El Presidente de la República, José Antonio Kast, rubricó el día de ayer un proyecto de reforma constitucional que tiene como objetivo instaurar exámenes obligatorios de drogas para diversas autoridades políticas y establecer la destitución del cargo en caso de obtener un resultado positivo. La propuesta, presentada en el Palacio de La Moneda, plantea que los controles se realicen al inicio del mandato y posteriormente de forma periódica. Además, introduce como nueva causa constitucional la “cesación en el cargo de autoridades en caso de consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas ilícitas”. Esta normativa abarcará a ministros, subsecretarios, senadores, diputados, gobernadores regionales, consejeros regionales, delegados presidenciales, alcaldes y concejales. En caso de ser aprobada, el mecanismo establecerá un estándar uniforme para las autoridades del Ejecutivo, el Congreso y las administraciones regionales y municipales. El Gobierno argumentó que la legislación actual contempla algunos mecanismos de control, pero no una obligación general ni consecuencias uniformes ante la detección de consumo. Según la minuta oficial, esta falta “impide contar con un estándar común aplicable a las autoridades comprendidas en la presente reforma”. Otro punto clave es que “los resultados de dichos exámenes serán públicos”. Además, cualquier resultado positivo por consumo de sustancias ilícitas será motivo de destitución, cuya aplicación específica deberá ajustarse a las normativas que se establezcan posteriormente. La propuesta iniciará su proceso legislativo en el Congreso, donde necesitará el respaldo correspondiente al tratarse de una modificación constitucional. Durante el debate se definirán aspectos como la frecuencia de los controles, los protocolos para la toma de muestras, la posibilidad de contramuestras y el procedimiento para llevar a cabo la destitución. Fuente: ADN Radio Nacional
La medición periódica de la opinión pública arrojó un complejo escenario político para el comité político de La Moneda. Este domingo 12 de julio se liberaron los resultados de una nueva edición de la encuesta Criteria, herramienta de diagnóstico que evidenció un retroceso estadístico en los niveles de adhesión hacia la conducción del Presidente de la República, José Antonio Kast, situando sus cifras de respaldo en el punto más bajo desde el inicio de su mandato constitucional. De acuerdo con las métricas del estudio de opinión, la aprobación a la gestión del Jefe de Estado se posicionó en un 32%, lo que representa una contracción de tres puntos porcentuales en relación al último reporte semanal. Este indicador se transforma de manera oficial en el registro de apoyo más bajo detectado por el sondeo desde el cambio de mando residencial del pasado 11 de marzo. En la contraparte del tablero estadístico, la desaprobación a la figura presidencial experimentó un incremento de dos puntos, alcanzando el 55% de las menciones, mientras que el segmento de la población que optó por la opción “no sabe” o no pondera el desempeño del Ejecutivo se situó en un 13%. Más allá de la evaluación de las figuras de autoridad, el estudio de Criteria destinó un apartado técnico para auscultar la percepción social frente al bloque legislativo clave del oficialismo: el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional, iniciativa estructural que en la actualidad surte sus etapas de discusión y análisis en las comisiones del Senado. Las respuestas recolectadas exponen un escenario de virtual empate técnico y fractura de opiniones respecto a los impactos macroeconómicos del articulado: Asimismo, la encuesta detectó un marcado juicio de valor en torno a los destinatarios finales de los beneficios de esta reforma. El 47% de los ciudadanos consultados aseguró mantener la convicción de que la iniciativa, tal como se encuentra redactada en su trámite parlamentario, terminará favoreciendo de forma prioritaria y principal a los sectores socioeconómicos de mayores ingresos del país. Este último dato añade presión al debate de las bancadas oficialistas en la Cámara Alta para la negociación de indicaciones específicas. Lee aquí el estudio completo: Criteria Julio 2026 Fuente: Publimetro
En el transcurso de la jornada, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se refirió a las acusaciones planteadas por el subcomisario de la Policía de Investigaciones, Rodrigo Silva. Este último denunció una presunta red de corrupción al interior de la institución y señaló a la Fiscalía Oriente. La revelación tuvo lugar después de que el funcionario se mantuviera oculto en un edificio de Las Condes, expresando su temor por su vida. Luego del incidente, Silva fue llevado al Hospital de Carabineros, donde actualmente está bajo observación con lesiones leves tras autoinfligirse heridas. Al abordar el tema, Arrau subrayó la importancia de investigar a fondo las acusaciones. “Son situaciones graves y, por supuesto, hay que investigarlas con todo el rigor”, declaró el ministro. El ministro enfatizó que tanto el Gobierno como la policía tienen la responsabilidad de