Una controversia se ha desatado entre el exsubsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez y el laboratorio Corthorn Health, después de que este último informara que una muestra tomada al exfuncionario arrojó resultados positivos en dos análisis realizados por separado. La situación se complicó cuando Rodríguez solicitó que la contramuestra fuera enviada a un laboratorio externo. La empresa rechazó esta solicitud y comunicó su decisión al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), argumentando que trasladar la muestra pondría en peligro la cadena de custodia y la validez técnica del proceso. Según Corthorn Health, la muestra original fue analizada el 24 de junio y nuevamente el 8 de julio, por diferentes especialistas y con equipos distintos. La empresa afirmó que ambos análisis arrojaron el mismo resultado y señaló que “la única forma adecuada es abrir y analizar la contramuestra en Corthorn Health Limitada”. Además, el laboratorio mencionó que el exsubsecretario aún no ha solicitado formalmente la apertura de esa contramuestra según el protocolo establecido. Este procedimiento implica la verificación física de los sellos antes de iniciar un nuevo análisis. Rodríguez respondió a través de X, donde aseguró que pidió un informe cuantitativo que no le fue proporcionado. “No consumo drogas y confío en que la verdad prevalecerá”, declaró, mientras acusaba una violación de los protocolos relacionados con la información sensible. En una carta dirigida al laboratorio, el exfuncionario también cuestionó los criterios técnicos utilizados en el examen. “No consumo la sustancia mencionada en el informe ni ninguna otra sustancia estupefaciente o psicotrópica ilegal, y rechazo el resultado en su totalidad”, afirmó. La diferencia entre ambas versiones deberá resolverse mediante el procedimiento de contramuestra previsto en las normativas del servicio. Mientras se lleva a cabo este análisis, continúa el debate sobre la metodología, la custodia del material biológico y la interpretación de los resultados. Fuente: ADN Radio Nacional
El Presidente de la República, José Antonio Kast, rubricó el día de ayer un proyecto de reforma constitucional que tiene como objetivo instaurar exámenes obligatorios de drogas para diversas autoridades políticas y establecer la destitución del cargo en caso de obtener un resultado positivo. La propuesta, presentada en el Palacio de La Moneda, plantea que los controles se realicen al inicio del mandato y posteriormente de forma periódica. Además, introduce como nueva causa constitucional la “cesación en el cargo de autoridades en caso de consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas ilícitas”. Esta normativa abarcará a ministros, subsecretarios, senadores, diputados, gobernadores regionales, consejeros regionales, delegados presidenciales, alcaldes y concejales. En caso de ser aprobada, el mecanismo establecerá un estándar uniforme para las autoridades del Ejecutivo, el Congreso y las administraciones regionales y municipales. El Gobierno argumentó que la legislación actual contempla algunos mecanismos de control, pero no una obligación general ni consecuencias uniformes ante la detección de consumo. Según la minuta oficial, esta falta “impide contar con un estándar común aplicable a las autoridades comprendidas en la presente reforma”. Otro punto clave es que “los resultados de dichos exámenes serán públicos”. Además, cualquier resultado positivo por consumo de sustancias ilícitas será motivo de destitución, cuya aplicación específica deberá ajustarse a las normativas que se establezcan posteriormente. La propuesta iniciará su proceso legislativo en el Congreso, donde necesitará el respaldo correspondiente al tratarse de una modificación constitucional. Durante el debate se definirán aspectos como la frecuencia de los controles, los protocolos para la toma de muestras, la posibilidad de contramuestras y el procedimiento para llevar a cabo la destitución. Fuente: ADN Radio Nacional
Una controversia se ha desatado entre el exsubsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez y el laboratorio Corthorn Health, después de que este último informara que una muestra tomada al exfuncionario arrojó resultados positivos en dos análisis realizados por separado. La situación se complicó cuando Rodríguez solicitó que la contramuestra fuera enviada a un laboratorio externo. La empresa rechazó esta solicitud y comunicó su decisión al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), argumentando que trasladar la muestra pondría en peligro la cadena de custodia y la validez técnica del proceso. Según Corthorn Health, la muestra original fue analizada el 24 de junio y nuevamente el 8 de julio, por diferentes especialistas y con equipos distintos. La empresa afirmó que ambos análisis arrojaron el mismo resultado y señaló que “la única forma adecuada es abrir y analizar la contramuestra en Corthorn Health Limitada”. Además, el laboratorio mencionó que el exsubsecretario aún no ha solicitado formalmente la apertura de esa contramuestra según el protocolo establecido. Este procedimiento implica la verificación física de los sellos antes de iniciar un nuevo análisis. Rodríguez respondió a través de X, donde aseguró que pidió un informe cuantitativo que no le fue proporcionado. “No consumo drogas y confío en que la verdad prevalecerá”, declaró, mientras acusaba una violación de los protocolos relacionados con la información sensible. En una carta dirigida al laboratorio, el exfuncionario también cuestionó los criterios técnicos utilizados en el examen. “No consumo la sustancia mencionada en el informe ni ninguna otra sustancia estupefaciente o psicotrópica ilegal, y rechazo el resultado en su totalidad”, afirmó. La diferencia entre ambas versiones deberá resolverse mediante el procedimiento de contramuestra previsto en las normativas del servicio. Mientras se lleva a cabo este análisis, continúa el debate sobre la metodología, la custodia del material biológico y la interpretación de los resultados. Fuente: ADN Radio Nacional
El Presidente de la República, José Antonio Kast, rubricó el día de ayer un proyecto de reforma constitucional que tiene como objetivo instaurar exámenes obligatorios de drogas para diversas autoridades políticas y establecer la destitución del cargo en caso de obtener un resultado positivo. La propuesta, presentada en el Palacio de La Moneda, plantea que los controles se realicen al inicio del mandato y posteriormente de forma periódica. Además, introduce como nueva causa constitucional la “cesación en el cargo de autoridades en caso de consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas ilícitas”. Esta normativa abarcará a ministros, subsecretarios, senadores, diputados, gobernadores regionales, consejeros regionales, delegados presidenciales, alcaldes y concejales. En caso de ser aprobada, el mecanismo establecerá un estándar uniforme para las autoridades del Ejecutivo, el Congreso y las administraciones regionales y municipales. El Gobierno argumentó que la legislación actual contempla algunos mecanismos de control, pero no una obligación general ni consecuencias uniformes ante la detección de consumo. Según la minuta oficial, esta falta “impide contar con un estándar común aplicable a las autoridades comprendidas en la presente reforma”. Otro punto clave es que “los resultados de dichos exámenes serán públicos”. Además, cualquier resultado positivo por consumo de sustancias ilícitas será motivo de destitución, cuya aplicación específica deberá ajustarse a las normativas que se establezcan posteriormente. La propuesta iniciará su proceso legislativo en el Congreso, donde necesitará el respaldo correspondiente al tratarse de una modificación constitucional. Durante el debate se definirán aspectos como la frecuencia de los controles, los protocolos para la toma de muestras, la posibilidad de contramuestras y el procedimiento para llevar a cabo la destitución. Fuente: ADN Radio Nacional
