El ministro de Seguridad Luis Cordero detalló que una parte significativa de los detenidos está vinculada a incendios que generaron riesgo directo para la población, especialmente en Ñuble y Biobío. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, ofreció un informe este domingo sobre las detenciones relacionadas con incendios forestales en Chile, destacando que más de 350 personas han sido arrestadas desde el inicio de la temporada actual. Según Cordero, el análisis abarca el ciclo oficial de incendios que comienza el 1 de septiembre, con un total de 357 detenidos hasta la fecha por diversos incidentes asociados a los siniestros forestales. En una entrevista en el programa Mesa Central de Canal 13, el ministro detalló que más de 130 personas están involucradas en delitos de incendio que representaron un peligro directo para la población, lo que ha generado preocupación entre las autoridades. Cordero también mencionó que desde el 18 de enero, cuando comenzaron los megaincendios en Ñuble y Biobío, se han realizado 30 detenciones por presunta participación en el inicio de estos siniestros. El ministro reiteró que la mayoría de los incendios forestales en Chile son causados por acciones humanas, ya sea por negligencia o intencionalidad. La mayoría de los incendios son provocados por la intervención humana, buena parte de ellos asociados a negligencia, pero también existe participación dolosa, afirmó. Además, destacó la importancia de atender oportunamente las alertas y comunicaciones oficiales emitidas por el Estado para evitar situaciones graves. Sobre la llegada próxima de María Trinidad Steinert al Ministerio de Seguridad, Cordero mencionó su experiencia en el Ministerio Público y la necesidad de diferenciar claramente los roles institucionales. Sería un error exigirle desempeños que como ministra no puede ejecutar del mismo modo que como fiscal, subrayó. Asimismo, señaló que Steinert deberá enfrentar desafíos estructurales importantes como la construcción de nuevas cárceles y una reforma al sistema penitenciario, considerados temas prioritarios para la agenda de seguridad pública. Fuente: CNN Chile País
La aplicación retroactiva de la norma, que establece una legítima defensa privilegiada para policías, generó una crisis en la alianza de gobierno y llevó al PS a congelar su participación. La jueza Cristina Cabello absolvió al exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo, único imputado por las lesiones que dejaron ciego al diputado electo Gustavo Gatica en 2019, aplicando la legítima defensa privilegiada establecida por la Ley Naín-Retamal. En su fallo, la magistrada determinó que se acreditaron los requisitos de agresión ilegítima y necesidad racional del medio empleado, amparando así la conducta del acusado bajo esta causal de justificación. La decisión judicial, que aplicó la norma de 2023 de forma retroactiva, desató una inmediata división en el oficialismo. Parlamentarios del PC y el Frente Amplio responsabilizaron al gobierno y a los partidos que apoyaron la ley, lo que provocó que el Partido Socialista congelara su participación en la alianza gubernamental. El presidente Gabriel Boric se desligó de la iniciativa, afirmando que “la Ley Naín-Retamal no es una iniciativa del Gobierno”, sino una fusión de proyectos parlamentarios que su administración promulgó tras intervenir con indicaciones que, en su mayoría, no prosperaron. La ley, que rinde homenaje a dos carabineros fallecidos, fue aprobada en abril de 2023 con 106 votos a favor, 24 en contra y 13 abstenciones, recibiendo un “apoyo muy macizo” según la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá. Su aprobación se aceleró tras el asesinato de la sargento Rita Olivares. La legislación establece una legítima defensa privilegiada para los miembros de Carabineros, la PDI y otras fuerzas policiales cuando utilizan sus armas en actos de servicio, invirtiendo la carga de la prueba al presumir que actuaron en defensa propia. También aumenta las penas para delitos cometidos contra funcionarios policiales y contempla una retroactividad penal más favorable, permitiendo que sus beneficios se apliquen a juicios iniciados después de su vigencia, incluso si los hechos ocurrieron antes, como sucedió en el caso de Claudio Crespo. La norma benefició al imputado mediante el principio de retroactividad penal más favorable, ya que el juicio comenzó en 2024, mientras los hechos ocurrieron en noviembre de 2019. Según reportó Emol , la controversia llevó al gobierno a eliminar cualquier referencia a la ley en su listado de “avances” publicado en su página web. Fuente: CNN Chile País