dar seguimiento a denuncias como estas, especialmente cuando implican posibles amenazas o actos de corrupción. En palabras recogidas por 24 Horas, afirmó: “El compromiso de la institución es hacerlo. Lo tomamos con la máxima seriedad”. A pesar de ello, Arrau recalcó que “todas las denuncias de este tipo, sobre todo de actos de amenazas o corrupción potenciales, porque todavía no hay nada demostrado ni comprobado, las seguimos”. Por último, el ministro insistió en que cualquier indicio de irregularidad dentro de las fuerzas policiales debe ser investigado a fondo y no pasarse por alto. “La potencial corrupción y los actos que puedan denunciarse dentro de las instituciones no hay que dejarlos pasar, hay que estudiarlos, analizarlos”, concluyó. Fuente: ADN Radio Nacional
Los trabajadores agrupados en la Confederación Nacional de Trabajadores Portuarios (Conatraport/CNTP) han iniciado un paro nacional este jueves, que se extiende desde Iquique hasta Magallanes e involucra a cerca de 3 mil personas. La protesta tiene como objetivo al Gobierno por un cambio en los criterios de acceso al programa de pensiones de gracia para trabajadores portuarios, beneficio que, según el gremio, se mantiene vigente hasta diciembre de 2026. El coordinador nacional de Comunicaciones de Conatraport, Gabriel Rebolledo, ha acusado al Ejecutivo de incurrir en una práctica antisindical al excluir a su organización del beneficio. Según sus palabras: “El Gobierno está cometiendo un acto antisindical respecto al beneficio social que nosotros tenemos ganado desde 2012. El 19 de junio nos informan que ya no tenemos derecho a continuar con este beneficio y que será otorgado a otro grupo”, afirmó, asegurando además que la decisión “atenta contra la libertad sindical y la Constitución”. La paralización afecta terminales como San Vicente, Coronel y Lirquén en la región del Biobío, además de otros puertos del país. Según el dirigente, los trabajadores permanecen movilizados en los accesos a los recintos portuarios y evaluarán durante esta jornada si la protesta se prolonga. “Esperamos que el Gobierno recapacite y revierta esta situación”, señaló. A través de una declaración pública, Conatraport sostuvo que el programa contempla 250 pensiones de gracia anuales y ha sido aplicado de manera ininterrumpida desde 2012. La organización denunció que el Ministerio del Interior modificó unilateralmente los criterios de asignación el pasado 19 de junio, restringiendo el beneficio a otra organización sindical. El gremio aseguró haber agotado las instancias de diálogo con autoridades, parlamentarios y representantes del sector empresarial, por lo que llamó al Ejecutivo a rectificar la decisión para evitar que el conflicto se extienda durante los próximos días. Fuente: ADN Radio Nacional
La polémica en torno al esperado concierto de BTS en Chile ha dado un giro inesperado. Después de una semana marcada por la incertidumbre, las críticas de los fanáticos y la negativa inicial de las autoridades, el Gobierno ha confirmado que está dispuesto a reconsiderar la autorización para que la superbanda de K-pop se presente en el Coliseo Central del Estadio Nacional. Al principio de esta semana, el Instituto Nacional de Deportes (IND) generó preocupación al rechazar el uso del principal recinto deportivo del país. La razón detrás de esta decisión fue que el plan de mitigación original presentado por la productora DG Medios no garantizaba la continuidad operativa ni el cuidado del parque. Esta noticia cayó como un balde de agua fría para miles de seguidores que ya daban por hecho el regreso de las superestrellas coreanas a Santiago. Sin embargo, en un comunicado oficial emitido este domingo, el Gobierno informó que la productora ha presentado una propuesta completamente modificada. Este nuevo diseño del escenario y la logística cambian sustancialmente la base de la evaluación técnica realizada previamente. Las modificaciones presentadas por la organización se centran en cuatro aspectos clave: Redistribución y reducción del peso de las estructuras. Mejoras en la distribución de cargas sobre la pista y la cancha. Un nuevo sistema de protección del césped. Una solución constructiva más amigable con el entorno. El Gobierno ha establecido cuatro condiciones que DG Medios debe cumplir para que se pueda llevar a cabo el concierto: Estructura de producción: Certificación exacta de las cargas, presión y peso de los escenarios. Protección de superficies: Detallar el sistema de carpetas de apoyo para no dañar la pista atlética ni el terreno. Logística de operación: Planificación detallada del tránsito de camiones, montaje y desmontaje. Cuidado agronómico: Un plan estricto de mitigación y cuidado específico para el césped de la cancha de fútbol. Toda esta situación ha generado gran expectativa entre los seguidores chilenos del grupo surcoreano BTS, quienes esperan con ansias poder disfrutar del espectáculo en su país. La decisión final estará sujeta al cumplimiento satisfactorio por parte de DG Medios a las condiciones establecidas por las autoridades gubernamentales. Fuente: Meganoticias
