Boric lidera promulgación de Ley que frena el impacto de los “narcofunerales”
La normativa regula los funerales de alto riesgo, restringiendo desórdenes públicos y agravando penas para quienes cometan delitos en estos eventos.
el viernes pasado a las 15:43
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Este miércoles, el Presidente Gabriel Boric, acompañado por la ministra del Interior, Carolina Tohá, y otras autoridades, promulgó la Ley que regula los denominados “narcofunerales”. La ceremonia se realizó en San Ramón, comuna que ha sido afectada por este tipo de eventos, marcados por balaceras, fuegos artificiales y desórdenes que alteran la tranquilidad de los vecinos.
La normativa, despachada por el Congreso el pasado 7 de noviembre, busca prevenir riesgos para la seguridad y el orden público en funerales asociados a delitos de alta peligrosidad. Durante el acto, Boric destacó que esta Ley responde a un compromiso adquirido en su Cuenta Pública 2023: “Es hora de decir cumplimos”.
Según explicó Presidencia, la nueva Ley regula los funerales considerados de riesgo, estableciendo un catálogo de delitos que conllevarán penas agravadas, como desórdenes públicos, saqueos y uso de armas o fuegos artificiales. Además, la normativa reduce a 24 horas el tiempo permitido para el proceso funerario, y el recorrido del cortejo será decidido exclusivamente por Carabineros.
Ante esto, la ministra Tohá subrayó que los derechos individuales tienen límites cuando afectan a la comunidad: “No será la banda del narco quien decida el trayecto del féretro, sino Carabineros. Este es un acto en favor del interés general”.
En caso de incidentes durante el funeral, como balaceras o cortes de tránsito, los responsables enfrentarán sanciones más severas. Asimismo, se controlará la identidad de los asistentes y se prohibirá la presencia de personas bajo la influencia de alcohol o drogas.
Finalmente, con esta normativa, el Ejecutivo refuerza su estrategia de seguridad, buscando erradicar prácticas que han infundido temor en las comunidades afectadas.
La mayor concentración de inmigrantes internacionales se ubica en la Región Metropolitana, con un 60%, seguida de Antofagasta, con un 7,7%; y Valparaíso, con 6,3%.
El tribunal consideró que el amparo no era la vía adecuada y criticó una afectación al debido proceso.
