Las bebidas deportivas (energéticas, hipotónicas e isotónicas) y néctares comenzarán a pagar impuestos en Chile, de acuerdo con una circular del Servicio de Impuestos Internos (SII). En el documento se establece que a las “bebidas analcohólicas (sin alcohol) naturales o artificiales, energizantes o hipertónicas, jarabes y en general cualquier otro producto que las sustituya o que sirva para preparar bebidas similares, y las aguas minerales o termales a las cuales se les haya adicionado colorante, sabor o edulcorantes” se les establecerá un impuesto del 10%. En el caso de que contengan más de 1 5 gramos de azúcares por cada 240 mililitros, o su porción equivalente, el gravamen se eleva al 18%. Según detalló el SII, para efectos de aplicar este mencionado impuesto, se entendió que las “bebidas hipotónicas, isotónicas y néctares son productos que se pueden clasificar como bebidas analcohólicas. Esto basado en las definiciones técnicas actualizadas por el Ministerio de Salud. La nueva circular entrará en vigencia a partir de junio de 2024 para las ventas o importaciones de este tipo de alimentos. El pago será durante julio del mismo año. Por su parte, el Gremio mostró reparos previamente sobre la modificación al Impuesto Agregado a las Bebidas Analcohólicas (IABA). Según afirmaron la iniciativa “de dudosa legalidad podría afectar gravemente el principio de legalidad tributaria”. Ahora con la nueva Circular del SII buscarán iniciar acciones legales para dejarla sin efecto.
El 1° Juzgado de Garantía de Santiago, se dio inicio a la audiencia de formalización de la investigación contra un grupo de empresarios acusados de delitos tributarios, infracciones aduaneras y lavado de activos, entre otros. Este caso, considerado como el mayor fraude tributario en la historia del país, alcanzaría una cifra de cerca de 240 mil millones de pesos. Según el relato del fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza, los imputados operaban como parte de una asociación criminal estructurada bajo la figura de seis bandas o clanes criminales con características propias de asociaciones ilícitas . Estas organizaciones, cada una con roles y funciones específicas, habrían estado operando al menos desde el año 2014 hasta el 2018. Una de las bandas, liderada por José Antonio Pavez Canessa, se destacó por administrar de manera fraudulenta una red de sociedades que emitían facturas falsas a otras empresas. Este esquema permitía la rebaja indebida de cargas tributarias y la obtención de devoluciones indebidas. Además, la banda se autoemitía documentos tributarios para simular la autenticidad de las operaciones comerciales. Otra organización, encabezada por Juan Víctor Galás Rojas, se dedicaba a la emisión de facturas falsas en operaciones de exportación de teléfonos celulares. Dichas facturas eran sobrevaloradas y ficticia s, presentando documentos ideológicamente falsos para obtener devoluciones indebidas de impuestos por parte del Fisco de Chile. Olga Barraza Quezada lideró una banda que, inicialmente, buscaba rebajar de manera fraudulenta su carga impositiva y tributaria. Posteriormente, solicitaron de forma ilícita la devolución de IVA exportador, defraudando al fisco en el proceso. Otras bandas, lideradas por Juan Víctor Galás Rojas, Osvaldo Sacco Croxatto, Jorge Cuello Leiton, Nubia Luna Fernández, Cecilia Leiton Guerrero, Cristian Barriga Barriga, y Ricardo Polanco Madariaga, se dedicaron a prácticas similares, defraudando al fisco mediante la emisión de facturas ideológicamente falsas y la disminución fraudulenta de la renta que debían pagar. El fiscal Baeza detalló que estas asociaciones ilícitas operaron entre los años comerciales 2014 a 2020, lideradas por distintos individuos. Se reveló que se emitieron más de 100,000 facturas falsas a 3,308 contribuyentes, dando cuenta de operaciones comerciales inexistentes. Además, los implicados disminuyeron el impuesto a la renta y aumentaron indebidamente el crédito fiscal IVA, entre otros ilícitos.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) confirmó la existencia del megafraude tributario más grande registrado en la historia del país, con un perjuicio fiscal estimado en 240 mil millones de pesos. Este escandaloso caso ha llevado a la detención de 55 empresarios en un operativo liderado por la Policía de Investigaciones (PDI). Conforme a lo revelado por el equipo de Investigación de BioBioChile, la investigación, desencadenada por querellas presentadas por Aduanas y el propio SII, revela que los detenidos formaban parte de una extensa red que operaba a nivel nacional. Más de 100 mil facturas falsas fueron utilizadas por más de 340 contribuyentes, afectando diversas ciudades como Arica, Talca, Santiago, Puerto Montt, entre otras. Marcelo Freyhoffer, subdirector Jurídico del SII, destacó que el fraude fue descubierto gracias a querellas presentadas por el Servicio desde 2016. Entre los ejemplos mencionados, resalta el caso de José Antonio Canessa, quien creó varias empresas con el propósito de emitir facturas falsas, incrementando su crédito fiscal para eludir el pago de