La custodia de drogas, teléfonos celulares y otros elementos de comunicación incautados al interior de las cárceles vuelve a ser objeto de cuestionamiento en dos nuevas auditorías realizadas por la Contraloría General de la República a Gendarmería. Los informes finales N°285 y N°463, correspondientes a las regiones del Bío Bío y Metropolitana respectivamente, fueron notificados el martes y publicados ayer por la Contraloría. Ambos abarcaron los procedimientos realizados durante todo 2025 y los primeros meses de 2026 en los recintos penitenciarios de esas zonas. Los resultados son alarmantes. Se encontraron 1.954 formularios únicos de cadena de custodia extraviados entre ambas regiones, documentos cruciales para seguir el recorrido de una evidencia desde su descubrimiento hasta su entrega a las autoridades correspondientes. Además, se constató que 119 elementos de comunicación incautados no pudieron ser localizados durante inspecciones físicas: 87 en el Complejo Penitenciario Bío Bío y 32 en Colina II. Ante esta situación, la Contraloría ha instruido procedimientos disciplinarios para determinar posibles responsabilidades administrativas y remitirá los antecedentes al Ministerio Público para los fines que en derecho correspondan. Estos hallazgos surgen en un momento especialmente delicado, ya que durante la madrugada del miércoles se llevó a cabo la detención de Álex Vega Torres, destacado dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), en el marco de la denominada Operación Apocalipsis. Si bien las auditorías no vinculan directamente a Vega con estas irregularidades, ponen en evidencia fallas estructurales en los mecanismos de control de evidencias dentro de las cárceles que parecen persistir. Cadenas de custodia extraviadas En la Región Metropolitana se detectó el extravío de 1.686 formularios de cadena de custodia, con 735 casos respaldados por Gendarmería pero otros 951 sin explicación documental. La problemática se concentró principalmente en Colina II, Colina I, el Centro Penitenciario Femenino de Santiago y el CPF San Miguel. Por su parte, en el Bío Bío se inició con 1.647 formularios sin respaldo suficiente. A pesar de que Gendarmería logró subsanar 644 casos, 1.003 permanecieron extraviados, siendo el Complejo Penitenciario Bío Bío donde se concentraron la mayoría. Teléfonos celulares desaparecidos En el Complejo Penitenciario Bío Bío se encontraron 87 elementos de comunicación asociados a 37 partes de denuncia, los cuales no tenían registro de entrega a Fiscalía ni fueron hallados durante la inspección. En Colina II también se detectaron 32 elementos incautados que no pudieron ser ubicados. La auditoría metropolitana ordenó regularizar y acreditar el destino de 94 teléfonos celulares bajo custodia institucional, señalando deficiencias en registros como IMEI, códigos de chips y descripción detallada. Incumplimientos en entrega de drogas Los informes revelaron incumplimientos en la entrega oportuna de decomisos de drogas a los servicios sanitarios, lo cual debe realizarse dentro de las primeras 24 horas tras su hallazgo. En la Región Metropolitana se observaron 44 formularios con entregas tardías, mientras que en el Bío Bío hubo 24 entregas fuera del plazo establecido. Gendarmería argumentó restricciones horarias para justificar algunos retrasos, pero la Contraloría mantuvo su observación al no encontrarse autorizaciones judiciales para extender los plazos legalmente establecidos. Acciones disciplinarias y remisión a Fiscalía A raíz de estos hallazgos, la Contraloría ha ordenado a Gendarmería iniciar procedimientos disciplinarios en un plazo determinado y mejorar sus controles internos. Se destaca la necesidad urgente de fortalecer los registros, garantizar la seguridad en las bodegas de evidencias y unificar los sistemas informáticos para una mayor eficiencia operativa. Ahora será responsabilidad del Ministerio Público investigar las posibles irregularidades detectadas nuevamente dentro del sistema penitenciario. Fuente: BioBioChile
