El Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta con el borrador final del proyecto de ley que establece las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), el cual está a punto de convertirse en ley. Esta normativa busca establecer un marco legal para las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, así como para las Fuerzas Armadas. Según explicó el ministro de Seguridad, Martin Arrau, Se excluyó a Gendarmería de Chile porque en su ley orgánica se va a incluir cómo se aplica la fuerza. Entonces quedó para Carabineros y Policía de Investigaciones en servicio y para las Fuerzas Armadas en un título aparte, en el caso de que ellos deban hacer uso de ciertas hipótesis, como estados de excepción, y si se llegara a aplicar la infraestructura crítica que todavía está en punto muerto en la Comisión de Defensa del Senado. De acuerdo con el texto, el uso de la fuerza se entiende como una facultad o potestad del personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y, cuando corresponda, de las Fuerzas Armadas, que tiene como objetivo hacer cumplir la ley y mantener o restablecer el orden público o la seguridad pública interior. Este uso puede ejercerse mediante distintos medios físicos, mecánicos, cinéticos, químicos, eléctricos u otros, con el potencial de provocar lesiones e incluso la muerte. Todo esto se rige bajo cuatro principios: legalidad, necesidad, responsabilidad y racionalidad. Según el secretario de Estado, esta norma busca considerar situaciones en las que carabineros deben enfrentar escenarios de alto riesgo y tomar decisiones rápidas. Y es ahí donde se plantean estas hipótesis, se va escalando el uso de la fuerza y cuándo se puede usar uno u otro tipo de fuerza, desde la disuasión verbal, disuasivos químicos, hasta llegar al uso de fuerza potencialmente letal, con ciertos criterios de legalidad, explicó. Arrau también aclaró que esta ley no cambia el tipo de armamento que las policías utilizan. Ellos van a salir con los mismos tipos de elementos, desde la disuasión verbal hasta armas de fuego. Son los mismos, pero las hipótesis de empleo hoy día están por rango legal. De hecho, lo que hace esta ley es recoger muchos de los elementos que están en una dispersión de normas y los concentra en la ley. Consultado sobre si esta ley generará un trato distinto por parte de Carabineros hacia manifestantes, Arrau afirmó que las técnicas son exactamente las mismas, pero ahora habrá más certeza sobre qué tipo de respuesta está permitida en cada escenario. Reglas del Uso de la Fuerza para las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública En cuanto a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública —carabineros y PDI— se establece una matriz con cinco grados de resistencia o agresión que corresponden con los grados de uso de la fuerza: 1. Cooperación: colaboración y acatamiento. 2. Resistencia pasiva: negativa sin violencia. 3. Resistencia activa: resistencia física o evasión. 4. Agresión activa: afectaciones sin letalidad. 5. Agresión activa potencialmente letal: afectaciones graves o muerte. También se establecen cinco grados para el uso efectivo por parte del personal policial: 1. Presencia: vigilancia pasiva. 2. Actuación mediante técnicas comunicativas: persuasión verbal. 3. Reducción física: control físico del transgresor. 4. Utilización menos letal: fuerza física o armamento menos letal. 5. Utilización potencialmente letal: medida extrema justificada en casos específicos. Sobre la responsabilidad legal del personal policial frente a estas reglas, Arrau mencionó: Se debe demostrar que incumplieron estas reglas o actuaron con dolo o actuaron inadecuadamente para que puedan ser imputables. Además añadió: Pero también se les da ciertas garantías a los funcionarios mientras son cuestionados o procesados en esta materia. Entonces es una ley que protege bastante a los funcionarios pero también da claridad a la población sobre cuál es el marco. Sobre la publicación oficial de esta ley, Arrau señaló que se debe revisar si se activaron reservas constitucionales lo cual podría extender los plazos previstos inicialmente. Igual son plazos acotados; nosotros esperamos idealmente dentro de este mes que esté publicado, pero hay un proceso intermedio que no depende del gobierno, concluyó. Fuente: BioBioChile
