La Cámara de Diputados aprobó por 144 votos a favor y 1 abstención la extensión temporal del teletrabajo en el ámbito público. La iniciativa, que ahora avanza hacia convertirse en Ley, permitirá a los funcionarios públicos adoptar un sistema híbrido de trabajo, combinando días presenciales con jornadas a distancia hasta fines de diciembre de 2024. La medida otorga a los líderes de cada repartición la facultad de implementar el trabajo remoto, eximiendo del control horario hasta el 20% de la dotación máxima del personal, independientemente de su régimen laboral. Con esta disposición, se busca flexibilizar la dinámica laboral y adaptarse a las necesidades de los trabajadores y las características de cada servicio público. Aquellos que opten por el teletrabajo deberán asistir de manera presencial tres días a la semana, reservando solo dos días para cumplir sus funciones de manera remota. En total, alrededor de 80 reparticiones públicas podrán acogerse a esta modalidad, brindando a los empleados la oportunidad de ajustar su rutina laboral según las demandas de su entorno y sus responsabilidades familiares. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, expresó su satisfacción por la rápida aprobación de la iniciativa y destacó que esta medida corrige el rechazo previo durante la discusión de la Ley de Reajuste del Sector Público. Marcel resaltó que esta extensión permitirá que los trabajadores mantengan su dinámica laboral sin necesidad de cambiarla de manera abrupta. La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, hizo hincapié en que la norma tiene un enfoque especial en aquellos empleados que desempeñan tareas de cuidado, ya sea de menores, personas con problemas de salud o de la tercera edad. Jara resaltó que la implementación del teletrabajo en el sector público es un avance significativo hacia una mejor conciliación entre la vida laboral y personal, un objetivo prioritario del Gobierno. Finalmente, se subrayó la responsabilidad de los jefes de cada servicio público para determinar el número máximo de funcionarios que podrán acceder al teletrabajo. Además, se destacó que las áreas y funciones de la institución deben ser evaluadas cuidadosamente para asegurar que sean compatibles con el trabajo remoto, considerando la atención al público que brinda el Estado.
La Cámara de Diputados aprobó por 144 votos a favor y 1 abstención la extensión temporal del teletrabajo en el ámbito público. La iniciativa, que ahora avanza hacia convertirse en Ley, permitirá a los funcionarios públicos adoptar un sistema híbrido de trabajo, combinando días presenciales con jornadas a distancia hasta fines de diciembre de 2024. La medida otorga a los líderes de cada repartición la facultad de implementar el trabajo remoto, eximiendo del control horario hasta el 20% de la dotación máxima del personal, independientemente de su régimen laboral. Con esta disposición, se busca flexibilizar la dinámica laboral y adaptarse a las necesidades de los trabajadores y las características de cada servicio público. Aquellos que opten por el teletrabajo deberán asistir de manera presencial tres días a la semana, reservando solo dos días para cumplir sus funciones de manera remota. En total, alrededor de 80 reparticiones públicas podrán acogerse a esta modalidad, brindando a los empleados la oportunidad de ajustar su rutina laboral según las demandas de su entorno y sus responsabilidades familiares. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, expresó su satisfacción por la rápida aprobación de la iniciativa y destacó que esta medida corrige el rechazo previo durante la discusión de la Ley de Reajuste del Sector Público. Marcel resaltó que esta extensión permitirá que los trabajadores mantengan su dinámica laboral sin necesidad de cambiarla de manera abrupta. La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, hizo hincapié en que la norma tiene un enfoque especial en aquellos empleados que desempeñan tareas de cuidado, ya sea de menores, personas con problemas de salud o de la tercera edad. Jara resaltó que la implementación del teletrabajo en el sector público es un avance significativo hacia una mejor conciliación entre la vida laboral y personal, un objetivo prioritario del Gobierno. Finalmente, se subrayó la responsabilidad de los jefes de cada servicio público para determinar el número máximo de funcionarios que podrán acceder al teletrabajo. Además, se destacó que las áreas y funciones de la institución deben ser evaluadas cuidadosamente para asegurar que sean compatibles con el trabajo remoto, considerando la atención al público que brinda el Estado.
