El subsecretario del Interior, Luis Cordero , se refirió a la filtración de los chats entre la diputada Catalina Pérez y su expareja, Daniel Andrade, que han reactivado las críticas en torno al caso Democracia Viva . Estas conversaciones, incluidas en un informe de la fiscalía, buscan avanzar en el desafuero de Pérez por presunto fraude al fisco. Lee también: “Breaking Bad en Chile todavía no tenemos”, la reflexión de Cordero por el avance de las drogas en el país Cordero aseguró que el Ejecutivo ha colaborado plenamente con la investigación desde sus inicios. “La posición del Gobierno ha sido entregar toda la información necesaria para que se asuman responsabilidades efectivas por quienes hayan cometido delitos”, afirmó. El subsecretario también enfatizó la gravedad del caso, señalando que “los delitos de corrupción dañan la fe pública, da lo mismo quién los haya cometido”. Asimismo, destacó el trabajo de la fiscalía y del Consejo de Defensa del Estado , instancias que han recibido apoyo del Ejecutivo para avanzar en las indagatorias. Cordero evitó referirse directamente a los detalles de las conversaciones entre Pérez y Andrade, reiterando que “ al Gobierno no le corresponde comentar ningún tipo de prueba que esté proporcionando el Ministerio Público”. Fuente: CNN Chile País
El caso que ha sacudido al país, el denominado Caso Democracia Viva, ha dado un nuevo giro con la revelación de un informe de la Policía de Investigaciones (PDI). En este documento, se detallan conversaciones entre la diputada Catalina Pérez y su entonces pareja, Daniel Andrade, quien es uno de los principales imputados por el escándalo de corrupción. Según el informe al cual tuvo acceso La Segunda, en un mensaje del 29 de julio de 2022, Andrade le comunicó a Pérez sobre una reunión con el entonces Seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, actualmente en prisión preventiva. Me llamó Carlos y parece que hoy pueden salir las lucas , escribió Andrade, aunque no se menciona si hubo respuesta de la diputada. En otro intercambio de mensajes de septiembre de 2022, Pérez coordina con Andrade para que ella lo pase a buscar en una hora determinada, mientras él le menciona que la reunión con Contreras ha sido reprogramada. “Carlos me corrió la reunión para las 17.00” , le informa Andrade, destacando la importancia del convenio con Contreras. Este tipo de diálogos resalta el papel de la Fundación Democracia Viva en la gestión de convenios con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, entidad que le otorgó 370 millones de pesos a la fundación de Andrade, a pesar de que esta no tenía experiencia en proyectos similares. Este hecho desencadenó el Caso Convenios, que ha puesto en evidencia varias irregularidades y casos de corrupción dentro de distintas instituciones del Estado. Finalmente, recordar que Carlos Contreras, quien fuera cercano asesor de Pérez, se encuentra en prisión preventiva, mientras que Daniel Andrade estuvo en la misma situación, pero actualmente se encuentra con arresto domiciliario. Catalina Pérez, por su parte, sigue siendo investigada por la PDI y ha declarado como imputada en el caso.
El escándalo del convenio entre la fundación Democracia Viva y la SEREMI de Vivienda de Antofagasta, por $426 millones, sigue escalando tras la revelación de más de 10 mil páginas de antecedentes investigativos. Entre ellos, se encuentran mensajes de WhatsApp que cuestionan las declaraciones públicas de la diputada Catalina Pérez (RD), quien ha negado conocer los detalles del acuerdo. En una conversación fechada el 16 de junio, Daniel Andrade, exlíder de Revolución Democrática y pareja de Pérez en ese entonces, expresó a Edson Dettoni, secretario ejecutivo del partido: Daniel Andrade (D.A): Ha sido un calvario la wea. Yo lo he pasado súper mal, pensando en este flanco. Me he sentido súper ingenuo y estúpido a la vez, por la wea. Bueno, está demás decir que tiene que haber silencio total, no vaya (sic) a ser que la wea se filtre por nuestro lado. Y si quieres hablar o dar consejo de esta wea, estaría súper agradecido . Ese mismo día, Catalina Pérez inició una conversación con Dettoni sobre la declaración del partido: Catalina Pérez (C.P):Leo esto y pienso que tb (también) tengo que enviar antecedentes. Edson Dettoni (E.D): Tú no. C.P: Soy una afiliada involucrada. E.D: No hay indicio alguno de que sea así. C.P: Pero si la nota que envían me involucre pu, porque no sé si contribuye mucho al objetivo de cuidado. E.D: Pero si poníamos los nombres de Carlos (Contreras) y Daniel (Andrade), los exponía demasiado a ellos también, y entiendo que tú también quieres que ellos