La tensión entre Argentina y Chile ha aumentado en medio de la investigación sobre el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, que ha causado al menos tres muertes y varios casos de contagio después de zarpar desde Ushuaia hacia la Antártida. Autoridades argentinas han acusado incluso a “agentes malintencionados” chilenos de difundir rumores sobre el origen de la enfermedad para dañar la reputación turística de la ciudad austral. La controversia surgió cuando diferentes versiones sugirieron que una pareja neerlandesa, las primeras víctimas mortales del brote, pudo haberse infectado en un vertedero de Ushuaia utilizado por observadores de aves. Sin embargo, desde Tierra del Fuego han rechazado esta teoría y han denunciado una campaña para perjudicar al principal puerto argentino de acceso a la Antártida. “Es una maniobra para ensuciar el destino turístico de Ushuaia”, declaró Martín Alfaro, portavoz del Ministerio de Salud provincial, quien también sugirió, a título personal, que podría haber “agentes malintencionados” chilenos detrás de los rumores. Aún no se ha determinado el origen del contagio. La pareja neerlandesa había visitado Argentina, Chile y Uruguay antes de embarcarse en el crucero, lo que ha complicado la tarea de rastrear dónde contrajeron la cepa Andes del hantavirus, variante presente tanto en la Patagonia argentina como chilena y que puede transmitirse entre personas. El Ministerio de Salud chileno descartó que el contagio haya ocurrido en territorio nacional, argumentando que los turistas estuvieron en Chile fuera del período de incubación del virus. Además, recordaron que el último caso de transmisión entre personas registrado en el país fue en 2019 y fue controlado a tiempo. No obstante, las autoridades sanitarias argentinas han rechazado esta afirmación y aseguran que la posibilidad de un contagio en Chile “sigue vigente”. Mientras continúa la investigación, científicos argentinos están capturando roedores en Ushuaia para determinar si el virus pudo circular en áreas donde nunca antes se habían reportado casos. Al mismo tiempo, operadores turísticos en la ciudad expresaron su preocupación por el impacto internacional que este brote podría tener en la actividad antártica y el turismo en la Patagonia. Fuente: ADN Radio Nacional
El Ministerio de Salud (Minsal) ha salido a defender los ajustes presupuestarios aplicados al sistema público de salud, en medio de crecientes críticas del Colegio Médico y cuestionamientos políticos por el eventual impacto en la red asistencial. En un comunicado oficial, la cartera ha enfatizado que las reducciones forman parte de una estrategia de eficiencia del gasto público y que no comprometen la atención directa de pacientes ni el funcionamiento esencial de los hospitales. De acuerdo con el Minsal, el ajuste global del sector alcanza un 2,5%, cifra que, según han subrayado, debe ser interpretada en contexto. “Si bien algunos montos pueden parecer elevados de forma aislada, representan una fracción menor del presupuesto operacional de cada establecimiento”, señaló la cartera liderada por May Chomali. En esa misma línea, el ministerio ha detallado que en grandes recintos hospitalarios los recortes tienen un impacto acotado. Por ejemplo, el ajuste del Hospital Sótero del Río bordea los $3.182 millones, lo que equivale al 1,1% de su presupuesto operativo. En el Hospital del Salvador, la reducción de $2.757 millones representa un 1,4%, mientras que en el Hospital Regional de Antofagasta el recorte de $2.049 millones equivale al 1,2% de sus recursos. El Minsal también ha destacado que en Atención Primaria de Salud (APS) la disminución es aún menor, alcanzando solo un 0,5%, asegurando que se mantendrán sin cambios la entrega de medicamentos y la estrategia de APS Universal. “Estos ajustes apuntan principalmente a mejorar la eficiencia en gestión, reducir gastos innecesarios, fortalecer compras centralizadas y optimizar el uso de recursos públicos, sin afectar la atención directa de las personas”, afirmó la cartera. Las declaraciones del ministerio surgen luego de que el Colegio Médico advirtiera que los recortes podrían afectar el “corazón del funcionamiento hospitalario”, especialmente en el financiamiento diario de la operación de los recintos y la capacidad de respuesta de la red pública. Desde el gremio médico se ha insistido en que la reducción de recursos podría tensionar aún más un sistema que ya opera con alta demanda y limitaciones estructurales, reabriendo el debate sobre el nivel de financiamiento del sistema sanitario chileno. Fuente: ADN Radio Nacional
