Una reciente adquisición realizada por la Presidencia de la República ha generado atención en relación a los gastos de la administración encabezada por José Antonio Kast. En esta ocasión, se trata de la compra de 10 mil pines metálicos institucionales con la bandera chilena, con un costo total de $7.080.500. La orden de compra fue enviada el 27 de agosto de 2026 a través del mecanismo de Compra Ágil e incluye 10 mil unidades del producto denominado “Pin metálico institucional ‘Bandera Chilena’”. Según el documento, cada pin tiene un valor de $595 más IVA y la adquisición fue realizada a la empresa DAYM SpA, con la indicación de que los productos deben ser despachados a las dependencias de Presidencia ubicadas en Teatinos 92, Santiago. Este gasto se suma a otros desembolsos que han sido objeto de atención durante la actual gestión, como los $18,5 millones destinados a la transmisión de la Operación Cancerbero. Estas acciones ponen en el centro de debate la gestión financiera del gobierno, especialmente considerando que Kast asumió su cargo con un enfoque en la austeridad y la reducción del gasto público. La orden, identificada con un número específico, ha sido aceptada y cuenta con disponibilidad presupuestaria, según lo consignado en el documento oficial. Fuente: BioBioChile
El Presidente José Antonio Kast, en medio de la preparación del Presupuesto 2027, descartó que el ajuste fiscal que impulsa su administración vaya a significar recortes en los beneficios sociales establecidos por ley. En una entrevista con Radio ADN , el Mandatario abordó el tema y afirmó: “ Más que recortes, es orden ”. Este presupuesto será el primero elaborado completamente durante su Gobierno y estará marcado por un estrecho escenario fiscal, con un crecimiento del gasto público entre 0% y 1%. Kast aseguró que las medidas de austeridad no deberían impactar las prestaciones garantizadas legalmente. “Lo que hemos planteado siempre es que los derechos adquiridos y los derechos que están comprometidos por ley no se van a ver afectados ”, afirmó el Presidente. Kast explicó que la mayoría de los beneficios sociales están establecidos legalmente y no pueden ser eliminados mediante una decisión presupuestaria. En línea con esto, en su Cuenta Pública de junio, defendió un “ajuste fiscal profundo” sin afectar los beneficios sociales. Sin embargo, el Ejecutivo está revisando la distribución de recursos públicos, especialmente en áreas como licencias médicas, mal uso de fondos y dobles pagos. “ Nosotros hoy día estamos cruzando muchos datos para ver qué personas están abusando de los recursos de todos los chilenos ”, afirmó Kast. La intención es identificar recursos utilizados incorrectamente y reasignarlos, sin disminuir beneficios comprometidos legalmente. Además, el Presidente respaldó la decisión de mantener ministros a cargo de más de una cartera como parte de la búsqueda de una administración estatal más eficiente. Mientras tanto, Hacienda finaliza la elaboración del Presupuesto 2027, que debe ingresar al Congreso antes de finalizar septiembre. Las prioridades incluyen seguridad, combate al crimen organizado, salud, reactivación económica y empleo. Fuente: Publimetro
La economía chilena volvió a mostrar señales de debilidad luego de que el PIB registrara una caída por segundo trimestre consecutivo, escenario que encendió las alertas sobre el ritmo de crecimiento y la capacidad del país para recuperar dinamismo durante la segunda mitad del año. Tras conocerse los resultados del segundo trimestre, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, reconoció que el período estuvo marcado por dificultades importantes, particularmente en sectores productivos relevantes. “Los resultados del segundo trimestre reflejan que hemos enfrentado un semestre exigente, marcado especialmente por desafíos estructurales y operacionales en la minería y en la pesca”, señaló. Pese al escenario, Mas destacó que existen sectores que han mostrado mayor resistencia. “Al mismo tiempo, el dinamismo del sector no minero confirma que nuestra economía tiene resiliencia y capacidad para crecer”, sostuvo la autoridad. Frente a las cifras, el Ejecutivo adelantó que buscará