El 1° Juzgado de Garantía de Santiago, se dio inicio a la audiencia de formalización de la investigación contra un grupo de empresarios acusados de delitos tributarios, infracciones aduaneras y lavado de activos, entre otros. Este caso, considerado como el mayor fraude tributario en la historia del país, alcanzaría una cifra de cerca de 240 mil millones de pesos. Según el relato del fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza, los imputados operaban como parte de una asociación criminal estructurada bajo la figura de seis bandas o clanes criminales con características propias de asociaciones ilícitas . Estas organizaciones, cada una con roles y funciones específicas, habrían estado operando al menos desde el año 2014 hasta el 2018. Una de las bandas, liderada por José Antonio Pavez Canessa, se destacó por administrar de manera fraudulenta una red de sociedades que emitían facturas falsas a otras empresas. Este esquema permitía la rebaja indebida de cargas tributarias y la obtención de devoluciones indebidas. Además, la banda se autoemitía documentos tributarios para simular la autenticidad de las operaciones comerciales. Otra organización, encabezada por Juan Víctor Galás Rojas, se dedicaba a la emisión de facturas falsas en operaciones de exportación de teléfonos celulares. Dichas facturas eran sobrevaloradas y ficticia s, presentando documentos ideológicamente falsos para obtener devoluciones indebidas de impuestos por parte del Fisco de Chile. Olga Barraza Quezada lideró una banda que, inicialmente, buscaba rebajar de manera fraudulenta su carga impositiva y tributaria. Posteriormente, solicitaron de forma ilícita la devolución de IVA exportador, defraudando al fisco en el proceso. Otras bandas, lideradas por Juan Víctor Galás Rojas, Osvaldo Sacco Croxatto, Jorge Cuello Leiton, Nubia Luna Fernández, Cecilia Leiton Guerrero, Cristian Barriga Barriga, y Ricardo Polanco Madariaga, se dedicaron a prácticas similares, defraudando al fisco mediante la emisión de facturas ideológicamente falsas y la disminución fraudulenta de la renta que debían pagar. El fiscal Baeza detalló que estas asociaciones ilícitas operaron entre los años comerciales 2014 a 2020, lideradas por distintos individuos. Se reveló que se emitieron más de 100,000 facturas falsas a 3,308 contribuyentes, dando cuenta de operaciones comerciales inexistentes. Además, los implicados disminuyeron el impuesto a la renta y aumentaron indebidamente el crédito fiscal IVA, entre otros ilícitos.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) confirmó la existencia del megafraude tributario más grande registrado en la historia del país, con un perjuicio fiscal estimado en 240 mil millones de pesos. Este escandaloso caso ha llevado a la detención de 55 empresarios en un operativo liderado por la Policía de Investigaciones (PDI). Conforme a lo revelado por el equipo de Investigación de BioBioChile, la investigación, desencadenada por querellas presentadas por Aduanas y el propio SII, revela que los detenidos formaban parte de una extensa red que operaba a nivel nacional. Más de 100 mil facturas falsas fueron utilizadas por más de 340 contribuyentes, afectando diversas ciudades como Arica, Talca, Santiago, Puerto Montt, entre otras. Marcelo Freyhoffer, subdirector Jurídico del SII, destacó que el fraude fue descubierto gracias a querellas presentadas por el Servicio desde 2016. Entre los ejemplos mencionados, resalta el caso de José Antonio Canessa, quien creó varias empresas con el propósito de emitir facturas falsas, incrementando su crédito fiscal para eludir el pago de impuestos. Las empresas creadas por los detenidos, todas de tamaño mediano y de distintos rubros, incluyendo construcción y servicios, fueron ubicadas en diversas ciudades, desde Arica hasta Puerto Montt. La acción colaborativa con el Ministerio Público permitió la detección de redes interconectadas entre estas compañías. El operativo policial se llevó a cabo simultáneamente en 83 domicilios distribuidos en diez regiones del país, logrando la captura de los 55 empresarios involucrados en el megafraude. Freyhoffer subrayó que, hasta el momento, el fraude abarca únicamente el territorio nacional, sin detectarse operaciones en el exterior vinculadas a esta red. Asimismo, se espera que las acciones legales contemplen las cautelares necesarias para llevar a cabo un proceso judicial transparente y efectivo. El abogado y exfiscal, Carlos Gajardo, destacó la magnitud del caso, comparándolo con otros escándalos tributarios en Chile. Mientras el Caso Penta involucró aproximadamente mil boletas falsas y el Caso Factop 9.000 facturas falsas, este megafraude abarca la asombrosa cifra de 100 mil facturas falsas, con un perjuicio fiscal de 240 mil millones de pesos, equivalente a varias teletones combinadas.