Las secretarías regionales ministeriales de Salud y Educación de la región de Los Lagos han anunciado un plan de fiscalización para verificar el cumplimiento de los calendarios de sanitización y desratización en los establecimientos educacionales de la zona. De acuerdo con lo informado por Radio Sago , cinco establecimientos en la provincia de Chiloé se enfrentan a prohibiciones de funcionamiento y sumarios sanitarios debido a la presencia de roedores, problemas con el alcantarillado y el suministro de agua potable. En la provincia de Llanquihue, los recintos educativos en Maullín y Frutillar han tenido que suspender clases tras detectar la presencia de ratones y murciélagos. Mientras tanto, en Osorno, la Escuela Agroecológica de Pichil ha reportado problemas con roedores y desbordamientos de aguas servidas. La seremi de Salud, Evelyn Brintrup, ha advertido sobre los diversos riesgos para la salud que pueden surgir debido a la presencia de estos vectores. Según sus palabras,Lo relevante es hacer la desratización atingente en los horarios correspondientes. Brintrup también ha recordado que los sostenedores son responsables de mantener las condiciones sanitarias adecuadas en los recintos educativos, y ha instado a la comunidad educativa a denunciar cualquier irregularidad a través del OIRS del Ministerio de Salud. Las clases solo se reanudarán una vez que los establecimientos demuestren haber corregido las deficiencias detectadas y cuenten con condiciones apropiadas para salvaguardar la salud tanto de estudiantes como del personal. Fuente: ADN Radio Nacional
En el transcurso de los días 23 y 24 de abril, Gonzalo Migueles compareció ante los investigadores de la trama bielorrusa para abordar su relación con abogados imputados y desvincular a su pareja, la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, de los hechos bajo investigación. Según la Fiscalía de Los Lagos, se sospecha que Vivanco habría recibido sobornos por parte de los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas para favorecer a la empresa CBM en un litigio contra Codelco. En este contexto, se plantea que Migueles actuó como intermediario. Sin embargo, durante su testimonio, el imputado afirmó que la exjueza no tenía conocimiento de los pagos que él recibió. Migueles explicó que el origen de los fondos se remonta a una asesoría informal solicitada por Lagos en 2023, relacionada con un conflicto judicial entre una empresa minera y Codelco. Tras consultar a Vivanco sobre el concepto de autotutela, transmitió esa idea al abogado, lo que según él motivó los pagos posteriores. En relación a las sumas recibidas, Migueles detalló que en diciembre del mismo año recibió US$15.000, en febrero de 2024 obtuvo otros US$10.000 en efectivo y posteriormente una suma adicional de US$45.000. Declaró: Entendí que esa plata venía de lo de la minera, porque no había ningún otro motivo. Respecto a estos pagos, reconoció que en su momento no cuestionó su procedencia y expresó arrepentimiento por ello. Asimismo, Migueles admitió que consideraba que se trataba de una paleteada o un favor entre amigos, asegurando que no creía haber actuado en contra de la justicia. Fuente: ADN Radio Nacional
En una entrevista con ADN Hoy , el subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, abordó diversos temas de interés. Entre los puntos destacados se encuentran la presencia policial en las calles, el refuerzo en La Araucanía y las medidas contra la migración irregular. En medio de críticas por la falta de un plan más visible para combatir la delincuencia, Jouannet defendió los avances en seguridad y señaló que el principal problema operativo es la baja en la dotación policial: “No hay carabineros”. Para revertir esta situación, el Gobierno planea implementar incentivos, cambios legales y mayor capacitación. El subsecretario aseguró que la promesa de seguridad del Ejecutivo se cumplirá mediante la recuperación de presencia policial en barrios, el refuerzo del plan cuadrante y el aumento de funcionarios para labores preventivas. En sus palabras: “Vamos a dejar este país ostensiblemente más seguro, con menos asesinatos, menos crimen organizado, y con carabineros en la calle”. Dentro de las medidas anunciadas se encuentra un bono trimestral para funcionarios policiales en terreno y zonas de riesgo, así como un proyecto de ley para agilizar sumarios administrativos y recuperar personal para tareas operativas. Jouannet también mencionó planes para triplicar la incorporación de jóvenes a la escuela de Carabineros. Además, se destacó el uso de tecnología como drones y salas de monitoreo para apoyar el patrullaje policial. Respecto a La Araucanía, Jouannet defendió los operativos recientes en Temucuicui y afirmó que el Estado debe ejercer presencia en todo el territorio. Sobre migración irregular, el subsecretario mencionó que se han acelerado expulsiones y marcó distancia con la administración anterior. En relación con esto, Jouannet vinculó el ingreso irregular con cambios en el crimen organizado. Finalmente, Jouannet reiteró que el Gobierno tiene una hoja de ruta para mejorar la seguridad y enfatizó que la primera condición es tener más Carabineros en las calles. A pesar de la ansiedad política por mostrar resultados, afirmó: “Hay un plan”. Fuente: ADN Radio Nacional
