados públicos en el desempeño de sus cargos. Estos 41 casos representan aproximadamente el 13% de los registros examinados. La información permite dimensionar las distintas situaciones penales detectadas, aunque el reporte no entrega antecedentes individualizados sobre las circunstancias de cada condena. ¿Cómo detectó Contraloría a los funcionarios con condenas? Para elaborar el informe, la Contraloría cruzó información proveniente de tres fuentes oficiales. La primera fue el Registro Nacional de Condenas, administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificación, que contiene antecedentes sobre sentencias penales. También se utilizaron registros del Servicio Electoral (Servel) y del Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (SIAPER). Mediante este procedimiento, el organismo identificó coincidencias entre personas que registraban condenas y trabajadores que continuaban vinculados a instituciones públicas. El cruce permitió establecer la existencia de 317 registros penales asociados a 315 funcionarios, con antecedentes que deberán ser revisados por cada servicio involucrado. Contraloría ordena investigar eventuales responsabilidades administrativas Tras conocer los resultados, el organismo fiscalizador instruyó a las reparticiones públicas involucradas iniciar las investigaciones correspondientes. Uno de los objetivos será determinar si los funcionarios informaron oportunamente sus condenas a sus superiores jerárquicos y si existieron omisiones que puedan constituir responsabilidades administrativas. Además, las instituciones deberán iniciar los procedimientos para evaluar la aplicación de la inhabilidad sobreviniente, figura que contempla situaciones que impiden continuar desempeñando funciones públicas después de haber ingresado a la Administración del Estado. La Contraloría también solicitó revisar si los antecedentes penales fueron considerados adecuadamente en los procesos de calificación funcionaria, particularmente en aspectos relacionados con el comportamiento y la probidad. Estas medidas buscan esclarecer las circunstancias particulares de cada caso y determinar las actuaciones administrativas que correspondan. Revisión abre nuevo proceso de fiscalización en el sector público El informe CIC N.º 29 incorpora nuevos antecedentes al trabajo de fiscalización sobre el cumplimiento de las obligaciones legales de los funcionarios estatales. La detección de personas con condenas vigentes plantea interrogantes sobre los mecanismos de comunicación, actualización y revisión de antecedentes utilizados por los organismos públicos. En adelante, cada institución deberá analizar los casos observados y adoptar las medidas que correspondan de acuerdo con la normativa aplicable. La identificación de los 315 funcionarios no implica que todos hayan sido destituidos ni que exista una resolución administrativa definitiva sobre cada situación. Por el momento, el proceso se encuentra en una etapa de investigación y revisión de responsabilidades, conforme a las instrucciones impartidas por la Contraloría General de la República.
Una reciente auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) ha revelado una serie de irregularidades administrativas dentro de Carabineros, específicamente en la contratación y fiscalización de los funcionarios que se desempeñan como oficiales de justicia de la institución policial. El informe INVE N° 540 de 2025, centrado en la Dirección Nacional de Personal de Carabineros durante el año 2024, ha puesto al descubierto problemas en las jornadas laborales y en las contrataciones adicionales por resolución (CPR), detectando anomalías que van en contra de la normativa vigente. El hallazgo más relevante del informe indica que, de un total de 144 abogados que trabajaban como oficiales de justicia y cuyas remuneraciones conjuntas superaron los $5.540 millones durante 2024, un grupo de 36 funcionarios mantenía simultáneamente un segundo contrato CPR por 22 horas semanales adicionales, percibiendo más de $1.944 millones por esta vía. La Contraloría verificó que estos 36 profesionales realizaban exactamente las mismas labores en ambos contratos, lo cual va en contra de la normativa pública. Según el dictamen N°13.912 de 2017 de la CGR, una contratación adicional solo es permitida cuando se trata de funciones distintas a las del contrato principal. Ante esta situación, se ha ordenado ajustar las designaciones. Si la jornada de 22 horas resulta insuficiente, corresponderá al General Director de Carabineros actualizar el documento para cubrir las necesidades del servicio, recordando que los oficiales tienen la obligación de extender su jornada ordinaria cuando sea necesario. La auditoría también ha revelado una severa deficiencia en la fiscalización interna. En las inspecciones en terreno, se constató que 23 de los 36 funcionarios con doble contrato no contaban con registros de asistencia ni sistemas de control horario, lo que impidió a la Contraloría verificar si cumplían con las horas por las cuales estaban siendo remunerados con recursos del Estado. Además, se descubrió que 5 funcionarios emitieron boletas por más de $43 millones a particulares durante 2024. A nivel general, 23 oficiales emitieron boletas por más de $434 millones por actividades ajenas a Carabineros. A pesar de que el ejercicio de labores privadas no es necesariamente una infracción, la ausencia de registros imposibilita determinar si dichos trabajos particulares se realizaron fuera del horario laboral institucional. Por último, el informe alertó sobre pagos en exceso a dos funcionarios por montos significativos. Ante esto, la Contraloría tomará acciones legales para exigir la restitución del dinero mediante un reparo y Carabineros deberá informar sobre los resultados de una investigación disciplinaria interna para determinar responsabilidades administrativas. Fuente: ADN Radio Nacional