La Seremi de Salud Metropolitana ha iniciado un sumario sanitario contra el laboratorio Corthorn, el cual llevó a cabo el test de drogas al exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, cuyo resultado positivo resultó en su renuncia al cargo. Esta medida se tomó después de una inspección realizada el 11 de agosto en las instalaciones del laboratorio en Huechuraba. Según el acta de inspección revelada por T13, se encontraron cuatro observaciones relacionadas con el funcionamiento del establecimiento. BioBioChile también tuvo acceso a los documentos del procedimiento, donde se destacan cuestionamientos principalmente relacionados con la identificación y almacenamiento de muestras biológicas, así como aspectos administrativos. Reparos de la Seremi Una de las observaciones señaló que el laboratorio tenía tres refrigeradores para almacenar muestras, pero carecían de identificación para distinguir entre las muestras procesadas y las recién recibidas, lo que podría afectar la trazabilidad y generar riesgos en su manipulación. Además, se indicó que el establecimiento no contaba con autorización sanitaria para una sala destinada al almacenamiento temporal de residuos médicos. Además de los problemas administrativos mencionados, se constató que el laboratorio no había regularizado la dirección técnica subrogante ni la lista de profesionales autorizados. Respuesta del laboratorio a las observaciones Después de la inspección, la representante del laboratorio, Francisca Corthorn, presentó sus descargos ante la autoridad sanitaria. La empresa cuestionó algunas observaciones y aseguró tener un sistema adecuado para la trazabilidad de las muestras. El laboratorio realizó mejoras como modificar los rótulos de los refrigeradores para hacer más visible la información desde el exterior y dejó constancia notarial del estado del área y las mejoras implementadas. Contramuestra de Juan Pablo Rodríguez bajo custodia La fiscalización también verificó que la contramuestra del examen realizado a Rodríguez permanece bajo custodia del laboratorio ya que Senda no ha solicitado su apertura. Rodríguez ha negado ser consumidor y ha expresado preocupación por posibles problemas en la trazabilidad de la muestra. El sumario sanitario sigue abierto y pendiente de resolución por parte de la autoridad competente. Fuente: BioBioChile
La custodia de drogas, teléfonos celulares y otros elementos de comunicación incautados al interior de las cárceles vuelve a ser objeto de cuestionamiento en dos nuevas auditorías realizadas por la Contraloría General de la República a Gendarmería. Los informes finales N°285 y N°463, correspondientes a las regiones del Bío Bío y Metropolitana respectivamente, fueron notificados el martes y publicados ayer por la Contraloría. Ambos abarcaron los procedimientos realizados durante todo 2025 y los primeros meses de 2026 en los recintos penitenciarios de esas zonas. Los resultados son alarmantes. Se encontraron 1.954 formularios únicos de cadena de custodia extraviados entre ambas regiones, documentos cruciales para seguir el recorrido de una evidencia desde su descubrimiento hasta su entrega a las autoridades correspondientes. Además, se constató que 119 elementos de comunicación incautados no pudieron ser localizados durante inspecciones físicas: 87 en el Complejo Penitenciario Bío Bío y 32 en Colina II. Ante esta situación, la Contraloría ha instruido procedimientos disciplinarios para determinar posibles responsabilidades administrativas y remitirá los antecedentes al Ministerio Público para los fines que en derecho correspondan. Estos hallazgos surgen en un momento especialmente delicado, ya que durante la madrugada del miércoles se llevó a cabo la detención de Álex Vega Torres, destacado dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), en el marco de la denominada Operación Apocalipsis. Si bien las auditorías no vinculan directamente a Vega con estas irregularidades, ponen en evidencia fallas estructurales en los mecanismos de control de evidencias dentro de las cárceles que parecen persistir. Cadenas de custodia extraviadas En la Región Metropolitana se detectó el extravío de 1.686 formularios de cadena de custodia, con 735 casos respaldados por Gendarmería pero otros 951 sin explicación documental. La problemática se concentró principalmente en Colina II, Colina I, el Centro Penitenciario Femenino de Santiago y el CPF San Miguel. Por su parte, en el Bío Bío se inició con 1.647 