El Presidente de la República, José Antonio Kast, rubricó el día de ayer un proyecto de reforma constitucional que tiene como objetivo instaurar exámenes obligatorios de drogas para diversas autoridades políticas y establecer la destitución del cargo en caso de obtener un resultado positivo. La propuesta, presentada en el Palacio de La Moneda, plantea que los controles se realicen al inicio del mandato y posteriormente de forma periódica. Además, introduce como nueva causa constitucional la “cesación en el cargo de autoridades en caso de consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas ilícitas”. Esta normativa abarcará a ministros, subsecretarios, senadores, diputados, gobernadores regionales, consejeros regionales, delegados presidenciales, alcaldes y concejales. En caso de ser aprobada, el mecanismo establecerá un estándar uniforme para las autoridades del Ejecutivo, el Congreso y las administraciones regionales y municipales. El Gobierno argumentó que la legislación actual contempla algunos mecanismos de control, pero no una obligación general ni consecuencias uniformes ante la detección de consumo. Según la minuta oficial, esta falta “impide contar con un estándar común aplicable a las autoridades comprendidas en la presente reforma”. Otro punto clave es que “los resultados de dichos exámenes serán públicos”. Además, cualquier resultado positivo por consumo de sustancias ilícitas será motivo de destitución, cuya aplicación específica deberá ajustarse a las normativas que se establezcan posteriormente. La propuesta iniciará su proceso legislativo en el Congreso, donde necesitará el respaldo correspondiente al tratarse de una modificación constitucional. Durante el debate se definirán aspectos como la frecuencia de los controles, los protocolos para la toma de muestras, la posibilidad de contramuestras y el procedimiento para llevar a cabo la destitución. Fuente: ADN Radio Nacional
La medición periódica de la opinión pública arrojó un complejo escenario político para el comité político de La Moneda. Este domingo 12 de julio se liberaron los resultados de una nueva edición de la encuesta Criteria, herramienta de diagnóstico que evidenció un retroceso estadístico en los niveles de adhesión hacia la conducción del Presidente de la República, José Antonio Kast, situando sus cifras de respaldo en el punto más bajo desde el inicio de su mandato constitucional. De acuerdo con las métricas del estudio de opinión, la aprobación a la gestión del Jefe de Estado se posicionó en un 32%, lo que representa una contracción de tres puntos porcentuales en relación al último reporte semanal. Este indicador se transforma de manera oficial en el registro de apoyo más bajo detectado por el sondeo desde el cambio de mando residencial del pasado 11 de marzo. En la contraparte del tablero estadístico, la desaprobación a la figura presidencial experimentó un incremento de dos puntos, alcanzando el 55% de las menciones, mientras que el segmento de la población que optó por la opción “no sabe” o no pondera el desempeño del Ejecutivo se situó en un 13%. Más allá de la evaluación de las figuras de autoridad, el estudio de Criteria destinó un apartado técnico para auscultar la percepción social frente al bloque legislativo clave del oficialismo: el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional, iniciativa estructural que en la actualidad surte sus etapas de discusión y análisis en las comisiones del Senado. Las respuestas recolectadas exponen un escenario de virtual empate técnico y fractura de opiniones respecto a los impactos macroeconómicos del articulado: Asimismo, la encuesta detectó un marcado juicio de valor en torno a los destinatarios finales de los beneficios de esta reforma. El 47% de los ciudadanos consultados aseguró mantener la convicción de que la iniciativa, tal como se encuentra redactada en su trámite parlamentario, terminará favoreciendo de forma prioritaria y principal a los sectores socioeconómicos de mayores ingresos del país. Este último dato añade presión al debate de las bancadas oficialistas en la Cámara Alta para la negociación de indicaciones específicas. Lee aquí el estudio completo: Criteria Julio 2026 Fuente: Publimetro
En el transcurso de la jornada, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se refirió a las acusaciones planteadas por el subcomisario de la Policía de Investigaciones, Rodrigo Silva. Este último denunció una presunta red de corrupción al interior de la institución y señaló a la Fiscalía Oriente. La revelación tuvo lugar después de que el funcionario se mantuviera oculto en un edificio de Las Condes, expresando su temor por su vida. Luego del incidente, Silva fue llevado al Hospital de Carabineros, donde actualmente está bajo observación con lesiones leves tras autoinfligirse heridas. Al abordar el tema, Arrau subrayó la importancia de investigar a fondo las acusaciones. “Son situaciones graves y, por supuesto, hay que investigarlas con todo el rigor”, declaró el ministro. El ministro enfatizó que tanto el Gobierno como la policía tienen la responsabilidad de