El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha presentado una querella criminal contra 42 funcionarios de Gendarmería de Chile, así como contra un grupo significativo de particulares, por delitos de cohecho y soborno, en el marco de la investigación conocida como “Operación Apocalipsis” liderada por el Ministerio Público. La acción judicial, presentada ante el 12° Juzgado de Garantía de Santiago, también apunta contra 35 particulares por el delito de soborno, sumando un total de 77 imputados involucrados en una serie de ilícitos relacionados con corrupción y criminalidad organizada en recintos penitenciarios de la Región Metropolitana. Según la querella del CDE, en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de San Joaquín y en el Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Uno, se estableció un patrón de intervención directa de funcionarios públicos de Gendarmería. Estos habrían solicitado, aceptado o recibido prestaciones económicas y beneficios para permitir el ingreso de personas no autorizadas como visitantes. Además, se señala que estas acciones facilitaron la introducción y circulación de artículos ilícitos dentro de los recintos penitenciarios, como celulares y drogas, mediante actuaciones coordinadas entre particulares internos y externos privados de libertad, junto con los funcionarios públicos implicados. La querella criminal interpuesta busca esclarecer estos hechos y llevar a los responsables ante la justicia para responder por sus acciones en este entramado de corrupción que ha afectado la integridad y seguridad en los centros penitenciarios mencionados. Fuente: CNN Chile País
En una decisión judicial que marca un hito en el caso de la muerte del conscripto Franco Vargas en 2024, el Juzgado de Garantía de Arica ha tomado medidas drásticas contra exintegrantes del Ejército involucrados en este trágico suceso. Tras una ardua investigación, se formalizó a cinco exmilitares por diversos cargos, entre ellos apremios ilegítimos con resultado de cuasidelito de homicidio, lesiones gravísimas y lesiones graves. Cuatro de ellos, incluyendo al excomandante Claudio Guajardo, el exteniente Björn Wohllk, el exteniente Bastián Troncoso y el exenfermero militar Manuel Zambrano, han sido enviados a prisión preventiva. Mientras tanto, el excapitán Michael Fritz enfrentará arresto domiciliario total durante la investigación. El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, destacó la importancia de esta decisión judicial al afirmar que se dieron por acreditados todos y cada uno de los hechos en la forma en que lo planteó el Ministerio Público. Esta determinación se produce luego de que el Juzgado de Garantía de Arica analizara las pruebas presentadas en audiencia y acogiera la solicitud de la Fiscalía Arica. La noticia fue compartida en redes sociales por la cuenta oficial de la Fiscalía Arica-Parinacota el 17 de diciembre de 2025. Fuente: CNN Chile País
La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, ha expresado su opinión sobre la causa conocida como “ Muñeca Bielorrusa ”, la cual investiga las acciones de autoridades chilenas en un juicio que obligó a Codelco a pagar más de $1.026 millones al consorcio bielorruso CBM. Esta situación llevó a que Vivanco enfrentara un proceso de remoción en el máximo tribunal, acusada de favorecer a la empresa extranjera. Además, se enfrenta a una querella presentada por la Fiscalía. En una entrevista con el diario El Mercurio , la exjueza abordó las acusaciones en su contra, especialmente las georreferenciaciones que la situaban cerca de la oficina de los abogados involucrados en el caso, quienes actualmente están en prisión preventiva. Vivanco defendió su posición afirmando: “tendrían que presentar ellos una georreferenciación mía durante los seis años que fui ministra. ¿ Cuántas veces a la semana iba al barrio? Porque eso de que dicen que es más intenso, ¿respecto de qué prueba? Es un asunto absurdo. Si una persona estuviera recibiendo coimas, no se va a ir a meter a cada rato a la oficina de los coimeros”. La exministra también agregó: “Si hubo algún momento que fuera más intenso, fue que a lo mejor fui a ver a alguna persona que vivía por ahí cerca. Pero hay una continuidad en que nunca suspendí mi visita o mi tránsito por ese barrio y para eso basta con que pidan la georreferenciación de todo mi tiempo de ministra “. Sobre la jueza del tribunal de garantía, señaló: “cuando uno es juez, uno tiene no solamente que analizar las presunciones y antecedentes que haya, sino que también tiene que ocupar la lógica. Nadie va a la peluquería y después a recibirse de una coima “. Finalmente, Vivanco concluyó: “Además, yo he demostrado que tengo un departamento a la vuelta de la calle. Entonces, insistir en el tema de que yo fui a las oficinas de Vargas y Lagos, cuando no se tiene ni una sola prueba de eso, salvo la georreferenciación, que implica que si uno está en el Danubio azul o está en la oficina de Lagos y Vargas o está donde la peluquera es la misma georreferenciación, y creer que con eso dan por acreditado un hecho, la verdad es que solamente habla del apuro que han tenido de tratar de dar por acreditadas cosas”. Fuente: CNN Chile País
El fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió a los nuevos antecedentes revelados en el marco del caso “ trama bielorrusa “, en el que se investigan las gestiones de autoridades chilenas en un juicio que ordenó a Codelco a pagar más de $1.026 millones al consorcio bielorruso CBM. En una entrevista con Radio Pauta , el fiscal también abordó la situación del diputado Cristián Araya (Republicano) y del senador Matías Walker (Demócratas). En relación a Araya, Ciper informó sobre un documento del OS-7 de Carabineros que interceptó una llamada en la que el suspendido conservador de Puente Alto, Sergio Yáber, admitió haber entregado $1,7 millones al diputado republicano. Por otro lado, en cuanto a Walker, Reportea reveló que Yáber transfirió $1,6 millones a la cuenta bancaria del senador para ayudarle a pagar el pasaje aéreo de su hijo que estaba realizando una pasantía en Canadá. Valencia descartó calificar a ambos como imputados, pero afirmó que los hechos deben ser investigados. En este sentido, señaló que los nuevos antecedentes ameritan una investigación y que el Ministerio Público deberá determinar si se mantienen dentro de la causa principal o si se abrirá otra carpeta. Sobre Walker, el fiscal mencionó que la situación del depósito debe ser esclarecida. Respecto a Araya, indicó que los antecedentes sugieren gestiones de apoyo a un ministro y de desprestigio de un diputado en ejercicio. Fuente: CNN Chile País
A una semana del veredicto que absolvió a todos los acusados en el caso SQM, el fiscal nacional, Ángel Valencia, se pronunció públicamente sobre la decisión del Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, el cual cuestionó severamente el desempeño del Ministerio Público. Las magistradas del tribunal argumentaron que se vulneró el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y criticaron la idoneidad de los testigos de oídas presentados por la Fiscalía, así como la calidad de los peritajes. Valencia reconoció que la resolución generó frustración dentro del organismo y admitió que aquí, por supuesto, hay responsabilidades institucionales, hay sentimientos, preocupaciones institucionales, pero esa es una causa que está pendiente, a lo menos judicialmente, legalmente. El tribunal manifestó que la sentencia la va a notificar a los intervinientes en agosto del próximo año. En ese momento la Fiscalía va a poder apreciar si procede o no la interposición de un recurso, aunque generalmente en casos como este la Fiscalía suele tener mejor disposición a presentar la nulidad. Pero no cabe duda que es una causa que se pone cuesta arriba, sostuvo. El fiscal nacional también señaló que al interior del Ministerio Público llamó la atención que el tribunal reprochara exclusivamente la duración de la investigación y del juicio a los fiscales. Todos los juicios, particularmente uno como este, van a ser objeto de análisis interno por parte del Ministerio Público porque siempre las cosas se pueden hacer mejor, afirmó Valencia. Además, añadió: Es llamativo cómo se interpreta la garantía sobre duración del plazo razonable de una investigación. De acuerdo a la jurisprudencia europea e interamericana, al momento de apreciar si hay o no razonabilidad en el plazo, no solo se tiene que considerar la actividad de la Fiscalía, se considera también la actividad del tribunal. En relación con una denuncia presentada por la defensa de Marco Enríquez-Ominami por persecución penal selectiva, Valencia confirmó que se está evaluando abrir un sumario interno y determinar qué fiscal regional encabezará la investigación administrativa. Finalmente, aseguró que los abogados del excandidato presidencial serán recibidos por una autoridad de la Fiscalía Nacional para discutir el tema: Sus abogados pidieron una entrevista. Van a ser recibidos como Fiscalía Nacional. No por quien habla, pero sí por una autoridad de la Fiscalía Nacional. Y después de escucharlos vamos a tomar alguna decisión, concluyó. Fuente: Meganoticias
