Solo 23 de las 345 municipalidades de Chile cumplen completamente con sus obligaciones de transparencia activa, según reveló una fiscalización realizada por el Consejo para la Transparencia (CPLT), que identificó importantes brechas en el acceso ciudadano a información sobre el uso de recursos públicos. El informe, elaborado entre abril y julio de 2026, estableció que el cumplimiento promedio nacional llegó al 88,5%, registrando un aumento de 6,7 puntos porcentuales respecto del año anterior. Se trata del mejor resultado desde que comenzaron estas mediciones en 2012. Sin embargo, el organismo advirtió que 322 municipios todavía presentan algún grado de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación. La presidenta del CPLT, María Jaraquemada, reconoció que los resultados muestran avances, aunque también reflejan dificultades persistentes en áreas relevantes para la fiscalización ciudadana. Gastos públicos y deudas municipales presentan las mayores deficiencias Uno de los aspectos más preocupantes identificados en el estudio corresponde a la disponibilidad de información financiera de los municipios. De acuerdo con los resultados, la publicación de antecedentes presupuestarios alcanzó un 74% de cumplimiento, mientras que la información sobre adquisiciones y contrataciones llegó al 76,9%. La principal brecha se detectó en las deudas de las corporaciones municipales, cuyo nivel de cumplimiento fue de apenas un 46,5%. Asimismo, la publicación de contratos realizados fuera de Mercado Público registró un 60%, evidenciando dificultades para acceder a antecedentes sobre determinadas operaciones municipales. La presidenta del Consejo para la Transparencia enfatizó que conocer cómo se utilizan los recursos públicos constituye una de las principales demandas de información de la ciudadanía. En ese sentido, advirtió que la falta de transparencia puede aumentar los riesgos de irregularidades administrativas, aunque precisó que un incumplimiento en la publicación de antecedentes no significa necesariamente que existan actos de corrupción. ¿Qué municipalidades cumplen completamente con la Ley de Transparencia? La fiscalización identificó a 23 municipios que alcanzaron el 100% de cumplimiento de las obligaciones evaluadas. Entre ellos se encuentran las municipalidades de Angol, Antofagasta, Curicó, Providencia y Puerto Montt, que lograron publicar la totalidad de los antecedentes exigidos en la revisión. En el extremo contrario, el informe identificó a varias comunas con niveles de cumplimiento considerablemente inferiores al promedio nacional. Entre los resultados más bajos aparecen: Huasco, Región de Atacama: 43,6%. Curarrehue, Región de La Araucanía: 47,2%. Catemu, Región de Valparaíso: 49,9%. Longaví, Región del Maule: 51,6%. Independencia, Región Metropolitana: 52,6%. Desde el CPLT explicaron que algunos municipios atribuyen sus dificultades a la falta de personal especializado o de capacidades técnicas. Sin embargo, recalcaron que estas condiciones no eliminan la obligación legal de mantener disponible y actualizada la información pública. Municipios muestran avances respecto de 2025 Pese a las deficiencias detectadas, el estudio también evidenció mejoras relevantes en el desempeño de numerosas administraciones comunales. Según el organismo, 39 de las 41 municipalidades que obtuvieron los resultados más bajos durante 2025 mejoraron sus indicadores en 2026, con un incremento promedio de 30,4 puntos porcentuales. Este avance contribuyó a elevar el cumplimiento nacional hasta su nivel más alto desde el inicio de las fiscalizaciones. No obstante, el Consejo insistió en que todavía existen diferencias importantes entre municipalidades, especialmente en la entrega de antecedentes financieros y contractuales. Consejo para la Transparencia advierte multas por incumplimientos Frente a los resultados, el CPLT anunció que desarrollará investigaciones sumarias para determinar eventuales responsabilidades por el incumplimiento de las obligaciones legales. La normativa contempla multas de entre el 20% y el 50% de la remuneración mensual del infractor, cuando se acrediten incumplimientos injustificados. Junto con las medidas de fiscalización, el organismo continuará realizando capacitaciones y acciones de acompañamiento técnico para fortalecer el cumplimiento de la Ley de Transparencia en los gobiernos comunales. El objetivo institucional es que el promedio nacional supere el 90% durante 2027. Para el Consejo, mejorar el acceso a información sobre presupuestos, gastos, contrataciones y deudas municipales es fundamental para fortalecer la rendición de cuentas y recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. Aunque los resultados muestran una evolución positiva, el hecho de que solo 23 municipalidades cumplan la totalidad de las exigencias evidencia los desafíos que todavía enfrenta Chile en materia de transparencia y acceso a la información pública.