impuestos. Las empresas creadas por los detenidos, todas de tamaño mediano y de distintos rubros, incluyendo construcción y servicios, fueron ubicadas en diversas ciudades, desde Arica hasta Puerto Montt. La acción colaborativa con el Ministerio Público permitió la detección de redes interconectadas entre estas compañías. El operativo policial se llevó a cabo simultáneamente en 83 domicilios distribuidos en diez regiones del país, logrando la captura de los 55 empresarios involucrados en el megafraude. Freyhoffer subrayó que, hasta el momento, el fraude abarca únicamente el territorio nacional, sin detectarse operaciones en el exterior vinculadas a esta red. Asimismo, se espera que las acciones legales contemplen las cautelares necesarias para llevar a cabo un proceso judicial transparente y efectivo. El abogado y exfiscal, Carlos Gajardo, destacó la magnitud del caso, comparándolo con otros escándalos tributarios en Chile. Mientras el Caso Penta involucró aproximadamente mil boletas falsas y el Caso Factop 9.000 facturas falsas, este megafraude abarca la asombrosa cifra de 100 mil facturas falsas, con un perjuicio fiscal de 240 mil millones de pesos, equivalente a varias teletones combinadas.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) tomó la decisión de remover de su cargo al director deGrandes Contribuyentes, Christian Soto, con efecto inmediato. Esta determinación se basa en los antecedentes preliminares recabados en el marco de la investigación interna que lleva a cabo el SII por el llamado “caso audios” y las diligencias decretadas por el Ministerio Público por el eventual delito de cohecho, lo que ha llevado a que el director Hernán Frigolett haya perdido la confianza en la gestión de Christian Soto. Esta decisión se da a conocer luego de que se revelara la grabación de una reunión entre abogados y un empresario sancionado por operaciones irregulares, en la que se mencionan pagos de dinero a funcionarios del SII y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) con el objetivo de zafar al empresario de su complicado escenario. El SII informó que continúa en pleno proceso de sumario administrativo en el marco de este caso y no descarta la adopción de medidas adicionales respecto de otros funcionarios. Tanto la investigación penal del Ministerio Público como el sumario interno tienen carácter reservado. El SII se compromete a seguir colaborando con el Ministerio Público para aportar al éxito de la investigación y asegurar que los responsables de cualquier hecho constitutivo de delito sean debidamente sancionados. La Comisión de Hacienda de la Cámara Alta también recibió a Solange Berstein, la presidenta de la CMF y al director del SII para analizar la filtración del audio, donde se detalló la cronología de las multas y sanciones que pesan sobre el empresario y sus firmas. La presidenta de la CMF afirmó que recibieron el audio un día antes de que se difundiera por la prensa. En relación con el posible pago de sobornos, señaló que eso aún no ha sido probado. Por otro lado, Frigolett, en representación del SII, mencionó que conocieron el audio después de que se hiciera público. También anunció que la Comisión de Hacienda trabajaría para identificar las r esponsabilidades de los funcionarios y las redes de aquellos que resulten responsables.
Un equipo de persecutores especializados de la Fiscalía Metropolitana Oriente asumirá la investigación penal iniciada de oficio por el Ministerio Público, tras la revelación de un audio que vincula al abogado Luis Hermosilla en presuntos pagos de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF). En una entrevista matinal con radio Infinita este miércoles, el fiscal nacional, Ángel Valencia, abordó el caso, subrayando la complejidad de la investigación. “Esto va a requerir una investigación que es larga , no va a tener resultado inmediato, pese a que el audio es muy explícito . No es un asunto de un día para el otro y por eso, todos los recursos que necesite la Fiscalía Oriente, lo vamos a poner a disposición para que estos hechos puedan esclarecerse ”, señaló Valencia. Luis Hermosilla, quien ejerce como abogado del empresario Daniel Sauer, controlador del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF, se ve involucrado en el audio dado a conocer por Ciper Chile . En la grabación de una reunión entre Hermosilla, Sauer y la abogada Leonarda Villalobos, se discute sobre presuntos pagos a funcionarios públicos para obtener información privilegiada en beneficio del empresario. El fiscal nacional destacó la importancia de verificar todas las circunstancias al acreditar las palabras de una persona y subrayó la complejidad de la investigación. “Acreditar las palabras de una persona, hay que verificar todo lo sucedido y para eso es una investigación larga , es mucho más difícil que un robo de un supermercado”. “Pido compresión, creamos una unidad para fortalecer la capacidad de los fiscales en diversas investigaciones, porque advertíamos que la simple espera de los peritajes demoraba las investigaciones y hacemos el mejor esfuerzo con lo que tenemos” .