El 20 de enero, el Partido Republicano reveló la fecha límite para anunciar el equipo ministerial del Presidente electo, José Antonio Kast, que asumirá funciones en marzo. La secretaria general de la colectividad, Ruth Hurtado, compartió esta información en una conversación con el medio EMOL . En este contexto, Hurtado mencionó algunos nombres que podrían formar parte del gabinete de Kast, aunque no especificó los ministerios a los que serían asignados. Entre ellos se encuentran Iván Poduje, considerado para el Ministerio de Vivienda, y Martín Arrau, quien según Ex-Ante sería el próximo ministro de Obras Públicas. Otros posibles integrantes del gabinete son Claudio Alvarado y Jorge Quiroz, quienes podrían liderar los ministerios de Interior y Hacienda, respectivamente. Aunque Hurtado confirmó estos nombres, aún no se ha determinado si alguno de ellos desempeñará más de una función al combinar responsabilidades de diferentes ministerios. Fuente: CNN Chile País
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados inició el martes el proceso de revisión del reajuste al sector público, luego de la presentación realizada por los ministros de Hacienda y del Trabajo, Nicolás Grau y Giorgio Boccardo. Según informó la Cámara, se llegó a un acuerdo entre el Gobierno, la CUT y 10 organizaciones gremiales del sector público. El reajuste propuesto contempla un incremento general del 2,0% a partir del 1 de diciembre de 2025, aplicable a diversas remuneraciones y beneficios para los trabajadores del sector público. Posteriormente, a partir del 1 de junio de 2026, se otorgará un reajuste adicional del 1,4%, alcanzando un total del 3,4%. En cuanto a las mejoras adicionales incluidas en el proyecto, Boccardo mencionó que se establecen cambios en el funcionamiento de las asociaciones de funcionarios y sus dirigentes, así como la renuncia obligatoria de los asesores de gabinete del Gobierno antes del 11 de marzo de 2026. Además, se exige a las autoridades informar antes del 27 de febrero la cantidad de funcionarios contratados en sus gabinetes. Otra medida relevante es la normativa que busca evitar la discrecionalidad en la no renovación de contratos. El ministro Grau detalló que el reajuste también contempla bonos ajustados en un 3,4%, destinados a aguinaldos, bonos vacacionales, escolaridad y aportes al servicio de bienestar. Según Grau, este reajuste beneficiará a más de 951 mil personas activas y más de 3 millones 144 mil personas pasivas. Durante la discusión en la comisión, algunos diputados propusieron dividir la propuesta para agilizar su trámite y solicitaron mayor claridad sobre el financiamiento necesario para sostener el proyecto. Por otro lado, algunos parlamentarios destacaron la importancia de aprobar rápidamente el proyecto. La comisión continuará analizando el tema en sesiones programadas para este miércoles desde las 8:30 horas. Fuente: CNN Chile País
El Gobierno presentó al Congreso el proyecto de ley que establece el reajuste de remuneraciones para los funcionarios del sector público, con un costo fiscal superior a los US$ 1.700 millones durante 2026. La iniciativa formaliza un acuerdo previo entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público, generando controversia en la oposición por posibles implicancias laborales ante el cambio de administración. El proyecto contempla un reajuste nominal del 3,4% para los funcionarios estatales, dividido en dos etapas: un 2% a partir del 1 de diciembre y un 1,4% adicional desde el 1 de junio de este año. Según el informe financiero, esto implica un costo fiscal de US$ 1.775 millones en 2026, US$ 1.274 millones en 2027 y US$ 1.267 millones en régimen. Además del reajuste salarial, se establecen cambios en los aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias para los funcionarios públicos activos, con montos específicos según sus ingresos mensuales. Por otro lado, se posterga el reavalúo de propiedades habitacionales hasta 2027 y se amplía el giro de empresas estatales, permitiendo nuevas actividades a Correos de Chile y ENAP. En cuanto al teletrabajo, se extiende su vigencia hasta 2028 para instituciones estatales de educación superior, Gobiernos Regionales, organismos del Gobierno Central y el Consejo Fiscal Autónomo. En materia laboral, se prohíbe suspender el pago de asignaciones a dirigentes sindicales por el uso de permisos y se establece que las asambleas deben realizarse preferentemente fuera del horario laboral. Finalmente, se incorporan excepciones a la norma que obliga al retiro de funcionarios mayores de 75 años, permitiendo que ocupen cargos específicos dentro del Estado. El proyecto abarca una serie de medidas misceláneas que buscan regular diversos aspectos laborales y financieros en el sector público. Fuente: CNN Chile País