Diferentes municipios de al menos cuatro regiones decidieron mantener las clases suspendidas para este miércoles debido al intenso sistema frontal que afecta a gran parte de país. Esto, en contraste al anuncio del Gobierno de reanudar las actividades académicas. En específico, alrededor de una decena de comunas, divididas entre las regiones Metropolitana, de Valparaíso, Coquimbo y O’Higgins, continuarán con la suspensión de clases para este 21 de octubre. Lo anterior, como una medida de prevención y resguardo a causa de las condiciones meteorológicas adversas pronosticadas. Clases suspendidas en 3 comunas de Coquimbo En la región de Coquimbo, tres comunas confirmaron la decisión de mantener suspendidas las clases: Los Vilos, Salamanca y Canela. Sobre la primera, el municipio de Los Vilos afirmó que la medida es válida para “todos los establecimientos educacionales, incluyendo jardines infantiles, de carácter municipal”.
En el marco de la discusión de la Ley de Presupuestos 2027, este martes se rechazó, tras un triple empate, la partida destinada al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred). La votación se produjo en medio de las emergencias que han afectado a distintas zonas del país y de los cuestionamientos sobre la distribución y ejecución de los recursos públicos destinados a enfrentar catástrofes. Pese al rechazo registrado este martes, la partida aún podría ser repuesta durante su discusión en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, integrada por 13 senadores y 13 diputados, instancia en la que el Gobierno cuenta con mayoría. Pese a ello, la restitución de los recursos podría abrir un nuevo debate debido a que el Gobierno ha argumentado que muchos de los recursos recortados a Senapred correspondían a fondos que no habían sido postulados desde el Programa de Gestión del Riesgo de Desastres del servicio. Desde la oposición, en cambio, han planteado que el Ejecutivo debería asignar y ejecutar directamente esos recursos, en lugar de dejar esa responsabilidad en manos de los municipios. En caso de que la partida vuelva a ser rechazada durante la discusión en Sala, el reglamento contempla que se mantenga la propuesta ingresada originalmente por el Gobierno. Por ello, todavía existe margen para introducir modificaciones durante la tramitación presupuestaria. Sobre esto se refirió el senador Renzo Trisotti (REP), quien indicó que si se miran las partidas de manera integral, se evidencia un aumento marginal. “Por lo tanto, uno esperaría que se tome en consideración esto”, señaló. “Por supuesto que todos queremos más recursos para un año que ha sido especialmente complejo. Lamentablemente, se gana con votos y espero que durante el resto de la tramitación podamos llegar a un acuerdo en que estén todos los recursos, pero con mucha eficiencia”, explicó.
Solo 23 de las 345 municipalidades de Chile cumplen completamente con sus obligaciones de transparencia activa, según reveló una fiscalización realizada por el Consejo para la Transparencia (CPLT), que identificó importantes brechas en el acceso ciudadano a información sobre el uso de recursos públicos. El informe, elaborado entre abril y julio de 2026, estableció que el cumplimiento promedio nacional llegó al 88,5%, registrando un aumento de 6,7 puntos porcentuales respecto del año anterior. Se trata del mejor resultado desde que comenzaron estas mediciones en 2012. Sin embargo, el organismo advirtió que 322 municipios todavía presentan algún grado de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación. La presidenta del CPLT, María Jaraquemada, reconoció que los resultados muestran avances, aunque también reflejan dificultades persistentes en áreas relevantes para la fiscalización ciudadana. Gastos públicos y deudas municipales presentan las mayores deficiencias Uno de los aspectos más preocupantes identificados en el estudio corresponde a la disponibilidad de información financiera de los municipios. De acuerdo con los resultados, la publicación de antecedentes presupuestarios alcanzó un 74% de cumplimiento, mientras que la información sobre adquisiciones y contrataciones llegó al 76,9%. La principal brecha se detectó en las deudas de las corporaciones municipales, cuyo nivel de cumplimiento fue de apenas un 46,5%. Asimismo, la publicación de contratos realizados fuera de Mercado Público registró un 60%, evidenciando dificultades para acceder a antecedentes sobre determinadas operaciones municipales. La presidenta del Consejo para la Transparencia enfatizó que conocer cómo se utilizan los recursos públicos constituye una de las principales demandas de información de la ciudadanía. En ese sentido, advirtió que la falta de transparencia puede aumentar los riesgos de irregularidades administrativas, aunque precisó que un incumplimiento en la publicación de antecedentes no significa necesariamente que existan actos de corrupción. ¿Qué municipalidades cumplen completamente con la Ley de Transparencia? La fiscalización identificó a 23 municipios que alcanzaron el 100% de cumplimiento de las obligaciones evaluadas. Entre ellos se encuentran las municipalidades de Angol, Antofagasta, Curicó, Providencia y Puerto Montt, que lograron publicar la totalidad de los antecedentes exigidos en la revisión. En el extremo contrario, el