Nueva normativa en Corea del Sur prohíbe el consumo de carne canina

Este martes, en una histórica decisión respaldada por 208 votos a favor y solo dos abstenciones, el proyecto de ley que prohíbe la cría, matanza, distribución y venta de carne de perro para el consumo fue aprobado en Corea del Sur. Esta iniciativa conjunta fue impulsada por el gobernante Partido del Poder Popular (PPP) y el principal partido de la oposición, el Partido Demócrata (PD), en un esfuerzo por promover los derechos de los animales y el respeto al medio ambiente.

​La legislación, que también contempla la concesión de subvenciones para aquellos involucrados en la industria, tiene como objetivo facilitar la transición laboral de las personas afectadas por esta prohibición. Según informes de la agencia surcoreana de noticias Yonhap, se espera que estas medidas minimicen los perjuicios económicos para quienes decidan cambiar de empleo.

​La prohibición de consumo de carne de perro fue una destacada promesa de campaña del actual presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol. La primera dama, Kim Keon Hee, respalda abiertamente esta iniciativa, lo cual cobra relevancia al tener en cuenta que la pareja presidencial comparte su hogar con cuatro perros y tres gatos.

​La nueva legislación otorgará un periodo de gracia de tres años, comenzando en 2027. Aquellos que infrinjan la ley podrán enfrentarse a penas de hasta dos años de prisión o multas equivalentes a unos 30 millones de wones (aproximadamente 21 millones de pesos chilenos).

​Según datos del Gobierno, en Corea del Sur existen alrededor de 1.150 granjas de perros, 34 empresas de carnicería, 219 distribuidores y aproximadamente 1.600 restaurantes que ofrecen alimentos elaborados con carne de perro.

La medida fue aclamada por grupos animalistas, destacando el importante papel que desempeña en la evolución de la actitud de Corea del Sur hacia la protección de los animales. Lee Sang Kyung, portavoz de la rama local de Humane Society International, un grupo defensor de los derechos de los animales, expresó su optimismo, afirmando que esta prohibición marca un "importante punto de inflexión" y demuestra la determinación de la sociedad y los políticos en relegar esta industria al pasado.