Los diputados Sergio Bobadilla y Cristhian Moreira, ambos de la UDI, han enviado un oficio a diferentes reparticiones del Estado para conocer cuántos funcionarios del Gobierno son deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE). Esta acción surge en el contexto de la confirmación desde La Moneda de que en el primer semestre de 2024 se ingresará un proyecto que buscará condonar una parte de las deudas del CAE. La vocera Camila Vallejo señaló la importancia de pensar en el tránsito en el modelo de financiamiento, ya que eliminar el CAE implica ver cómo se va reemplazando este método paulatinamente. Esta iniciativa forma parte del programa presidencial presentado por Gabriel Boric en la elección de 2021, en el que se comprometió a poner fin al CAE y crear un nuevo sistema único de créditos, transitorio hasta alcanzar la gratuidad universal. En 2022, La Segunda informó que los diputados Héctor Barría (DC), Juan Irarrázaval (REP) y Catalina Pérez (RD) seguían debiendo el CAE. También se mencionó a Diego Ibáñez (CS), pero desde su entorno indicaron que el congresista estudió con una fórmula crediticia distinta al CAE y siempre se mantuvo al día. Ante esta situación, Bobadilla y Moreira expresaron su preocupación por un posible conflicto de interés si otros personeros también mantienen la deuda. Argumentan que el proyecto del Gobierno debería excluir a las autoridades, parlamentarios y funcionarios con altos ingresos o de planta, para evitar que se esté beneficiando a los mismos integrantes de la corporación o del Gobierno.
En una reciente entrevista con radio ADN, el subsecretario de Educación, Víctor Orellana, dio a conocer detalles cruciales sobre un ambicioso proyecto de ley que pretende condonar parte de las deudas generadas por el Crédito con Aval del Estado (CAE). Además, el proyecto tiene como objetivo eliminar la deuda bancaria como instrumento de política pública. Según Orellana, se estima que alrededor de un millón de personas tienen deudas relacionadas con el CAE, y en total, cerca de dos millones de individuos están involucrados en algún sistema de crédito, abarcando tanto a estudiantes como a aquellos que ya se encuentran en etapa de pago. El subsecretario anunció que el proyecto se presentará durante la primera parte del próximo año, coincidiendo con el ejercicio presupuestario, que también incluirá un plan integral de condonación. Orellana destacó la urgencia de poner fin a la política de financiamiento en la Educación Superior, argumentando que no actuar en este sentido podría resultar en un desembolso significativo de recursos públicos debido a la ejecución de garantías estatales asociadas al crédito. En palabras del subsecretario, actuar nos permitirá evitar ese desembolso, y cambiar el CAE, incluso con un plan de condonación, resulta en el medio y largo plazo más barato que no hacerlo . El funcionario detalló que la propuesta del Gobierno de Gabriel Boric busca poner fin a la deuda bancaria para los actuales beneficiarios y para las futuras generaciones. La medida, según Orellana, mejorará la situación de todos, pero lo hará de manera progresiva y justa, reconociendo la diversidad de situaciones. Afirmó que, aunque la deuda bancaria se eliminará para todos, la progresión beneficiará de manera diferenciada a las personas según sus necesidades. Por último, Orellana reafirmó el compromiso del Gobierno de condonar la deuda del CAE, no solo como un cumplimiento de la promesa de campaña, sino como una necesidad imperante para el adecuado funcionamiento de la educación superior en el país.
Los diputados Sergio Bobadilla y Cristhian Moreira, ambos de la UDI, han enviado un oficio a diferentes reparticiones del Estado para conocer cuántos funcionarios del Gobierno son deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE). Esta acción surge en el contexto de la confirmación desde La Moneda de que en el primer semestre de 2024 se ingresará un proyecto que buscará condonar una parte de las deudas del CAE. La vocera Camila Vallejo señaló la importancia de pensar en el tránsito en el modelo de financiamiento, ya que eliminar el CAE implica ver cómo se va reemplazando este método paulatinamente. Esta iniciativa forma parte del programa presidencial presentado por Gabriel Boric en la elección de 2021, en el que se comprometió a poner fin al CAE y crear un nuevo sistema único de créditos, transitorio hasta alcanzar la gratuidad universal. En 2022, La Segunda informó que los diputados Héctor Barría (DC), Juan Irarrázaval (REP) y Catalina Pérez (RD) seguían debiendo el CAE. También se mencionó a Diego Ibáñez (CS), pero desde su entorno indicaron que el congresista estudió con una fórmula crediticia distinta al CAE y siempre se mantuvo al día. Ante esta situación, Bobadilla y Moreira expresaron su preocupación por un posible conflicto de interés si otros personeros también mantienen la deuda. Argumentan que el proyecto del Gobierno debería excluir a las autoridades, parlamentarios y funcionarios con altos ingresos o de planta, para evitar que se esté beneficiando a los mismos integrantes de la corporación o del Gobierno.
En una reciente entrevista con radio ADN, el subsecretario de Educación, Víctor Orellana, dio a conocer detalles cruciales sobre un ambicioso proyecto de ley que pretende condonar parte de las deudas generadas por el Crédito con Aval del Estado (CAE). Además, el proyecto tiene como objetivo eliminar la deuda bancaria como instrumento de política pública. Según Orellana, se estima que alrededor de un millón de personas tienen deudas relacionadas con el CAE, y en total, cerca de dos millones de individuos están involucrados en algún sistema de crédito, abarcando tanto a estudiantes como a aquellos que ya se encuentran en etapa de pago. El subsecretario anunció que el proyecto se presentará durante la primera parte del próximo año, coincidiendo con el ejercicio presupuestario, que también incluirá un plan integral de condonación. Orellana destacó la urgencia de poner fin a la política de financiamiento en la Educación Superior, argumentando que no actuar en este sentido podría resultar en un desembolso significativo de recursos públicos debido a la ejecución de garantías estatales asociadas al crédito. En palabras del subsecretario, actuar nos permitirá evitar ese desembolso, y cambiar el CAE, incluso con un plan de condonación, resulta en el medio y largo plazo más barato que no hacerlo . El funcionario detalló que la propuesta del Gobierno de Gabriel Boric busca poner fin a la deuda bancaria para los actuales beneficiarios y para las futuras generaciones. La medida, según Orellana, mejorará la situación de todos, pero lo hará de manera progresiva y justa, reconociendo la diversidad de situaciones. Afirmó que, aunque la deuda bancaria se eliminará para todos, la progresión beneficiará de manera diferenciada a las personas según sus necesidades. Por último, Orellana reafirmó el compromiso del Gobierno de condonar la deuda del CAE, no solo como un cumplimiento de la promesa de campaña, sino como una necesidad imperante para el adecuado funcionamiento de la educación superior en el país.