acelerar las medidas orientadas a impulsar la actividad. “Como Gobierno vamos a acelerar el paso, destrabar inversiones, impulsar proyectos, entregar certezas para recuperar nuestra capacidad productiva y generar más empleo”, afirmó el biministro. Mas agregó que el desafío no pasa únicamente por mejorar los indicadores macroeconómicos, sino también por lograr que una eventual recuperación tenga efectos concretos sobre los hogares. “Nuestro desafío es crecer con más fuerza y lograr que ese crecimiento llegue a las familias”, indicó. En esa línea, la autoridad remarcó que detrás del desempeño económico existen efectos directos sobre el mercado laboral y el bolsillo de las personas: “Detrás de cada cifra hay personas, trabajadores que buscan una oportunidad, familias que quieren progresar y miles de chilenos que necesitan que la economía vuelva a generar más y mejores empleos”. Fuente: ADN Radio Nacional
La seguridad sigue siendo la principal preocupación de los encuestados, pero la evaluación de la gestión del Gobierno en esta materia no mejora. De hecho, un 54% considera que el desempeño del Ejecutivo en el combate contra la delincuencia ha sido peor o mucho peor de lo esperado. La última medición de Criteria también reveló un retroceso en la evaluación del Presidente José Antonio Kast. Su índice de desaprobación alcanzó el 55%, tres puntos por encima de la semana anterior, mientras que su aprobación se mantuvo en 35%. El tema de la seguridad volvió a posicionarse como la principal prioridad política para los encuestados, con un 28% de las menciones. Le siguen la salud pública (16%), los empleos y sueldos (15%) y la reactivación económica (12%). La preocupación aumenta al plantear una elección directa entre seguridad y libertad : un 73% de los consultados optó por la primera, mientras que solo un 27% se inclinó por la segunda. Sin embargo, las diferencias son notables según la posición política de los encuestados. Mientras que en la derecha un 86% prioriza la seguridad, en el centro esta cifra desciende al 68%. En cambio, en la izquierda ambas opciones prácticamente empatan: 51% considera más importante la seguridad y 49% la libertad. La evaluación negativa también se extiende a la gestión migratoria. Un 47% considera que el desempeño del Gobierno en orden y control migratorio ha sido peor o mucho peor de lo esperado, frente a un 25% que lo evalúa mejor y un 28% que lo considera similar a sus expectativas. En cuanto a quién es responsable de la actual situación de seguridad, un 35% apunta a problemas heredados de la administración anterior, mientras que un 32% cree que responde a una combinación de factores. Por otro lado, un 27% responsabiliza principalmente al actual Gobierno. También existen discrepancias políticas en este tema: el 62% de los encuestados de derecha atribuye principalmente la situación a la administración anterior, mientras que entre quienes se identifican con la izquierda, un 50% responsabiliza principalmente al actual Ejecutivo. Fuente: ADN Radio Nacional
En medio de los reparos surgidos dentro del propio oficialismo, ha comenzado a circular un nuevo borrador de la reforma constitucional vinculada a la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), una de las principales apuestas del Gobierno del Presidente José Antonio Kast en materia de seguridad. La filtración ocurre luego de que la UDI advirtiera que no respaldaría la iniciativa en sus actuales términos. Su presidente, Guillermo Ramírez, sostuvo que “en las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad”. El nuevo texto profundiza el componente constitucional de ACOT y contempla modificaciones que van bastante más allá de consagrar expresamente la seguridad pública como un deber del Estado. Entre ellas aparece la creación de un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública, que podría ser decretado frente a una “grave alteración de la seguridad pública originada en la acción de organizaciones criminales”. Esta medida tendría una vigencia inicial de hasta 30 días y, para sucesivas prórrogas, requeriría acuerdo del Congreso. Durante este estado de excepción, las Fuerzas Armadas podrían prestar colaboración a