Caso Conscriptos: Corte decidirá este lunes si será investigado por justicia civil o militar
En la antesala de la resolución de la Corte Suprema, el diputado Rubén Oyarzo, enfatiza que el caso debe ser tratado por la justicia civil, no militar.
Este lunes 17 de junio, la Corte Suprema tomará una decisión crucial sobre la jurisdicción que investigará la trágica muerte del soldado Franco Vargas, de 19 años, ocurrida en una marcha en Putre. La Segunda Sala del máximo tribunal resolverá la disputa de competencia generada en el caso conscriptos de Putre.
La ministra en visita de la Corte Marcial, Jenny Book Reyes, ordenó la exhumación del cuerpo del soldado Vargas invocando el Protocolo de Minnesota, utilizado en investigaciones de muertes potencialmente ilícitas. Sin embargo, esta medida ha sido rechazada por la madre del soldado fallecido, Romy Vargas. En una entrevista con BioBioChile, Vargas expresó su oposición a la exhumación. "Si me llegan a preguntar, yo voy a decir que no", afirmó.
Romy Vargas argumentó que no confía en la ministra Book debido a su relación con el ámbito militar, ya que está casada con un militar. También criticó la preferencia de Book de mantener la investigación en la Fiscalía Militar.
El abogado experto en Derechos Humanos, Cristián Cruz, valoró la orden de exhumación, sugiriendo que podría tratarse de una muerte ilícita con vulneraciones a las garantías fundamentales. En este sentido, Cruz subraya la importancia de realizar una investigación exhaustiva y transparente.
En la antesala de la resolución de la Corte Suprema, el diputado independiente Rubén Oyarzo, miembro de la comisión investigadora del caso Conscriptos, destacó la necesidad de que el caso sea tratado por la justicia civil, coincidiendo con la postura del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). El INDH, como querellante en el caso, ha insistido en que sea la justicia ordinaria la que lleve adelante la investigación.
Sumándose a estas voces, Jan Jarab, representante para América del Sur del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, presentó un informe ante la Corte Suprema abogando también por la jurisdicción civil.
La Asociación Regional de Canales de Televisión (ARCATEL), entidad que representa a medios regionales y locales de televisión a lo largo del país, manifiesta su profunda preocupación frente al contenido del artículo 8 del Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, actualmente en tramitación en el Congreso Nacional.