La tensión entre Argentina y Chile ha aumentado en medio de la investigación sobre el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, que ha causado al menos tres muertes y varios casos de contagio después de zarpar desde Ushuaia hacia la Antártida. Autoridades argentinas han acusado incluso a “agentes malintencionados” chilenos de difundir rumores sobre el origen de la enfermedad para dañar la reputación turística de la ciudad austral. La controversia surgió cuando diferentes versiones sugirieron que una pareja neerlandesa, las primeras víctimas mortales del brote, pudo haberse infectado en un vertedero de Ushuaia utilizado por observadores de aves. Sin embargo, desde Tierra del Fuego han rechazado esta teoría y han denunciado una campaña para perjudicar al principal puerto argentino de acceso a la Antártida. “Es una maniobra para ensuciar el destino turístico de Ushuaia”, declaró Martín Alfaro, portavoz del Ministerio de Salud provincial, quien también sugirió, a título personal, que podría haber “agentes malintencionados” chilenos detrás de los rumores. Aún no se ha determinado el origen del contagio. La pareja neerlandesa había visitado Argentina, Chile y Uruguay antes de embarcarse en el crucero, lo que ha complicado la tarea de rastrear dónde contrajeron la cepa Andes del hantavirus, variante presente tanto en la Patagonia argentina como chilena y que puede transmitirse entre personas. El Ministerio de Salud chileno descartó que el contagio haya ocurrido en territorio nacional, argumentando que los turistas estuvieron en Chile fuera del período de incubación del virus. Además, recordaron que el último caso de transmisión entre personas registrado en el país fue en 2019 y fue controlado a tiempo. No obstante, las autoridades sanitarias argentinas han rechazado esta afirmación y aseguran que la posibilidad de un contagio en Chile “sigue vigente”. Mientras continúa la investigación, científicos argentinos están capturando roedores en Ushuaia para determinar si el virus pudo circular en áreas donde nunca antes se habían reportado casos. Al mismo tiempo, operadores turísticos en la ciudad expresaron su preocupación por el impacto internacional que este brote podría tener en la actividad antártica y el turismo en la Patagonia. Fuente: ADN Radio Nacional
El Ministerio de Salud (Minsal) ha salido a defender los ajustes presupuestarios aplicados al sistema público de salud, en medio de crecientes críticas del Colegio Médico y cuestionamientos políticos por el eventual impacto en la red asistencial. En un comunicado oficial, la cartera ha enfatizado que las reducciones forman parte de una estrategia de eficiencia del gasto público y que no comprometen la atención directa de pacientes ni el funcionamiento esencial de los hospitales. De acuerdo con el Minsal, el ajuste global del sector alcanza un 2,5%, cifra que, según han subrayado, debe ser interpretada en contexto. “Si bien algunos montos pueden parecer elevados de forma aislada, representan una fracción menor del presupuesto operacional de cada establecimiento”, señaló la cartera liderada por May Chomali. En esa misma línea, el ministerio ha detallado que en grandes recintos hospitalarios los recortes tienen un impacto acotado. Por ejemplo, el ajuste del Hospital Sótero del Río bordea los $3.182 millones, lo que equivale al 1,1% de su presupuesto operativo. En el Hospital del Salvador, la reducción de $2.757 millones representa un 1,4%, mientras que en el Hospital Regional de Antofagasta el recorte de $2.049 millones equivale al 1,2% de sus recursos. El Minsal también ha destacado que en Atención Primaria de Salud (APS) la disminución es aún menor, alcanzando solo un 0,5%, asegurando que se mantendrán sin cambios la entrega de medicamentos y la estrategia de APS Universal. “Estos ajustes apuntan principalmente a mejorar la eficiencia en gestión, reducir gastos innecesarios, fortalecer compras centralizadas y optimizar el uso de recursos públicos, sin afectar la atención directa de las personas”, afirmó la cartera. Las declaraciones del ministerio surgen luego de que el Colegio Médico advirtiera que los recortes podrían afectar el “corazón del funcionamiento hospitalario”, especialmente en el financiamiento diario de la operación de los recintos y la capacidad de respuesta de la red pública. Desde el gremio médico se ha insistido en que la reducción de recursos podría tensionar aún más un sistema que ya opera con alta demanda y limitaciones estructurales, reabriendo el debate sobre el nivel de financiamiento del sistema sanitario chileno. Fuente: ADN Radio Nacional