informe identificó a varias comunas con niveles de cumplimiento considerablemente inferiores al promedio nacional. Entre los resultados más bajos aparecen: Huasco, Región de Atacama: 43,6%. Curarrehue, Región de La Araucanía: 47,2%. Catemu, Región de Valparaíso: 49,9%. Longaví, Región del Maule: 51,6%. Independencia, Región Metropolitana: 52,6%. Desde el CPLT explicaron que algunos municipios atribuyen sus dificultades a la falta de personal especializado o de capacidades técnicas. Sin embargo, recalcaron que estas condiciones no eliminan la obligación legal de mantener disponible y actualizada la información pública. Municipios muestran avances respecto de 2025 Pese a las deficiencias detectadas, el estudio también evidenció mejoras relevantes en el desempeño de numerosas administraciones comunales. Según el organismo, 39 de las 41 municipalidades que obtuvieron los resultados más bajos durante 2025 mejoraron sus indicadores en 2026, con un incremento promedio de 30,4 puntos porcentuales. Este avance contribuyó a elevar el cumplimiento nacional hasta su nivel más alto desde el inicio de las fiscalizaciones. No obstante, el Consejo insistió en que todavía existen diferencias importantes entre municipalidades, especialmente en la entrega de antecedentes financieros y contractuales. Consejo para la Transparencia advierte multas por incumplimientos Frente a los resultados, el CPLT anunció que desarrollará investigaciones sumarias para determinar eventuales responsabilidades por el incumplimiento de las obligaciones legales. La normativa contempla multas de entre el 20% y el 50% de la remuneración mensual del infractor, cuando se acrediten incumplimientos injustificados. Junto con las medidas de fiscalización, el organismo continuará realizando capacitaciones y acciones de acompañamiento técnico para fortalecer el cumplimiento de la Ley de Transparencia en los gobiernos comunales. El objetivo institucional es que el promedio nacional supere el 90% durante 2027. Para el Consejo, mejorar el acceso a información sobre presupuestos, gastos, contrataciones y deudas municipales es fundamental para fortalecer la rendición de cuentas y recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. Aunque los resultados muestran una evolución positiva, el hecho de que solo 23 municipalidades cumplan la totalidad de las exigencias evidencia los desafíos que todavía enfrenta Chile en materia de transparencia y acceso a la información pública.
Diferentes municipios de al menos cuatro regiones decidieron mantener las clases suspendidas para este miércoles debido al intenso sistema frontal que afecta a gran parte de país. Esto, en contraste al anuncio del Gobierno de reanudar las actividades académicas. En específico, alrededor de una decena de comunas, divididas entre las regiones Metropolitana, de Valparaíso, Coquimbo y O’Higgins, continuarán con la suspensión de clases para este 21 de octubre. Lo anterior, como una medida de prevención y resguardo a causa de las condiciones meteorológicas adversas pronosticadas. Clases suspendidas en 3 comunas de Coquimbo En la región de Coquimbo, tres comunas confirmaron la decisión de mantener suspendidas las clases: Los Vilos, Salamanca y Canela. Sobre la primera, el municipio de Los Vilos afirmó que la medida es válida para “todos los establecimientos educacionales, incluyendo jardines infantiles, de carácter municipal”.
En el marco de la discusión de la Ley de Presupuestos 2027, este martes se rechazó, tras un triple empate, la partida destinada al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred). La votación se produjo en medio de las emergencias que han afectado a distintas zonas del país y de los cuestionamientos sobre la distribución y ejecución de los recursos públicos destinados a enfrentar catástrofes. Pese al rechazo registrado este martes, la partida aún podría ser repuesta durante su discusión en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, integrada por 13 senadores y 13 diputados, instancia en la que el Gobierno cuenta con mayoría. Pese a ello, la restitución de los recursos podría abrir un nuevo debate debido a que el Gobierno ha argumentado que muchos de los recursos recortados a Senapred correspondían a fondos que no habían sido postulados desde el Programa de Gestión del Riesgo de Desastres del servicio. Desde la oposición, en cambio, han planteado que el Ejecutivo debería asignar y ejecutar directamente esos recursos, en lugar de dejar esa responsabilidad en manos de los municipios. En caso de que la partida vuelva a ser rechazada durante la discusión en Sala, el reglamento contempla que se mantenga la propuesta ingresada originalmente por el Gobierno. Por ello, todavía existe margen para introducir modificaciones durante la tramitación presupuestaria. Sobre esto se refirió el senador Renzo Trisotti (REP), quien indicó que si se miran las partidas de manera integral, se evidencia un aumento marginal. “Por lo tanto, uno esperaría que se tome en consideración esto”, señaló. “Por supuesto que todos queremos más recursos para un año que ha sido especialmente complejo. Lamentablemente, se gana con votos y espero que durante el resto de la tramitación podamos llegar a un acuerdo en que estén todos los recursos, pero con mucha eficiencia”, explicó.