Carabineros y la PDI. El proyecto también modifica el artículo 101 de la Constitución para establecer una base más amplia para esa cooperación, aunque mantiene a las instituciones policiales como responsables principales de la seguridad pública. Otro de los aspectos mencionados es el régimen previsto para condenados por crimen organizado, terrorismo y narcotráfico. La propuesta permite establecer cárceles con restricciones especiales de comunicaciones, visitas, traslados y beneficios penitenciarios. Además, plantea que estas personas queden inhabilitadas durante su condena y por 15 años después de cumplirla para acceder a determinadas prestaciones estatales asociadas a salud, educación, trabajo y seguridad social. Respecto de quienes ya reciban esos beneficios, el borrador establece que “las perderán de pleno derecho”. Este punto ha estado entre los principales factores de división dentro del oficialismo. El documento también permitiría crear registros de organizaciones criminales y facultaría al Presidente para declarar a una asociación como organización criminal transnacional, decisión sometida posteriormente al Senado. A ello se agregan herramientas cautelares: durante el nuevo estado de excepción, Fiscalía podría solicitar antes de una formalización una prohibición de salida del país de hasta 60 días y medidas para inmovilizar bienes o fondos presuntamente relacionados con estructuras criminales. La reforma forma parte de una ACOT más amplia, presentada originalmente bajo cuatro ejes —Perseguir, Capturar, Juzgar y Condenar— y compuesta por una treintena de iniciativas legislativas. Por ello, medidas anunciadas anteriormente, como ampliar el período de flagrancia o intervenir barrios críticos, no necesariamente deben aparecer en este proyecto constitucional y podrían avanzar mediante otras iniciativas legales. Cabe precisar que el documento corresponde a un borrador de trabajo de la reforma constitucional asociada a la ACOT y, por lo tanto, su contenido aún podría sufrir modificaciones antes de ser ingresado formalmente al Congreso. Fuente: ADN Radio Nacional
Una reciente adquisición realizada por la Presidencia de la República ha generado atención en relación a los gastos de la administración encabezada por José Antonio Kast. En esta ocasión, se trata de la compra de 10 mil pines metálicos institucionales con la bandera chilena, con un costo total de $7.080.500. La orden de compra fue enviada el 27 de agosto de 2026 a través del mecanismo de Compra Ágil e incluye 10 mil unidades del producto denominado “Pin metálico institucional ‘Bandera Chilena’”. Según el documento, cada pin tiene un valor de $595 más IVA y la adquisición fue realizada a la empresa DAYM SpA, con la indicación de que los productos deben ser despachados a las dependencias de Presidencia ubicadas en Teatinos 92, Santiago. Este gasto se suma a otros desembolsos que han sido objeto de atención durante la actual gestión, como los $18,5 millones destinados a la transmisión de la Operación Cancerbero. Estas acciones ponen en el centro de debate la gestión financiera del gobierno, especialmente considerando que Kast asumió su cargo con un enfoque en la austeridad y la reducción del gasto público. La orden, identificada con un número específico, ha sido aceptada y cuenta con disponibilidad presupuestaria, según lo consignado en el documento oficial. Fuente: BioBioChile
El Presidente José Antonio Kast, en medio de la preparación del Presupuesto 2027, descartó que el ajuste fiscal que impulsa su administración vaya a significar recortes en los beneficios sociales establecidos por ley. En una entrevista con Radio ADN , el Mandatario abordó el tema y afirmó: “ Más que recortes, es orden ”. Este presupuesto será el primero elaborado completamente durante su Gobierno y estará marcado por un estrecho escenario fiscal, con un crecimiento del gasto público entre 0% y 1%. Kast aseguró que las medidas de austeridad no deberían impactar las prestaciones garantizadas legalmente. “Lo que hemos planteado siempre es que los derechos adquiridos y los derechos que están comprometidos por ley no se van a ver afectados ”, afirmó el Presidente. Kast explicó que la mayoría