El 1° Juzgado de Garantía de Santiago, se dio inicio a la audiencia de formalización de la investigación contra un grupo de empresarios acusados de delitos tributarios, infracciones aduaneras y lavado de activos, entre otros. Este caso, considerado como el mayor fraude tributario en la historia del país, alcanzaría una cifra de cerca de 240 mil millones de pesos. Según el relato del fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza, los imputados operaban como parte de una asociación criminal estructurada bajo la figura de seis bandas o clanes criminales con características propias de asociaciones ilícitas . Estas organizaciones, cada una con roles y funciones específicas, habrían estado operando al menos desde el año 2014 hasta el 2018. Una de las bandas, liderada por José Antonio Pavez Canessa, se destacó por administrar de manera fraudulenta una red de sociedades que emitían facturas falsas a otras empresas. Este esquema permitía la rebaja indebida de cargas tributarias y la obtención de devoluciones indebidas. Además, la banda se autoemitía documentos tributarios para simular la autenticidad de las operaciones comerciales. Otra organización, encabezada por Juan Víctor Galás Rojas, se dedicaba a la emisión de facturas falsas en operaciones de exportación de teléfonos celulares. Dichas facturas eran sobrevaloradas y ficticia s, presentando documentos ideológicamente falsos para obtener devoluciones indebidas de impuestos por parte del Fisco de Chile. Olga Barraza Quezada lideró una banda que, inicialmente, buscaba rebajar de manera fraudulenta su carga impositiva y tributaria. Posteriormente, solicitaron de forma ilícita la devolución de IVA exportador, defraudando al fisco en el proceso. Otras bandas, lideradas por Juan Víctor Galás Rojas, Osvaldo Sacco Croxatto, Jorge Cuello Leiton, Nubia Luna Fernández, Cecilia Leiton Guerrero, Cristian Barriga Barriga, y Ricardo Polanco Madariaga, se dedicaron a prácticas similares, defraudando al fisco mediante la emisión de facturas ideológicamente falsas y la disminución fraudulenta de la renta que debían pagar. El fiscal Baeza detalló que estas asociaciones ilícitas operaron entre los años comerciales 2014 a 2020, lideradas por distintos individuos. Se reveló que se emitieron más de 100,000 facturas falsas a 3,308 contribuyentes, dando cuenta de operaciones comerciales inexistentes. Además, los implicados disminuyeron el impuesto a la renta y aumentaron indebidamente el crédito fiscal IVA, entre otros ilícitos.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) confirmó la existencia del megafraude tributario más grande registrado en la historia del país, con un perjuicio fiscal estimado en 240 mil millones de pesos. Este escandaloso caso ha llevado a la detención de 55 empresarios en un operativo liderado por la Policía de Investigaciones (PDI). Conforme a lo revelado por el equipo de Investigación de BioBioChile, la investigación, desencadenada por querellas presentadas por Aduanas y el propio SII, revela que los detenidos formaban parte de una extensa red que operaba a nivel nacional. Más de 100 mil facturas falsas fueron utilizadas por más de 340 contribuyentes, afectando diversas ciudades como Arica, Talca, Santiago, Puerto Montt, entre otras. Marcelo Freyhoffer, subdirector Jurídico del SII, destacó que el fraude fue descubierto gracias a querellas presentadas por el Servicio desde 2016. Entre los ejemplos mencionados, resalta el caso de José Antonio Canessa, quien creó varias empresas con el propósito de emitir facturas falsas, incrementando su crédito fiscal para eludir el pago de impuestos. Las empresas creadas por los detenidos, todas de tamaño mediano y de distintos rubros, incluyendo construcción y servicios, fueron ubicadas en diversas ciudades, desde Arica hasta Puerto Montt. La acción colaborativa con el Ministerio Público permitió la detección de redes interconectadas entre estas compañías. El operativo policial se llevó a cabo simultáneamente en 83 domicilios distribuidos en diez regiones del país, logrando la captura de los 55 empresarios involucrados en el megafraude. Freyhoffer subrayó que, hasta el momento, el fraude abarca únicamente el territorio nacional, sin detectarse operaciones en el exterior vinculadas a esta red. Asimismo, se espera que las acciones legales contemplen las cautelares necesarias para llevar a cabo un proceso judicial transparente y efectivo. El abogado y exfiscal, Carlos Gajardo, destacó la magnitud del caso, comparándolo con otros escándalos tributarios en Chile. Mientras el Caso Penta involucró aproximadamente mil boletas falsas y el Caso Factop 9.000 facturas falsas, este megafraude abarca la asombrosa cifra de 100 mil facturas falsas, con un perjuicio fiscal de 240 mil millones de pesos, equivalente a varias teletones combinadas.