estén cuidados. Fue lo último que me dijiste antes de salir de la sala de la DN. En los días posteriores, Andrade y Dettoni discutieron cómo manejar la crisis mediática: Edson Dettoni (E.D): ¿Por qué servicios se pagan 400m? Como equivalente, 3 farmacias municipales te cuestan eso . Daniel Andrade (D.A): Es un convenio por 16 meses, entonces igual hay sueldos por cada mes y hay construcción de infraestructura liviana. Postes de luz, elementos sanitarios, la Puli tiene los detalles de todo y el Serviu igual. Somos la fundación más avanzada de todas las fundaciones. Y toda esta parte está súper respaldada. E.D: ¿Por qué no se licitó? En términos de compras públicas, creo que es lo que más urge tener claridad. D.A: Te voy a decir lo que yo entendí [...] Al ser entidades sin fines de lucro, se les da funciones del Estado porque necesitan que las hagan más rápidas que el Estado. Que no tengan la carga burocrática, pero tenemos que rendir todo. Antes era más discrecional aún . Otro punto crítico fue el intento de ocultar información. Una conversación entre Carlos Contreras y Paloma Larraín, integrante del equipo de Catalina Pérez, muestra el uso de aplicaciones más seguras: Carlos Contreras (C.C): Ahí tienes ejemplo de otra fundación . Paloma Larraín (P.L): Yaaa, vale. C.C: Me avisas y borro. P.L: Todo ok, borra no más. ¿Tienes cuenta de Signal? Podríamos trasladar para allá esta conversación. C.C: Ya, la instalo. En otro intercambio, Andrade y Dettoni discutieron sobre borrar evidencias digitales: Daniel Andrade (D.A): Oye, revisé correo y WhatsApp y cosas, y no pillé nada 'sospechoso'. ¿Qué cosas crees que debería revisar en detalle o tener cuidado? Edson Dettoni (E.D): Eventualmente, les pueden pedir la entrega voluntaria de computadores y teléfonos, así como el alzamiento del secreto bancario. Todo lo que se pierda o se borre, levanta sospechas, como el caso del celular de Pradenas. D.A: Yap. No hay nada de eso por mi lado. Entiendo que Carlos tiene, por su lado, los antecedentes para justificar que lo segundo no ocurrió. E.D: De las fotos del IG (Instagram), ¿ya le pegaste una revisada larga? Que te deben estar buscando hasta en el cajón de calcetines. D.A: No, está cerrado ya. E.D: Yo todavía puedo verlo. Le voy a pegar una mirada igual. D.A: Sipo, si tú eres mi amigo. E.D: Ya, solo encontré un tema que puede ser delicado, porque el tema involucra platas también (adjunta link de Instagram). D.A: Te cacho. Estas conversaciones, contenidas en más de 10 mil páginas de la carpeta investigativa, son clave en el caso que podría derivar en acusaciones de cohecho y tráfico de influencias, complicando la situación de Catalina Pérez y otros involucrados.
La Fiscalía de Antofagasta se encuentra en alerta tras la sospecha de un posible incumplimiento de la medida cautelar de arresto domiciliario total impuesta a Daniel Andrade, exrepresentante legal de la fundación Democracia Viva. Andrade está acusado junto al exseremi de Vivienda, Carlos Contreras, por tres delitos de fraude al fisco. Desde fines de febrero, Andrade cumple con la medida de arresto domiciliario en la casa de su madre, ubicada en La Florida. Sin embargo, un reciente informe de Carabineros presentado al Juzgado de Garantía de Antofagasta, al que tuvo acceso La Tercera, ha generado inquietud. El informe revela que el 8 de marzo, el sargento segundo Víctor Soto intentó realizar una visita de verificación a las 5:20 horas sin recibir respuesta por parte de los ocupantes del domicilio. El 1 de agosto, la jueza Claudia Campusano ordenó que estos antecedentes fueran puestos en conocimiento del Ministerio Público. A sus antecedentes oficio N°1700 de la 61° Comisaría de Carabineros Cabo 2° Pablo Silva Pizarro, el cual indica que el imputado Daniel Francisco Andrade Schwarze, no ha dado cumplimiento a la medida cautelar de arresto domiciliario total, durante el período que se indica, téngase presente. Póngase en conocimiento del Ministerio Público para los fines que correspondan , expresó la jueza Campusano. En respuesta a la situación, los fiscales han solicitado una audiencia para revisar la medida cautelar de Andrade y evaluar la posibilidad de imponer una sanción más severa. La defensa de Andrade, por su parte, presentó un escrito el 19 de marzo en el que asegura que su cliente estaba en el domicilio el 8 de marzo y que la falta de respuesta podría haberse debido a la ausencia de un timbre en la propiedad, lo cual ha sido subsanado con la instalación de uno en abril. La defensa solicita que se considere esta información en la próxima audiencia para evitar una posible modificación de la medida cautelar.