formularios sin respaldo suficiente. A pesar de que Gendarmería logró subsanar 644 casos, 1.003 permanecieron extraviados, siendo el Complejo Penitenciario Bío Bío donde se concentraron la mayoría. Teléfonos celulares desaparecidos En el Complejo Penitenciario Bío Bío se encontraron 87 elementos de comunicación asociados a 37 partes de denuncia, los cuales no tenían registro de entrega a Fiscalía ni fueron hallados durante la inspección. En Colina II también se detectaron 32 elementos incautados que no pudieron ser ubicados. La auditoría metropolitana ordenó regularizar y acreditar el destino de 94 teléfonos celulares bajo custodia institucional, señalando deficiencias en registros como IMEI, códigos de chips y descripción detallada. Incumplimientos en entrega de drogas Los informes revelaron incumplimientos en la entrega oportuna de decomisos de drogas a los servicios sanitarios, lo cual debe realizarse dentro de las primeras 24 horas tras su hallazgo. En la Región Metropolitana se observaron 44 formularios con entregas tardías, mientras que en el Bío Bío hubo 24 entregas fuera del plazo establecido. Gendarmería argumentó restricciones horarias para justificar algunos retrasos, pero la Contraloría mantuvo su observación al no encontrarse autorizaciones judiciales para extender los plazos legalmente establecidos. Acciones disciplinarias y remisión a Fiscalía A raíz de estos hallazgos, la Contraloría ha ordenado a Gendarmería iniciar procedimientos disciplinarios en un plazo determinado y mejorar sus controles internos. Se destaca la necesidad urgente de fortalecer los registros, garantizar la seguridad en las bodegas de evidencias y unificar los sistemas informáticos para una mayor eficiencia operativa. Ahora será responsabilidad del Ministerio Público investigar las posibles irregularidades detectadas nuevamente dentro del sistema penitenciario. Fuente: BioBioChile
La Seremi de Salud Metropolitana ha iniciado un sumario sanitario contra el laboratorio Corthorn, el cual llevó a cabo el test de drogas al exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, cuyo resultado positivo resultó en su renuncia al cargo. Esta medida se tomó después de una inspección realizada el 11 de agosto en las instalaciones del laboratorio en Huechuraba. Según el acta de inspección revelada por T13, se encontraron cuatro observaciones relacionadas con el funcionamiento del establecimiento. BioBioChile también tuvo acceso a los documentos del procedimiento, donde se destacan cuestionamientos principalmente relacionados con la identificación y almacenamiento de muestras biológicas, así como aspectos administrativos. Reparos de la Seremi Una de las observaciones señaló que el laboratorio tenía tres refrigeradores para almacenar muestras, pero carecían de identificación para distinguir entre las muestras procesadas y las recién recibidas, lo que podría afectar la trazabilidad y generar riesgos en su manipulación. Además, se indicó que el establecimiento no contaba con autorización sanitaria para una sala destinada al almacenamiento temporal de residuos médicos. Además de los problemas administrativos mencionados, se constató que el laboratorio no había regularizado la dirección técnica subrogante ni la lista de profesionales autorizados. Respuesta del laboratorio a las observaciones Después de la inspección, la representante del laboratorio, Francisca Corthorn, presentó sus descargos ante la autoridad sanitaria. La empresa cuestionó algunas observaciones y aseguró tener un sistema adecuado para la trazabilidad de las muestras. El laboratorio realizó mejoras como modificar los rótulos de los refrigeradores para hacer más visible la información desde el exterior y dejó constancia notarial del estado del área y las mejoras implementadas. Contramuestra de Juan Pablo Rodríguez bajo custodia La fiscalización también verificó que la contramuestra del examen realizado a Rodríguez permanece bajo custodia del laboratorio ya que Senda no ha solicitado su apertura. Rodríguez ha negado ser consumidor y ha expresado preocupación por posibles problemas en la trazabilidad de la muestra. El sumario sanitario sigue abierto y pendiente de resolución por parte de la autoridad competente. Fuente: BioBioChile