de los beneficios sociales están establecidos legalmente y no pueden ser eliminados mediante una decisión presupuestaria. En línea con esto, en su Cuenta Pública de junio, defendió un “ajuste fiscal profundo” sin afectar los beneficios sociales. Sin embargo, el Ejecutivo está revisando la distribución de recursos públicos, especialmente en áreas como licencias médicas, mal uso de fondos y dobles pagos. “ Nosotros hoy día estamos cruzando muchos datos para ver qué personas están abusando de los recursos de todos los chilenos ”, afirmó Kast. La intención es identificar recursos utilizados incorrectamente y reasignarlos, sin disminuir beneficios comprometidos legalmente. Además, el Presidente respaldó la decisión de mantener ministros a cargo de más de una cartera como parte de la búsqueda de una administración estatal más eficiente. Mientras tanto, Hacienda finaliza la elaboración del Presupuesto 2027, que debe ingresar al Congreso antes de finalizar septiembre. Las prioridades incluyen seguridad, combate al crimen organizado, salud, reactivación económica y empleo. Fuente: Publimetro
La economía chilena volvió a mostrar señales de debilidad luego de que el PIB registrara una caída por segundo trimestre consecutivo, escenario que encendió las alertas sobre el ritmo de crecimiento y la capacidad del país para recuperar dinamismo durante la segunda mitad del año. Tras conocerse los resultados del segundo trimestre, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, reconoció que el período estuvo marcado por dificultades importantes, particularmente en sectores productivos relevantes. “Los resultados del segundo trimestre reflejan que hemos enfrentado un semestre exigente, marcado especialmente por desafíos estructurales y operacionales en la minería y en la pesca”, señaló. Pese al escenario, Mas destacó que existen sectores que han mostrado mayor resistencia. “Al mismo tiempo, el dinamismo del sector no minero confirma que nuestra economía tiene resiliencia y capacidad para crecer”, sostuvo la autoridad. Frente a las cifras, el Ejecutivo adelantó que buscará acelerar las medidas orientadas a impulsar la actividad. “Como Gobierno vamos a acelerar el paso, destrabar inversiones, impulsar proyectos, entregar certezas para recuperar nuestra capacidad productiva y generar más empleo”, afirmó el biministro. Mas agregó que el desafío no pasa únicamente por mejorar los indicadores macroeconómicos, sino también por lograr que una eventual recuperación tenga efectos concretos sobre los hogares. “Nuestro desafío es crecer con más fuerza y lograr que ese crecimiento llegue a las familias”, indicó. En esa línea, la autoridad remarcó que detrás del desempeño económico existen efectos directos sobre el mercado laboral y el bolsillo de las personas: “Detrás de cada cifra hay personas, trabajadores que buscan una oportunidad, familias que quieren progresar y miles de chilenos que necesitan que la economía vuelva a generar más y mejores empleos”. Fuente: ADN Radio Nacional
La seguridad sigue siendo la principal preocupación de los encuestados, pero la evaluación de la gestión del Gobierno en esta materia no mejora. De hecho, un 54% considera que el desempeño del Ejecutivo en el combate contra la delincuencia ha sido peor o mucho peor de lo esperado. La última medición de Criteria también reveló un retroceso en la evaluación del Presidente José Antonio Kast. Su índice de desaprobación alcanzó el 55%, tres puntos por encima de la semana anterior, mientras que su aprobación se mantuvo en 35%. El tema de la seguridad volvió a posicionarse como la principal prioridad política para los encuestados, con un 28% de las menciones. Le siguen la salud pública (16%), los empleos y sueldos (15%) y la reactivación económica (12%). La preocupación aumenta al plantear una elección directa entre seguridad y libertad : un 73% de los consultados optó por la primera, mientras que solo un 27% se inclinó por la segunda. Sin embargo, las diferencias son notables según la posición política de los encuestados. Mientras que en la derecha un 86% prioriza la seguridad, en el centro esta cifra desciende al 68%. En cambio, en la izquierda ambas opciones prácticamente