El subsecretario del Interior, Luis Cordero , se refirió a la filtración de los chats entre la diputada Catalina Pérez y su expareja, Daniel Andrade, que han reactivado las críticas en torno al caso Democracia Viva . Estas conversaciones, incluidas en un informe de la fiscalía, buscan avanzar en el desafuero de Pérez por presunto fraude al fisco. Lee también: “Breaking Bad en Chile todavía no tenemos”, la reflexión de Cordero por el avance de las drogas en el país Cordero aseguró que el Ejecutivo ha colaborado plenamente con la investigación desde sus inicios. “La posición del Gobierno ha sido entregar toda la información necesaria para que se asuman responsabilidades efectivas por quienes hayan cometido delitos”, afirmó. El subsecretario también enfatizó la gravedad del caso, señalando que “los delitos de corrupción dañan la fe pública, da lo mismo quién los haya cometido”. Asimismo, destacó el trabajo de la fiscalía y del Consejo de Defensa del Estado , instancias que han recibido apoyo del Ejecutivo para avanzar en las indagatorias. Cordero evitó referirse directamente a los detalles de las conversaciones entre Pérez y Andrade, reiterando que “ al Gobierno no le corresponde comentar ningún tipo de prueba que esté proporcionando el Ministerio Público”. Fuente: CNN Chile País
El caso que ha sacudido al país, el denominado Caso Democracia Viva, ha dado un nuevo giro con la revelación de un informe de la Policía de Investigaciones (PDI). En este documento, se detallan conversaciones entre la diputada Catalina Pérez y su entonces pareja, Daniel Andrade, quien es uno de los principales imputados por el escándalo de corrupción. Según el informe al cual tuvo acceso La Segunda, en un mensaje del 29 de julio de 2022, Andrade le comunicó a Pérez sobre una reunión con el entonces Seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, actualmente en prisión preventiva. Me llamó Carlos y parece que hoy pueden salir las lucas , escribió Andrade, aunque no se menciona si hubo respuesta de la diputada. En otro intercambio de mensajes de septiembre de 2022, Pérez coordina con Andrade para que ella lo pase a buscar en una hora determinada, mientras él le menciona que la reunión con Contreras ha sido reprogramada. “Carlos me corrió la reunión para las 17.00” , le informa Andrade, destacando la importancia del convenio con Contreras. Este tipo de diálogos resalta el papel de la Fundación Democracia Viva en la gestión de convenios con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, entidad que le otorgó 370 millones de pesos a la fundación de Andrade, a pesar de que esta no tenía experiencia en proyectos similares. Este hecho desencadenó el Caso Convenios, que ha puesto en evidencia varias irregularidades y casos de corrupción dentro de distintas instituciones del Estado. Finalmente, recordar que Carlos Contreras, quien fuera cercano asesor de Pérez, se encuentra en prisión preventiva, mientras que Daniel Andrade estuvo en la misma situación, pero actualmente se encuentra con arresto domiciliario. Catalina Pérez, por su parte, sigue siendo investigada por la PDI y ha declarado como imputada en el caso.
El escándalo del convenio entre la fundación Democracia Viva y la SEREMI de Vivienda de Antofagasta, por $426 millones, sigue escalando tras la revelación de más de 10 mil páginas de antecedentes investigativos. Entre ellos, se encuentran mensajes de WhatsApp que cuestionan las declaraciones públicas de la diputada Catalina Pérez (RD), quien ha negado conocer los detalles del acuerdo. En una conversación fechada el 16 de junio, Daniel Andrade, exlíder de Revolución Democrática y pareja de Pérez en ese entonces, expresó a Edson Dettoni, secretario ejecutivo del partido: Daniel Andrade (D.A): Ha sido un calvario la wea. Yo lo he pasado súper mal, pensando en este flanco. Me he sentido súper ingenuo y estúpido a la vez, por la wea. Bueno, está demás decir que tiene que haber silencio total, no vaya (sic) a ser que la wea se filtre por nuestro lado. Y si quieres hablar o dar consejo de esta wea, estaría súper agradecido . Ese mismo día, Catalina Pérez inició una conversación con Dettoni sobre la declaración del partido: Catalina Pérez (C.P):Leo esto y pienso que tb (también) tengo que enviar antecedentes. Edson Dettoni (E.D): Tú no. C.P: Soy una afiliada involucrada. E.D: No hay indicio alguno de que sea así. C.P: Pero si la nota que envían me involucre pu, porque no sé si contribuye mucho al objetivo de cuidado. E.D: Pero si poníamos los nombres de Carlos (Contreras) y Daniel (Andrade), los exponía demasiado a ellos también, y entiendo que tú también quieres que ellos