El ministro de Seguridad Luis Cordero detalló que una parte significativa de los detenidos está vinculada a incendios que generaron riesgo directo para la población, especialmente en Ñuble y Biobío. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, ofreció un informe este domingo sobre las detenciones relacionadas con incendios forestales en Chile, destacando que más de 350 personas han sido arrestadas desde el inicio de la temporada actual. Según Cordero, el análisis abarca el ciclo oficial de incendios que comienza el 1 de septiembre, con un total de 357 detenidos hasta la fecha por diversos incidentes asociados a los siniestros forestales. En una entrevista en el programa Mesa Central de Canal 13, el ministro detalló que más de 130 personas están involucradas en delitos de incendio que representaron un peligro directo para la población, lo que ha generado preocupación entre las autoridades. Cordero también mencionó que desde el 18 de enero, cuando comenzaron los megaincendios en Ñuble y Biobío, se han realizado 30 detenciones por presunta participación en el inicio de estos siniestros. El ministro reiteró que la mayoría de los incendios forestales en Chile son causados por acciones humanas, ya sea por negligencia o intencionalidad. La mayoría de los incendios son provocados por la intervención humana, buena parte de ellos asociados a negligencia, pero también existe participación dolosa, afirmó. Además, destacó la importancia de atender oportunamente las alertas y comunicaciones oficiales emitidas por el Estado para evitar situaciones graves. Sobre la llegada próxima de María Trinidad Steinert al Ministerio de Seguridad, Cordero mencionó su experiencia en el Ministerio Público y la necesidad de diferenciar claramente los roles institucionales. Sería un error exigirle desempeños que como ministra no puede ejecutar del mismo modo que como fiscal, subrayó. Asimismo, señaló que Steinert deberá enfrentar desafíos estructurales importantes como la construcción de nuevas cárceles y una reforma al sistema penitenciario, considerados temas prioritarios para la agenda de seguridad pública. Fuente: CNN Chile País
La aplicación retroactiva de la norma, que establece una legítima defensa privilegiada para policías, generó una crisis en la alianza de gobierno y llevó al PS a congelar su participación. La jueza Cristina Cabello absolvió al exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo, único imputado por las lesiones que dejaron ciego al diputado electo Gustavo Gatica en 2019, aplicando la legítima defensa privilegiada establecida por la Ley Naín-Retamal. En su fallo, la magistrada determinó que se acreditaron los requisitos de agresión ilegítima y necesidad racional del medio empleado, amparando así la conducta del acusado bajo esta causal de justificación. La decisión judicial, que aplicó la norma de 2023 de forma retroactiva, desató una inmediata división en el oficialismo. Parlamentarios del PC y el Frente Amplio responsabilizaron al gobierno y a los partidos que apoyaron la ley, lo que provocó que el Partido Socialista congelara su participación en la alianza gubernamental. El presidente Gabriel Boric se desligó de la iniciativa, afirmando que “la Ley Naín-Retamal no es una iniciativa del Gobierno”, sino una fusión de proyectos parlamentarios que su administración promulgó tras intervenir con indicaciones que, en su mayoría, no prosperaron. La ley, que rinde homenaje a dos carabineros fallecidos, fue aprobada en abril de 2023 con 106 votos a favor, 24 en contra y 13 abstenciones, recibiendo un “apoyo muy macizo” según la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá. Su aprobación se aceleró tras el asesinato de la sargento Rita Olivares. La legislación establece una legítima defensa privilegiada para los miembros de Carabineros, la PDI y otras fuerzas policiales cuando utilizan sus armas en actos de servicio, invirtiendo la carga de la prueba al presumir que actuaron en defensa propia. También aumenta las penas para delitos cometidos contra funcionarios policiales y contempla una retroactividad penal más favorable, permitiendo que sus beneficios se apliquen a juicios iniciados después de su vigencia, incluso si los hechos ocurrieron antes, como sucedió en el caso de Claudio Crespo. La norma benefició al imputado mediante el principio de retroactividad penal más favorable, ya que el juicio comenzó en 2024, mientras los hechos ocurrieron en noviembre de 2019. Según reportó Emol , la controversia llevó al gobierno a eliminar cualquier referencia a la ley en su listado de “avances” publicado en su página web. Fuente: CNN Chile País