empatan: 51% considera más importante la seguridad y 49% la libertad. La evaluación negativa también se extiende a la gestión migratoria. Un 47% considera que el desempeño del Gobierno en orden y control migratorio ha sido peor o mucho peor de lo esperado, frente a un 25% que lo evalúa mejor y un 28% que lo considera similar a sus expectativas. En cuanto a quién es responsable de la actual situación de seguridad, un 35% apunta a problemas heredados de la administración anterior, mientras que un 32% cree que responde a una combinación de factores. Por otro lado, un 27% responsabiliza principalmente al actual Gobierno. También existen discrepancias políticas en este tema: el 62% de los encuestados de derecha atribuye principalmente la situación a la administración anterior, mientras que entre quienes se identifican con la izquierda, un 50% responsabiliza principalmente al actual Ejecutivo. Fuente: ADN Radio Nacional
En medio de los reparos surgidos dentro del propio oficialismo, ha comenzado a circular un nuevo borrador de la reforma constitucional vinculada a la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), una de las principales apuestas del Gobierno del Presidente José Antonio Kast en materia de seguridad. La filtración ocurre luego de que la UDI advirtiera que no respaldaría la iniciativa en sus actuales términos. Su presidente, Guillermo Ramírez, sostuvo que “en las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad”. El nuevo texto profundiza el componente constitucional de ACOT y contempla modificaciones que van bastante más allá de consagrar expresamente la seguridad pública como un deber del Estado. Entre ellas aparece la creación de un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública, que podría ser decretado frente a una “grave alteración de la seguridad pública originada en la acción de organizaciones criminales”. Esta medida tendría una vigencia inicial de hasta 30 días y, para sucesivas prórrogas, requeriría acuerdo del Congreso. Durante este estado de excepción, las Fuerzas Armadas podrían prestar colaboración a Carabineros y la PDI. El proyecto también modifica el artículo 101 de la Constitución para establecer una base más amplia para esa cooperación, aunque mantiene a las instituciones policiales como responsables principales de la seguridad pública. Otro de los aspectos mencionados es el régimen previsto para condenados por crimen organizado, terrorismo y narcotráfico. La propuesta permite establecer cárceles con restricciones especiales de comunicaciones, visitas, traslados y beneficios penitenciarios. Además, plantea que estas personas queden inhabilitadas durante su condena y por 15 años después de cumplirla para acceder a determinadas prestaciones estatales asociadas a salud, educación, trabajo y seguridad social. Respecto de quienes ya reciban esos beneficios, el borrador establece que “las perderán de pleno derecho”. Este punto ha estado entre los principales factores de división dentro del oficialismo. El documento también permitiría crear registros de organizaciones criminales y facultaría al Presidente para declarar a una asociación como organización criminal transnacional, decisión sometida posteriormente al Senado. A ello se agregan herramientas cautelares: durante el nuevo estado de excepción, Fiscalía podría solicitar antes de una formalización una prohibición de salida del país de hasta 60 días y medidas para inmovilizar bienes o fondos presuntamente relacionados con estructuras criminales. La reforma forma parte de una ACOT más amplia, presentada originalmente bajo cuatro ejes —Perseguir, Capturar, Juzgar y Condenar— y compuesta por una treintena de iniciativas legislativas. Por ello, medidas anunciadas anteriormente, como ampliar el período de flagrancia o intervenir barrios críticos, no necesariamente deben aparecer en este proyecto constitucional y podrían avanzar mediante otras iniciativas legales. Cabe precisar que el documento corresponde a un borrador de trabajo de la reforma constitucional asociada a la ACOT y, por lo tanto, su contenido aún podría sufrir modificaciones antes de ser ingresado formalmente al Congreso. Fuente: ADN Radio Nacional