estén cuidados. Fue lo último que me dijiste antes de salir de la sala de la DN. En los días posteriores, Andrade y Dettoni discutieron cómo manejar la crisis mediática: Edson Dettoni (E.D): ¿Por qué servicios se pagan 400m? Como equivalente, 3 farmacias municipales te cuestan eso . Daniel Andrade (D.A): Es un convenio por 16 meses, entonces igual hay sueldos por cada mes y hay construcción de infraestructura liviana. Postes de luz, elementos sanitarios, la Puli tiene los detalles de todo y el Serviu igual. Somos la fundación más avanzada de todas las fundaciones. Y toda esta parte está súper respaldada. E.D: ¿Por qué no se licitó? En términos de compras públicas, creo que es lo que más urge tener claridad. D.A: Te voy a decir lo que yo entendí [...] Al ser entidades sin fines de lucro, se les da funciones del Estado porque necesitan que las hagan más rápidas que el Estado. Que no tengan la carga burocrática, pero tenemos que rendir todo. Antes era más discrecional aún . Otro punto crítico fue el intento de ocultar información. Una conversación entre Carlos Contreras y Paloma Larraín, integrante del equipo de Catalina Pérez, muestra el uso de aplicaciones más seguras: Carlos Contreras (C.C): Ahí tienes ejemplo de otra fundación . Paloma Larraín (P.L): Yaaa, vale. C.C: Me avisas y borro. P.L: Todo ok, borra no más. ¿Tienes cuenta de Signal? Podríamos trasladar para allá esta conversación. C.C: Ya, la instalo. En otro intercambio, Andrade y Dettoni discutieron sobre borrar evidencias digitales: Daniel Andrade (D.A): Oye, revisé correo y WhatsApp y cosas, y no pillé nada 'sospechoso'. ¿Qué cosas crees que debería revisar en detalle o tener cuidado? Edson Dettoni (E.D): Eventualmente, les pueden pedir la entrega voluntaria de computadores y teléfonos, así como el alzamiento del secreto bancario. Todo lo que se pierda o se borre, levanta sospechas, como el caso del celular de Pradenas. D.A: Yap. No hay nada de eso por mi lado. Entiendo que Carlos tiene, por su lado, los antecedentes para justificar que lo segundo no ocurrió. E.D: De las fotos del IG (Instagram), ¿ya le pegaste una revisada larga? Que te deben estar buscando hasta en el cajón de calcetines. D.A: No, está cerrado ya. E.D: Yo todavía puedo verlo. Le voy a pegar una mirada igual. D.A: Sipo, si tú eres mi amigo. E.D: Ya, solo encontré un tema que puede ser delicado, porque el tema involucra platas también (adjunta link de Instagram). D.A: Te cacho. Estas conversaciones, contenidas en más de 10 mil páginas de la carpeta investigativa, son clave en el caso que podría derivar en acusaciones de cohecho y tráfico de influencias, complicando la situación de Catalina Pérez y otros involucrados.
La Fiscalía de Antofagasta se encuentra en alerta tras la sospecha de un posible incumplimiento de la medida cautelar de arresto domiciliario total impuesta a Daniel Andrade, exrepresentante legal de la fundación Democracia Viva. Andrade está acusado junto al exseremi de Vivienda, Carlos Contreras, por tres delitos de fraude al fisco. Desde fines de febrero, Andrade cumple con la medida de arresto domiciliario en la casa de su madre, ubicada en La Florida. Sin embargo, un reciente informe de Carabineros presentado al Juzgado de Garantía de Antofagasta, al que tuvo acceso La Tercera, ha generado inquietud. El informe revela que el 8 de marzo, el sargento segundo Víctor Soto intentó realizar una visita de verificación a las 5:20 horas sin recibir respuesta por parte de los ocupantes del domicilio. El 1 de agosto, la jueza Claudia Campusano ordenó que estos antecedentes fueran puestos en conocimiento del Ministerio Público. A sus antecedentes oficio N°1700 de la 61° Comisaría de Carabineros Cabo 2° Pablo Silva Pizarro, el cual indica que el imputado Daniel Francisco Andrade Schwarze, no ha dado cumplimiento a la medida cautelar de arresto domiciliario total, durante el período que se indica, téngase presente. Póngase en conocimiento del Ministerio Público para los fines que correspondan , expresó la jueza Campusano. En respuesta a la situación, los fiscales han solicitado una audiencia para revisar la medida cautelar de Andrade y evaluar la posibilidad de imponer una sanción más severa. La defensa de Andrade, por su parte, presentó un escrito el 19 de marzo en el que asegura que su cliente estaba en el domicilio el 8 de marzo y que la falta de respuesta podría haberse debido a la ausencia de un timbre en la propiedad, lo cual ha sido subsanado con la instalación de uno en abril. La defensa solicita que se considere esta información en la próxima audiencia para evitar una posible modificación de la medida cautelar.