dar seguimiento a denuncias como estas, especialmente cuando implican posibles amenazas o actos de corrupción. En palabras recogidas por 24 Horas, afirmó: “El compromiso de la institución es hacerlo. Lo tomamos con la máxima seriedad”. A pesar de ello, Arrau recalcó que “todas las denuncias de este tipo, sobre todo de actos de amenazas o corrupción potenciales, porque todavía no hay nada demostrado ni comprobado, las seguimos”. Por último, el ministro insistió en que cualquier indicio de irregularidad dentro de las fuerzas policiales debe ser investigado a fondo y no pasarse por alto. “La potencial corrupción y los actos que puedan denunciarse dentro de las instituciones no hay que dejarlos pasar, hay que estudiarlos, analizarlos”, concluyó. Fuente: ADN Radio Nacional
Los trabajadores agrupados en la Confederación Nacional de Trabajadores Portuarios (Conatraport/CNTP) han iniciado un paro nacional este jueves, que se extiende desde Iquique hasta Magallanes e involucra a cerca de 3 mil personas. La protesta tiene como objetivo al Gobierno por un cambio en los criterios de acceso al programa de pensiones de gracia para trabajadores portuarios, beneficio que, según el gremio, se mantiene vigente hasta diciembre de 2026. El coordinador nacional de Comunicaciones de Conatraport, Gabriel Rebolledo, ha acusado al Ejecutivo de incurrir en una práctica antisindical al excluir a su organización del beneficio. Según sus palabras: “El Gobierno está cometiendo un acto antisindical respecto al beneficio social que nosotros tenemos ganado desde 2012. El 19 de junio nos informan que ya no tenemos derecho a continuar con este beneficio y que será otorgado a otro grupo”, afirmó, asegurando además que la decisión “atenta contra la libertad sindical y la Constitución”. La paralización afecta terminales como San Vicente, Coronel y Lirquén en la región del Biobío, además de otros puertos del país. Según el dirigente, los trabajadores permanecen movilizados en los accesos a los recintos portuarios y evaluarán durante esta jornada si la protesta se prolonga. “Esperamos que el Gobierno recapacite y revierta esta situación”, señaló. A través de una declaración pública, Conatraport sostuvo que el programa contempla 250 pensiones de gracia anuales y ha sido aplicado de manera ininterrumpida desde 2012. La organización denunció que el Ministerio del Interior modificó unilateralmente los criterios de asignación el pasado 19 de junio, restringiendo el beneficio a otra organización sindical. El gremio aseguró haber agotado las instancias de diálogo con autoridades, parlamentarios y representantes del sector empresarial, por lo que llamó al Ejecutivo a rectificar la decisión para evitar que el conflicto se extienda durante los próximos días. Fuente: ADN Radio Nacional
La polémica en torno al esperado concierto de BTS en Chile ha dado un giro inesperado. Después de una semana marcada por la incertidumbre, las críticas de los fanáticos y la negativa inicial de las autoridades, el Gobierno ha confirmado que está dispuesto a reconsiderar la autorización para que la superbanda de K-pop se presente en el Coliseo Central del Estadio Nacional. Al principio de esta semana, el Instituto Nacional de Deportes (IND) generó preocupación al rechazar el uso del principal recinto deportivo del país. La razón detrás de esta decisión fue que el plan de mitigación original presentado por la productora DG Medios no garantizaba la continuidad operativa ni el cuidado del parque. Esta noticia cayó como un balde de agua fría para miles de seguidores que ya daban por hecho el regreso de las superestrellas coreanas a Santiago. Sin embargo, en un comunicado oficial emitido este domingo, el Gobierno informó que la productora ha presentado una propuesta completamente modificada. Este nuevo diseño del escenario y la logística cambian sustancialmente la base de la evaluación técnica realizada previamente. Las modificaciones presentadas por la organización se centran en cuatro aspectos clave: Redistribución y reducción del peso de las estructuras. Mejoras en la distribución de cargas sobre la pista y la cancha. Un nuevo sistema de protección del césped. Una solución constructiva más amigable con el entorno. El Gobierno ha establecido cuatro condiciones que DG Medios debe cumplir para que se pueda llevar a cabo el concierto: Estructura de producción: Certificación exacta de las cargas, presión y peso de los escenarios. Protección de superficies: Detallar el sistema de carpetas de apoyo para no dañar la pista atlética ni el terreno. Logística de operación: Planificación detallada del tránsito de camiones, montaje y desmontaje. Cuidado agronómico: Un plan estricto de mitigación y cuidado específico para el césped de la cancha de fútbol. Toda esta situación ha generado gran expectativa entre los seguidores chilenos del grupo surcoreano BTS, quienes esperan con ansias poder disfrutar del espectáculo en su país. La decisión final estará sujeta al cumplimiento satisfactorio por parte de DG Medios a las condiciones establecidas por las autoridades gubernamentales. Fuente: Meganoticias