Las bebidas deportivas (energéticas, hipotónicas e isotónicas) y néctares comenzarán a pagar impuestos en Chile, de acuerdo con una circular del Servicio de Impuestos Internos (SII). En el documento se establece que a las “bebidas analcohólicas (sin alcohol) naturales o artificiales, energizantes o hipertónicas, jarabes y en general cualquier otro producto que las sustituya o que sirva para preparar bebidas similares, y las aguas minerales o termales a las cuales se les haya adicionado colorante, sabor o edulcorantes” se les establecerá un impuesto del 10%. En el caso de que contengan más de 1 5 gramos de azúcares por cada 240 mililitros, o su porción equivalente, el gravamen se eleva al 18%. Según detalló el SII, para efectos de aplicar este mencionado impuesto, se entendió que las “bebidas hipotónicas, isotónicas y néctares son productos que se pueden clasificar como bebidas analcohólicas. Esto basado en las definiciones técnicas actualizadas por el Ministerio de Salud. La nueva circular entrará en vigencia a partir de junio de 2024 para las ventas o importaciones de este tipo de alimentos. El pago será durante julio del mismo año. Por su parte, el Gremio mostró reparos previamente sobre la modificación al Impuesto Agregado a las Bebidas Analcohólicas (IABA). Según afirmaron la iniciativa “de dudosa legalidad podría afectar gravemente el principio de legalidad tributaria”. Ahora con la nueva Circular del SII buscarán iniciar acciones legales para dejarla sin efecto.
El 1° Juzgado de Garantía de Santiago, se dio inicio a la audiencia de formalización de la investigación contra un grupo de empresarios acusados de delitos tributarios, infracciones aduaneras y lavado de activos, entre otros. Este caso, considerado como el mayor fraude tributario en la historia del país, alcanzaría una cifra de cerca de 240 mil millones de pesos. Según el relato del fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza, los imputados operaban como parte de una asociación criminal estructurada bajo la figura de seis bandas o clanes criminales con características propias de asociaciones ilícitas . Estas organizaciones, cada una con roles y funciones específicas, habrían estado operando al menos desde el año 2014 hasta el 2018. Una de las bandas, liderada por José Antonio Pavez Canessa, se destacó por administrar de manera fraudulenta una red de sociedades que emitían facturas falsas a otras empresas. Este esquema permitía la rebaja indebida de cargas tributarias y la obtención de devoluciones indebidas. Además, la banda se autoemitía documentos tributarios para simular la autenticidad de las operaciones comerciales. Otra organización, encabezada por Juan Víctor Galás Rojas, se dedicaba a la emisión de facturas falsas en operaciones de exportación de teléfonos celulares. Dichas facturas eran sobrevaloradas y ficticia s, presentando documentos ideológicamente falsos para obtener devoluciones indebidas de impuestos por parte del Fisco de Chile. Olga Barraza Quezada lideró una banda que, inicialmente, buscaba rebajar de manera fraudulenta su carga impositiva y tributaria. Posteriormente, solicitaron de forma ilícita la devolución de IVA exportador, defraudando al fisco en el proceso. Otras bandas, lideradas por Juan Víctor Galás Rojas, Osvaldo Sacco Croxatto, Jorge Cuello Leiton, Nubia Luna Fernández, Cecilia Leiton Guerrero, Cristian Barriga Barriga, y Ricardo Polanco Madariaga, se dedicaron a prácticas similares, defraudando al fisco mediante la emisión de facturas ideológicamente falsas y la disminución fraudulenta de la renta que debían pagar. El fiscal Baeza detalló que estas asociaciones ilícitas operaron entre los años comerciales 2014 a 2020, lideradas por distintos individuos. Se reveló que se emitieron más de 100,000 facturas falsas a 3,308 contribuyentes, dando cuenta de operaciones comerciales inexistentes. Además, los implicados disminuyeron el impuesto a la renta y aumentaron indebidamente el crédito fiscal IVA, entre otros ilícitos.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) confirmó la existencia del megafraude tributario más grande registrado en la historia del país, con un perjuicio fiscal estimado en 240 mil millones de pesos. Este escandaloso caso ha llevado a la detención de 55 empresarios en un operativo liderado por la Policía de Investigaciones (PDI). Conforme a lo revelado por el equipo de Investigación de BioBioChile, la investigación, desencadenada por querellas presentadas por Aduanas y el propio SII, revela que los detenidos formaban parte de una extensa red que operaba a nivel nacional. Más de 100 mil facturas falsas fueron utilizadas por más de 340 contribuyentes, afectando diversas ciudades como Arica, Talca, Santiago, Puerto Montt, entre otras. Marcelo Freyhoffer, subdirector Jurídico del SII, destacó que el fraude fue descubierto gracias a querellas presentadas por el Servicio desde 2016. Entre los ejemplos mencionados, resalta el caso de José Antonio Canessa, quien creó varias empresas con el propósito de emitir facturas falsas, incrementando su crédito fiscal para eludir el pago de