La custodia de drogas, teléfonos celulares y otros elementos de comunicación incautados al interior de las cárceles vuelve a ser objeto de cuestionamiento en dos nuevas auditorías realizadas por la Contraloría General de la República a Gendarmería. Los informes finales N°285 y N°463, correspondientes a las regiones del Bío Bío y Metropolitana respectivamente, fueron notificados el martes y publicados ayer por la Contraloría. Ambos abarcaron los procedimientos realizados durante todo 2025 y los primeros meses de 2026 en los recintos penitenciarios de esas zonas. Los resultados son alarmantes. Se encontraron 1.954 formularios únicos de cadena de custodia extraviados entre ambas regiones, documentos cruciales para seguir el recorrido de una evidencia desde su descubrimiento hasta su entrega a las autoridades correspondientes. Además, se constató que 119 elementos de comunicación incautados no pudieron ser localizados durante inspecciones físicas: 87 en el Complejo Penitenciario Bío Bío y 32 en Colina II. Ante esta situación, la Contraloría ha instruido procedimientos disciplinarios para determinar posibles responsabilidades administrativas y remitirá los antecedentes al Ministerio Público para los fines que en derecho correspondan. Estos hallazgos surgen en un momento especialmente delicado, ya que durante la madrugada del miércoles se llevó a cabo la detención de Álex Vega Torres, destacado dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), en el marco de la denominada Operación Apocalipsis. Si bien las auditorías no vinculan directamente a Vega con estas irregularidades, ponen en evidencia fallas estructurales en los mecanismos de control de evidencias dentro de las cárceles que parecen persistir. Cadenas de custodia extraviadas En la Región Metropolitana se detectó el extravío de 1.686 formularios de cadena de custodia, con 735 casos respaldados por Gendarmería pero otros 951 sin explicación documental. La problemática se concentró principalmente en Colina II, Colina I, el Centro Penitenciario Femenino de Santiago y el CPF San Miguel. Por su parte, en el Bío Bío se inició con 1.647 formularios sin respaldo suficiente. A pesar de que Gendarmería logró subsanar 644 casos, 1.003 permanecieron extraviados, siendo el Complejo Penitenciario Bío Bío donde se concentraron la mayoría. Teléfonos celulares desaparecidos En el Complejo Penitenciario Bío Bío se encontraron 87 elementos de comunicación asociados a 37 partes de denuncia, los cuales no tenían registro de entrega a Fiscalía ni fueron hallados durante la inspección. En Colina II también se detectaron 32 elementos incautados que no pudieron ser ubicados. La auditoría metropolitana ordenó regularizar y acreditar el destino de 94 teléfonos celulares bajo custodia institucional, señalando deficiencias en registros como IMEI, códigos de chips y descripción detallada. Incumplimientos en entrega de drogas Los informes revelaron incumplimientos en la entrega oportuna de decomisos de drogas a los servicios sanitarios, lo cual debe realizarse dentro de las primeras 24 horas tras su hallazgo. En la Región Metropolitana se observaron 44 formularios con entregas tardías, mientras que en el Bío Bío hubo 24 entregas fuera del plazo establecido. Gendarmería argumentó restricciones horarias para justificar algunos retrasos, pero la Contraloría mantuvo su observación al no encontrarse autorizaciones judiciales para extender los plazos legalmente establecidos. Acciones disciplinarias y remisión a Fiscalía A raíz de estos hallazgos, la Contraloría ha ordenado a Gendarmería iniciar procedimientos disciplinarios en un plazo determinado y mejorar sus controles internos. Se destaca la necesidad urgente de fortalecer los registros, garantizar la seguridad en las bodegas de evidencias y unificar los sistemas informáticos para una mayor eficiencia operativa. Ahora será responsabilidad del Ministerio Público investigar las posibles irregularidades detectadas nuevamente dentro del sistema penitenciario. Fuente: BioBioChile
El Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta con el borrador final del proyecto de ley que establece las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), el cual está a punto de convertirse en ley. Esta normativa busca establecer un marco legal para las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, así como para las Fuerzas Armadas. Según explicó el ministro de Seguridad, Martin Arrau, Se excluyó a Gendarmería de Chile porque en su ley orgánica se va a incluir cómo se aplica la fuerza. Entonces quedó para Carabineros y Policía de Investigaciones en servicio y para las Fuerzas Armadas en un título aparte, en el caso de que ellos deban hacer uso de ciertas hipótesis, como estados de excepción, y si se llegara a aplicar la infraestructura crítica que todavía está en punto muerto en la Comisión de Defensa del Senado. De acuerdo con el texto, el uso de la fuerza se entiende como una facultad o potestad del personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y, cuando corresponda, de las Fuerzas Armadas, que tiene como objetivo hacer cumplir la ley y mantener o restablecer el orden público o la seguridad pública interior. Este uso puede ejercerse mediante distintos medios físicos, mecánicos, cinéticos, químicos, eléctricos u otros, con el potencial de provocar lesiones e incluso la muerte. Todo esto se rige bajo cuatro principios: legalidad, necesidad, responsabilidad y racionalidad. Según el secretario de Estado, esta norma busca considerar situaciones en las que carabineros deben enfrentar escenarios de alto riesgo y tomar decisiones rápidas. Y es ahí donde se plantean estas hipótesis, se va escalando el uso de la fuerza y cuándo se puede usar uno u otro tipo de fuerza, desde la disuasión verbal, disuasivos químicos, hasta llegar al uso de fuerza potencialmente letal, con ciertos criterios de legalidad, explicó. Arrau también aclaró que esta ley no cambia el tipo de armamento que las policías utilizan. Ellos van a salir con los mismos tipos de elementos, desde la disuasión verbal hasta armas de fuego. Son los mismos, pero las hipótesis de empleo hoy día están por rango legal. De hecho, lo que hace esta ley es recoger muchos de los elementos que están en una dispersión de normas y los concentra en la ley. Consultado sobre si esta ley generará un trato distinto por parte de Carabineros hacia manifestantes, Arrau afirmó que las técnicas son exactamente las mismas, pero ahora habrá más certeza sobre qué tipo de respuesta está permitida en cada escenario. Reglas del Uso de la Fuerza para las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública En cuanto a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública —carabineros y PDI— se establece una matriz con cinco grados de resistencia o agresión que corresponden con los grados de uso de la fuerza: 1. Cooperación: colaboración y acatamiento. 2. Resistencia pasiva: negativa sin violencia. 3. Resistencia activa: resistencia física o evasión. 4. Agresión activa: afectaciones sin letalidad. 5. Agresión activa potencialmente letal: afectaciones graves o muerte. También se establecen cinco grados para el uso efectivo por parte del personal policial: 1. Presencia: vigilancia pasiva. 2. Actuación mediante técnicas comunicativas: persuasión verbal. 3. Reducción física: control físico del transgresor. 4. Utilización menos letal: fuerza física o armamento menos letal. 5. Utilización potencialmente letal: medida extrema justificada en casos específicos. Sobre la responsabilidad legal del personal policial frente a estas reglas, Arrau mencionó: Se debe demostrar que incumplieron estas reglas o actuaron con dolo o actuaron inadecuadamente para que puedan ser imputables. Además añadió: Pero también se les da ciertas garantías a los funcionarios mientras son cuestionados o procesados en esta materia. Entonces es una ley que protege bastante a los funcionarios pero también da claridad a la población sobre cuál es el marco. Sobre la publicación oficial de esta ley, Arrau señaló que se debe revisar si se activaron reservas constitucionales lo cual podría extender los plazos previstos inicialmente. Igual son plazos acotados; nosotros esperamos idealmente dentro de este mes que esté publicado, pero hay un proceso intermedio que no depende del gobierno, concluyó. Fuente: BioBioChile