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha presentado una querella criminal contra 42 funcionarios de Gendarmería de Chile, así como contra un grupo significativo de particulares, por delitos de cohecho y soborno, en el marco de la investigación conocida como “Operación Apocalipsis” liderada por el Ministerio Público. La acción judicial, presentada ante el 12° Juzgado de Garantía de Santiago, también apunta contra 35 particulares por el delito de soborno, sumando un total de 77 imputados involucrados en una serie de ilícitos relacionados con corrupción y criminalidad organizada en recintos penitenciarios de la Región Metropolitana. Según la querella del CDE, en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de San Joaquín y en el Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Uno, se estableció un patrón de intervención directa de funcionarios públicos de Gendarmería. Estos habrían solicitado, aceptado o recibido prestaciones económicas y beneficios para permitir el ingreso de personas no autorizadas como visitantes. Además, se señala que estas acciones facilitaron la introducción y circulación de artículos ilícitos dentro de los recintos penitenciarios, como celulares y drogas, mediante actuaciones coordinadas entre particulares internos y externos privados de libertad, junto con los funcionarios públicos implicados. La querella criminal interpuesta busca esclarecer estos hechos y llevar a los responsables ante la justicia para responder por sus acciones en este entramado de corrupción que ha afectado la integridad y seguridad en los centros penitenciarios mencionados. Fuente: CNN Chile País
En una decisión judicial que marca un hito en el caso de la muerte del conscripto Franco Vargas en 2024, el Juzgado de Garantía de Arica ha tomado medidas drásticas contra exintegrantes del Ejército involucrados en este trágico suceso. Tras una ardua investigación, se formalizó a cinco exmilitares por diversos cargos, entre ellos apremios ilegítimos con resultado de cuasidelito de homicidio, lesiones gravísimas y lesiones graves. Cuatro de ellos, incluyendo al excomandante Claudio Guajardo, el exteniente Björn Wohllk, el exteniente Bastián Troncoso y el exenfermero militar Manuel Zambrano, han sido enviados a prisión preventiva. Mientras tanto, el excapitán Michael Fritz enfrentará arresto domiciliario total durante la investigación. El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, destacó la importancia de esta decisión judicial al afirmar que se dieron por acreditados todos y cada uno de los hechos en la forma en que lo planteó el Ministerio Público. Esta determinación se produce luego de que el Juzgado de Garantía de Arica analizara las pruebas presentadas en audiencia y acogiera la solicitud de la Fiscalía Arica. La noticia fue compartida en redes sociales por la cuenta oficial de la Fiscalía Arica-Parinacota el 17 de diciembre de 2025. Fuente: CNN Chile País
La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, ha expresado su opinión sobre la causa conocida como “ Muñeca Bielorrusa ”, la cual investiga las acciones de autoridades chilenas en un juicio que obligó a Codelco a pagar más de $1.026 millones al consorcio bielorruso CBM. Esta situación llevó a que Vivanco enfrentara un proceso de remoción en el máximo tribunal, acusada de favorecer a la empresa extranjera. Además, se enfrenta a una querella presentada por la Fiscalía. En una entrevista con el diario El Mercurio , la exjueza abordó las acusaciones en su contra, especialmente las georreferenciaciones que la situaban cerca de la oficina de los abogados involucrados en el caso, quienes actualmente están en prisión preventiva. Vivanco defendió su posición afirmando: “tendrían que presentar ellos una georreferenciación mía durante los seis años que fui ministra. ¿ Cuántas veces a la semana iba al barrio? Porque eso de que dicen que es más intenso, ¿respecto de qué prueba? Es un asunto absurdo. Si una persona estuviera recibiendo coimas, no se va a ir a meter a cada rato a la oficina de los coimeros”. La exministra también agregó: “Si hubo algún momento que fuera más intenso, fue que a lo mejor fui a ver a alguna persona que vivía por ahí cerca. Pero hay una continuidad en que nunca suspendí mi visita o mi tránsito por ese barrio y para eso basta con que pidan la georreferenciación de todo mi tiempo de ministra “. Sobre la jueza del tribunal de garantía, señaló: “cuando uno es juez, uno tiene no solamente que analizar las presunciones y antecedentes que haya, sino que también tiene que ocupar la lógica. Nadie va a la peluquería y después a recibirse de una coima “. Finalmente, Vivanco concluyó: “Además, yo he demostrado que tengo un departamento a la vuelta de la calle. Entonces, insistir en el tema de que yo fui a las oficinas de Vargas y Lagos, cuando no se tiene ni una sola prueba de eso, salvo la georreferenciación, que implica que si uno está en el Danubio azul o está en la oficina de Lagos y Vargas o está donde la peluquera es la misma georreferenciación, y creer que con eso dan por acreditado un hecho, la verdad es que solamente habla del apuro que han tenido de tratar de dar por acreditadas cosas”. Fuente: CNN Chile País
El fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió a los nuevos antecedentes revelados en el marco del caso “ trama bielorrusa “, en el que se investigan las gestiones de autoridades chilenas en un juicio que ordenó a Codelco a pagar más de $1.026 millones al consorcio bielorruso CBM. En una entrevista con Radio Pauta , el fiscal también abordó la situación del diputado Cristián Araya (Republicano) y del senador Matías Walker (Demócratas). En relación a Araya, Ciper informó sobre un documento del OS-7 de Carabineros que interceptó una llamada en la que el suspendido conservador de Puente Alto, Sergio Yáber, admitió haber entregado $1,7 millones al diputado republicano. Por otro lado, en cuanto a Walker, Reportea reveló que Yáber transfirió $1,6 millones a la cuenta bancaria del senador para ayudarle a pagar el pasaje aéreo de su hijo que estaba realizando una pasantía en Canadá. Valencia descartó calificar a ambos como imputados, pero afirmó que los hechos deben ser investigados. En este sentido, señaló que los nuevos antecedentes ameritan una investigación y que el Ministerio Público deberá determinar si se mantienen dentro de la causa principal o si se abrirá otra carpeta. Sobre Walker, el fiscal mencionó que la situación del depósito debe ser esclarecida. Respecto a Araya, indicó que los antecedentes sugieren gestiones de apoyo a un ministro y de desprestigio de un diputado en ejercicio. Fuente: CNN Chile País
A una semana del veredicto que absolvió a todos los acusados en el caso SQM, el fiscal nacional, Ángel Valencia, se pronunció públicamente sobre la decisión del Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, el cual cuestionó severamente el desempeño del Ministerio Público. Las magistradas del tribunal argumentaron que se vulneró el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y criticaron la idoneidad de los testigos de oídas presentados por la Fiscalía, así como la calidad de los peritajes. Valencia reconoció que la resolución generó frustración dentro del organismo y admitió que aquí, por supuesto, hay responsabilidades institucionales, hay sentimientos, preocupaciones institucionales, pero esa es una causa que está pendiente, a lo menos judicialmente, legalmente. El tribunal manifestó que la sentencia la va a notificar a los intervinientes en agosto del próximo año. En ese momento la Fiscalía va a poder apreciar si procede o no la interposición de un recurso, aunque generalmente en casos como este la Fiscalía suele tener mejor disposición a presentar la nulidad. Pero no cabe duda que es una causa que se pone cuesta arriba, sostuvo. El fiscal nacional también señaló que al interior del Ministerio Público llamó la atención que el tribunal reprochara exclusivamente la duración de la investigación y del juicio a los fiscales. Todos los juicios, particularmente uno como este, van a ser objeto de análisis interno por parte del Ministerio Público porque siempre las cosas se pueden hacer mejor, afirmó Valencia. Además, añadió: Es llamativo cómo se interpreta la garantía sobre duración del plazo razonable de una investigación. De acuerdo a la jurisprudencia europea e interamericana, al momento de apreciar si hay o no razonabilidad en el plazo, no solo se tiene que considerar la actividad de la Fiscalía, se considera también la actividad del tribunal. En relación con una denuncia presentada por la defensa de Marco Enríquez-Ominami por persecución penal selectiva, Valencia confirmó que se está evaluando abrir un sumario interno y determinar qué fiscal regional encabezará la investigación administrativa. Finalmente, aseguró que los abogados del excandidato presidencial serán recibidos por una autoridad de la Fiscalía Nacional para discutir el tema: Sus abogados pidieron una entrevista. Van a ser recibidos como Fiscalía Nacional. No por quien habla, pero sí por una autoridad de la Fiscalía Nacional. Y después de escucharlos vamos a tomar alguna decisión, concluyó. Fuente: Meganoticias