impuestos. Las empresas creadas por los detenidos, todas de tamaño mediano y de distintos rubros, incluyendo construcción y servicios, fueron ubicadas en diversas ciudades, desde Arica hasta Puerto Montt. La acción colaborativa con el Ministerio Público permitió la detección de redes interconectadas entre estas compañías. El operativo policial se llevó a cabo simultáneamente en 83 domicilios distribuidos en diez regiones del país, logrando la captura de los 55 empresarios involucrados en el megafraude. Freyhoffer subrayó que, hasta el momento, el fraude abarca únicamente el territorio nacional, sin detectarse operaciones en el exterior vinculadas a esta red. Asimismo, se espera que las acciones legales contemplen las cautelares necesarias para llevar a cabo un proceso judicial transparente y efectivo. El abogado y exfiscal, Carlos Gajardo, destacó la magnitud del caso, comparándolo con otros escándalos tributarios en Chile. Mientras el Caso Penta involucró aproximadamente mil boletas falsas y el Caso Factop 9.000 facturas falsas, este megafraude abarca la asombrosa cifra de 100 mil facturas falsas, con un perjuicio fiscal de 240 mil millones de pesos, equivalente a varias teletones combinadas.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) tomó la decisión de remover de su cargo al director deGrandes Contribuyentes, Christian Soto, con efecto inmediato. Esta determinación se basa en los antecedentes preliminares recabados en el marco de la investigación interna que lleva a cabo el SII por el llamado “caso audios” y las diligencias decretadas por el Ministerio Público por el eventual delito de cohecho, lo que ha llevado a que el director Hernán Frigolett haya perdido la confianza en la gestión de Christian Soto. Esta decisión se da a conocer luego de que se revelara la grabación de una reunión entre abogados y un empresario sancionado por operaciones irregulares, en la que se mencionan pagos de dinero a funcionarios del SII y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) con el objetivo de zafar al empresario de su complicado escenario. El SII informó que continúa en pleno proceso de sumario administrativo en el marco de este caso y no descarta la adopción de medidas adicionales respecto de otros funcionarios. Tanto la investigación penal del Ministerio Público como el sumario interno tienen carácter reservado. El SII se compromete a seguir colaborando con el Ministerio Público para aportar al éxito de la investigación y asegurar que los responsables de cualquier hecho constitutivo de delito sean debidamente sancionados. La Comisión de Hacienda de la Cámara Alta también recibió a Solange Berstein, la presidenta de la CMF y al director del SII para analizar la filtración del audio, donde se detalló la cronología de las multas y sanciones que pesan sobre el empresario y sus firmas. La presidenta de la CMF afirmó que recibieron el audio un día antes de que se difundiera por la prensa. En relación con el posible pago de sobornos, señaló que eso aún no ha sido probado. Por otro lado, Frigolett, en representación del SII, mencionó que conocieron el audio después de que se hiciera público. También anunció que la Comisión de Hacienda trabajaría para identificar las r esponsabilidades de los funcionarios y las redes de aquellos que resulten responsables.
Un equipo de persecutores especializados de la Fiscalía Metropolitana Oriente asumirá la investigación penal iniciada de oficio por el Ministerio Público, tras la revelación de un audio que vincula al abogado Luis Hermosilla en presuntos pagos de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF). En una entrevista matinal con radio Infinita este miércoles, el fiscal nacional, Ángel Valencia, abordó el caso, subrayando la complejidad de la investigación. “Esto va a requerir una investigación que es larga , no va a tener resultado inmediato, pese a que el audio es muy explícito . No es un asunto de un día para el otro y por eso, todos los recursos que necesite la Fiscalía Oriente, lo vamos a poner a disposición para que estos hechos puedan esclarecerse ”, señaló Valencia. Luis Hermosilla, quien ejerce como abogado del empresario Daniel Sauer, controlador del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF, se ve involucrado en el audio dado a conocer por Ciper Chile . En la grabación de una reunión entre Hermosilla, Sauer y la abogada Leonarda Villalobos, se discute sobre presuntos pagos a funcionarios públicos para obtener información privilegiada en beneficio del empresario. El fiscal nacional destacó la importancia de verificar todas las circunstancias al acreditar las palabras de una persona y subrayó la complejidad de la investigación. “Acreditar las palabras de una persona, hay que verificar todo lo sucedido y para eso es una investigación larga , es mucho más difícil que un robo de un supermercado”. “Pido compresión, creamos una unidad para fortalecer la capacidad de los fiscales en diversas investigaciones, porque advertíamos que la simple espera de los peritajes demoraba las investigaciones y hacemos el mejor esfuerzo con lo que tenemos” .