La custodia de drogas, teléfonos celulares y otros elementos de comunicación incautados al interior de las cárceles vuelve a ser objeto de cuestionamiento en dos nuevas auditorías realizadas por la Contraloría General de la República a Gendarmería. Los informes finales N°285 y N°463, correspondientes a las regiones del Bío Bío y Metropolitana respectivamente, fueron notificados el martes y publicados ayer por la Contraloría. Ambos abarcaron los procedimientos realizados durante todo 2025 y los primeros meses de 2026 en los recintos penitenciarios de esas zonas. Los resultados son alarmantes. Se encontraron 1.954 formularios únicos de cadena de custodia extraviados entre ambas regiones, documentos cruciales para seguir el recorrido de una evidencia desde su descubrimiento hasta su entrega a las autoridades correspondientes. Además, se constató que 119 elementos de comunicación incautados no pudieron ser localizados durante inspecciones físicas: 87 en el Complejo Penitenciario Bío Bío y 32 en Colina II. Ante esta situación, la Contraloría ha instruido procedimientos disciplinarios para determinar posibles responsabilidades administrativas y remitirá los antecedentes al Ministerio Público para los fines que en derecho correspondan. Estos hallazgos surgen en un momento especialmente delicado, ya que durante la madrugada del miércoles se llevó a cabo la detención de Álex Vega Torres, destacado dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), en el marco de la denominada Operación Apocalipsis. Si bien las auditorías no vinculan directamente a Vega con estas irregularidades, ponen en evidencia fallas estructurales en los mecanismos de control de evidencias dentro de las cárceles que parecen persistir. Cadenas de custodia extraviadas En la Región Metropolitana se detectó el extravío de 1.686 formularios de cadena de custodia, con 735 casos respaldados por Gendarmería pero otros 951 sin explicación documental. La problemática se concentró principalmente en Colina II, Colina I, el Centro Penitenciario Femenino de Santiago y el CPF San Miguel. Por su parte, en el Bío Bío se inició con 1.647 formularios sin respaldo suficiente. A pesar de que Gendarmería logró subsanar 644 casos, 1.003 permanecieron extraviados, siendo el Complejo Penitenciario Bío Bío donde se concentraron la mayoría. Teléfonos celulares desaparecidos En el Complejo Penitenciario Bío Bío se encontraron 87 elementos de comunicación asociados a 37 partes de denuncia, los cuales no tenían registro de entrega a Fiscalía ni fueron hallados durante la inspección. En Colina II también se detectaron 32 elementos incautados que no pudieron ser ubicados. La auditoría metropolitana ordenó regularizar y acreditar el destino de 94 teléfonos celulares bajo custodia institucional, señalando deficiencias en registros como IMEI, códigos de chips y descripción detallada. Incumplimientos en entrega de drogas Los informes revelaron incumplimientos en la entrega oportuna de decomisos de drogas a los servicios sanitarios, lo cual debe realizarse dentro de las primeras 24 horas tras su hallazgo. En la Región Metropolitana se observaron 44 formularios con entregas tardías, mientras que en el Bío Bío hubo 24 entregas fuera del plazo establecido. Gendarmería argumentó restricciones horarias para justificar algunos retrasos, pero la Contraloría mantuvo su observación al no encontrarse autorizaciones judiciales para extender los plazos legalmente establecidos. Acciones disciplinarias y remisión a Fiscalía A raíz de estos hallazgos, la Contraloría ha ordenado a Gendarmería iniciar procedimientos disciplinarios en un plazo determinado y mejorar sus controles internos. Se destaca la necesidad urgente de fortalecer los registros, garantizar la seguridad en las bodegas de evidencias y unificar los sistemas informáticos para una mayor eficiencia operativa. Ahora será responsabilidad del Ministerio Público investigar las posibles irregularidades detectadas nuevamente dentro del sistema penitenciario. Fuente: BioBioChile
