El jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, finalmente compareció ante la comisión investigadora por el Caso Convenios. Durante tres horas, respondió a las preguntas de los diputados, donde admitió haber tenido conocimiento de un rumor relacionado con el caso Democracia Viva. Crispi, ex parlamentario del Frente Amplio, presentó una línea de tiempo detallando su actuación en relación a los hechos del caso. Según explicó, a través de un rumor proveniente del norte del país, supo de la existencia de irregularidades relacionadas con Daniel Andrade y Antofagasta. Sin embargo, cuando el caso salió a la luz, aseguró que no tomó ninguna acción al no ser su responsabilidad. El día 16, en base a un medio de comunicación, yo le comento al presidente que tenía noticias de un rumor que estaba esta situación irregular en Antofagasta , declaró Crispi ante la comisión. Los diputados Juan Carlos Beltrán y José Luis Castro, de Renovación Nacional, enviaron una carta al presidente Boric solicitando que se investigue si Crispi incumplió sus funciones al derivar el caso y que se evalúe su continuidad en el cargo. Castro afirmó que es lamentable que el gobierno se haya enterado por la prensa y que haya tomado medidas después de eso. El diputado del Partido por la Democracia (PPD), Raúl Soto, quien fue uno de los más críticos por la ausencia de Crispi, se sentó al lado del jefe de asesores durante la comparecencia, intercambiando palabras y risas cómplices. Sin embargo, Soto también criticó la falta de acción de Crispi al no informar al presidente, señalando que si hubiera actuado como jefe de asesores y le hubiera informado, se habría evitado que el caso se desencadenara de la forma en que lo hizo.
Este lunes, después de que venciera el plazo para la restitución de fondos por parte de Democracia Viva a la Secretaría Ministerial (Seremi) de Vivienda en Antofagasta, el ministro de Justicia, Luis Cordero, ofreció detalles sobre esta situación. El ministro explicó que el plazo para la restitución de los fondos se contabiliza desde el momento de la notificación. Además, mencionó que el 14 de julio, un día después de que se dictara la resolución, la Seremi de Vivienda solicitó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) una medida prejudicial precautoria para que los fondos de Democracia Viva quedaran con prohibición de celebrar actos de contrato y fueran reintegrados. Esta solicitud fue favorable al Fisco y la medida se decretó, por lo que los fondos han sido depositados en la cuenta corriente del Tribunal. En cuanto a los montos a devolver, Democracia Viva debía restituir a las arcas fiscales 426 millones de pesos que la Seremi de Antofagasta entregó por el desarrollo de tres proyectos de habitabilidad en la región. Sin embargo, la fundación argumentó que la cifra a devolver era de sólo 294.384.230 millones de pesos. Ante esta situación, el ministro Cordero afirmó que el CDE interpondrá acciones civiles en los próximos días y que, si Democracia Viva se niega a reintegrar los fondos faltantes, se tomarán acciones legales y civiles de manera clara. El ministro de Justicia concluyó diciendo que “el resguardo del último peso transferido será, si no lo hacen, se harán las acciones civiles y penal que correspondan.”
El jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, finalmente compareció ante la comisión investigadora por el Caso Convenios. Durante tres horas, respondió a las preguntas de los diputados, donde admitió haber tenido conocimiento de un rumor relacionado con el caso Democracia Viva. Crispi, ex parlamentario del Frente Amplio, presentó una línea de tiempo detallando su actuación en relación a los hechos del caso. Según explicó, a través de un rumor proveniente del norte del país, supo de la existencia de irregularidades relacionadas con Daniel Andrade y Antofagasta. Sin embargo, cuando el caso salió a la luz, aseguró que no tomó ninguna acción al no ser su responsabilidad. El día 16, en base a un medio de comunicación, yo le comento al presidente que tenía noticias de un rumor que estaba esta situación irregular en Antofagasta , declaró Crispi ante la comisión. Los diputados Juan Carlos Beltrán y José Luis Castro, de Renovación Nacional, enviaron una carta al presidente Boric solicitando que se investigue si Crispi incumplió sus funciones al derivar el caso y que se evalúe su continuidad en el cargo. Castro afirmó que es lamentable que el gobierno se haya enterado por la prensa y que haya tomado medidas después de eso. El diputado del Partido por la Democracia (PPD), Raúl Soto, quien fue uno de los más críticos por la ausencia de Crispi, se sentó al lado del jefe de asesores durante la comparecencia, intercambiando palabras y risas cómplices. Sin embargo, Soto también criticó la falta de acción de Crispi al no informar al presidente, señalando que si hubiera actuado como jefe de asesores y le hubiera informado, se habría evitado que el caso se desencadenara de la forma en que lo hizo.
Este lunes, después de que venciera el plazo para la restitución de fondos por parte de Democracia Viva a la Secretaría Ministerial (Seremi) de Vivienda en Antofagasta, el ministro de Justicia, Luis Cordero, ofreció detalles sobre esta situación. El ministro explicó que el plazo para la restitución de los fondos se contabiliza desde el momento de la notificación. Además, mencionó que el 14 de julio, un día después de que se dictara la resolución, la Seremi de Vivienda solicitó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) una medida prejudicial precautoria para que los fondos de Democracia Viva quedaran con prohibición de celebrar actos de contrato y fueran reintegrados. Esta solicitud fue favorable al Fisco y la medida se decretó, por lo que los fondos han sido depositados en la cuenta corriente del Tribunal. En cuanto a los montos a devolver, Democracia Viva debía restituir a las arcas fiscales 426 millones de pesos que la Seremi de Antofagasta entregó por el desarrollo de tres proyectos de habitabilidad en la región. Sin embargo, la fundación argumentó que la cifra a devolver era de sólo 294.384.230 millones de pesos. Ante esta situación, el ministro Cordero afirmó que el CDE interpondrá acciones civiles en los próximos días y que, si Democracia Viva se niega a reintegrar los fondos faltantes, se tomarán acciones legales y civiles de manera clara. El ministro de Justicia concluyó diciendo que “el resguardo del último peso transferido será, si no lo hacen, se harán las acciones civiles y penal que correspondan.”