El 20 de enero, el Partido Republicano reveló la fecha límite para anunciar el equipo ministerial del Presidente electo, José Antonio Kast, que asumirá funciones en marzo. La secretaria general de la colectividad, Ruth Hurtado, compartió esta información en una conversación con el medio EMOL . En este contexto, Hurtado mencionó algunos nombres que podrían formar parte del gabinete de Kast, aunque no especificó los ministerios a los que serían asignados. Entre ellos se encuentran Iván Poduje, considerado para el Ministerio de Vivienda, y Martín Arrau, quien según Ex-Ante sería el próximo ministro de Obras Públicas. Otros posibles integrantes del gabinete son Claudio Alvarado y Jorge Quiroz, quienes podrían liderar los ministerios de Interior y Hacienda, respectivamente. Aunque Hurtado confirmó estos nombres, aún no se ha determinado si alguno de ellos desempeñará más de una función al combinar responsabilidades de diferentes ministerios. Fuente: CNN Chile País
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados inició el martes el proceso de revisión del reajuste al sector público, luego de la presentación realizada por los ministros de Hacienda y del Trabajo, Nicolás Grau y Giorgio Boccardo. Según informó la Cámara, se llegó a un acuerdo entre el Gobierno, la CUT y 10 organizaciones gremiales del sector público. El reajuste propuesto contempla un incremento general del 2,0% a partir del 1 de diciembre de 2025, aplicable a diversas remuneraciones y beneficios para los trabajadores del sector público. Posteriormente, a partir del 1 de junio de 2026, se otorgará un reajuste adicional del 1,4%, alcanzando un total del 3,4%. En cuanto a las mejoras adicionales incluidas en el proyecto, Boccardo mencionó que se establecen cambios en el funcionamiento de las asociaciones de funcionarios y sus dirigentes, así como la renuncia obligatoria de los asesores de gabinete del Gobierno antes del 11 de marzo de 2026. Además, se exige a las autoridades informar antes del 27 de febrero la cantidad de funcionarios contratados en sus gabinetes. Otra medida relevante es la normativa que busca evitar la discrecionalidad en la no renovación de contratos. El ministro Grau detalló que el reajuste también contempla bonos ajustados en un 3,4%, destinados a aguinaldos, bonos vacacionales, escolaridad y aportes al servicio de bienestar. Según Grau, este reajuste beneficiará a más de 951 mil personas activas y más de 3 millones 144 mil personas pasivas. Durante la discusión en la comisión, algunos diputados propusieron dividir la propuesta para agilizar su trámite y solicitaron mayor claridad sobre el financiamiento necesario para sostener el proyecto. Por otro lado, algunos parlamentarios destacaron la importancia de aprobar rápidamente el proyecto. La comisión continuará analizando el tema en sesiones programadas para este miércoles desde las 8:30 horas. Fuente: CNN Chile País
El Gobierno presentó al Congreso el proyecto de ley que establece el reajuste de remuneraciones para los funcionarios del sector público, con un costo fiscal superior a los US$ 1.700 millones durante 2026. La iniciativa formaliza un acuerdo previo entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público, generando controversia en la oposición por posibles implicancias laborales ante el cambio de administración. El proyecto contempla un reajuste nominal del 3,4% para los funcionarios estatales, dividido en dos etapas: un 2% a partir del 1 de diciembre y un 1,4% adicional desde el 1 de junio de este año. Según el informe financiero, esto implica un costo fiscal de US$ 1.775 millones en 2026, US$ 1.274 millones en 2027 y US$ 1.267 millones en régimen. Además del reajuste salarial, se establecen cambios en los aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias para los funcionarios públicos activos, con montos específicos según sus ingresos mensuales. Por otro lado, se posterga el reavalúo de propiedades habitacionales hasta 2027 y se amplía el giro de empresas estatales, permitiendo nuevas actividades a Correos de Chile y ENAP. En cuanto al teletrabajo, se extiende su vigencia hasta 2028 para instituciones estatales de educación superior, Gobiernos Regionales, organismos del Gobierno Central y el Consejo Fiscal Autónomo. En materia laboral, se prohíbe suspender el pago de asignaciones a dirigentes sindicales por el uso de permisos y se establece que las asambleas deben realizarse preferentemente fuera del horario laboral. Finalmente, se incorporan excepciones a la norma que obliga al retiro de funcionarios mayores de 75 años, permitiendo que ocupen cargos específicos dentro del Estado. El proyecto abarca una serie de medidas misceláneas que buscan regular diversos aspectos laborales y financieros en el sector público. Fuente: CNN Chile País