Las secretarías regionales ministeriales de Salud y Educación de la región de Los Lagos han anunciado un plan de fiscalización para verificar el cumplimiento de los calendarios de sanitización y desratización en los establecimientos educacionales de la zona. De acuerdo con lo informado por Radio Sago , cinco establecimientos en la provincia de Chiloé se enfrentan a prohibiciones de funcionamiento y sumarios sanitarios debido a la presencia de roedores, problemas con el alcantarillado y el suministro de agua potable. En la provincia de Llanquihue, los recintos educativos en Maullín y Frutillar han tenido que suspender clases tras detectar la presencia de ratones y murciélagos. Mientras tanto, en Osorno, la Escuela Agroecológica de Pichil ha reportado problemas con roedores y desbordamientos de aguas servidas. La seremi de Salud, Evelyn Brintrup, ha advertido sobre los diversos riesgos para la salud que pueden surgir debido a la presencia de estos vectores. Según sus palabras,Lo relevante es hacer la desratización atingente en los horarios correspondientes. Brintrup también ha recordado que los sostenedores son responsables de mantener las condiciones sanitarias adecuadas en los recintos educativos, y ha instado a la comunidad educativa a denunciar cualquier irregularidad a través del OIRS del Ministerio de Salud. Las clases solo se reanudarán una vez que los establecimientos demuestren haber corregido las deficiencias detectadas y cuenten con condiciones apropiadas para salvaguardar la salud tanto de estudiantes como del personal. Fuente: ADN Radio Nacional
En el transcurso de los días 23 y 24 de abril, Gonzalo Migueles compareció ante los investigadores de la trama bielorrusa para abordar su relación con abogados imputados y desvincular a su pareja, la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, de los hechos bajo investigación. Según la Fiscalía de Los Lagos, se sospecha que Vivanco habría recibido sobornos por parte de los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas para favorecer a la empresa CBM en un litigio contra Codelco. En este contexto, se plantea que Migueles actuó como intermediario. Sin embargo, durante su testimonio, el imputado afirmó que la exjueza no tenía conocimiento de los pagos que él recibió. Migueles explicó que el origen de los fondos se remonta a una asesoría informal solicitada por Lagos en 2023, relacionada con un conflicto judicial entre una empresa minera y Codelco. Tras consultar a Vivanco sobre el concepto de autotutela, transmitió esa idea al abogado, lo que según él motivó los pagos posteriores. En relación a las sumas recibidas, Migueles detalló que en diciembre del mismo año recibió US$15.000, en febrero de 2024 obtuvo otros US$10.000 en efectivo y posteriormente una suma adicional de US$45.000. Declaró: Entendí que esa plata venía de lo de la minera, porque no había ningún otro motivo. Respecto a estos pagos, reconoció que en su momento no cuestionó su procedencia y expresó arrepentimiento por ello. Asimismo, Migueles admitió que consideraba que se trataba de una paleteada o un favor entre amigos, asegurando que no creía haber actuado en contra de la justicia. Fuente: ADN Radio Nacional
En una entrevista con ADN Hoy , el subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, abordó diversos temas de interés. Entre los puntos destacados se encuentran la presencia policial en las calles, el refuerzo en La Araucanía y las medidas contra la migración irregular. En medio de críticas por la falta de un plan más visible para combatir la delincuencia, Jouannet defendió los avances en seguridad y señaló que el principal problema operativo es la baja en la dotación policial: “No hay carabineros”. Para revertir esta situación, el Gobierno planea implementar incentivos, cambios legales y mayor capacitación. El subsecretario aseguró que la promesa de seguridad del Ejecutivo se cumplirá mediante la recuperación de presencia policial en barrios, el refuerzo del plan cuadrante y el aumento de funcionarios para labores preventivas. En sus palabras: “Vamos a dejar este país ostensiblemente más seguro, con menos asesinatos, menos crimen organizado, y con carabineros en la calle”. Dentro de las medidas anunciadas se encuentra un bono trimestral para funcionarios policiales en terreno y zonas de riesgo, así como un proyecto de ley para agilizar sumarios administrativos y recuperar personal para tareas operativas. Jouannet también mencionó planes para triplicar la incorporación de jóvenes a la escuela de Carabineros. Además, se destacó el uso de tecnología como drones y salas de monitoreo para apoyar el patrullaje policial. Respecto a La Araucanía, Jouannet defendió los operativos recientes en Temucuicui y afirmó que el Estado debe ejercer presencia en todo el territorio. Sobre migración irregular, el subsecretario mencionó que se han acelerado expulsiones y marcó distancia con la administración anterior. En relación con esto, Jouannet vinculó el ingreso irregular con cambios en el crimen organizado. Finalmente, Jouannet reiteró que el Gobierno tiene una hoja de ruta para mejorar la seguridad y enfatizó que la primera condición es tener más Carabineros en las calles. A pesar de la ansiedad política por mostrar resultados, afirmó: “Hay un plan”. Fuente: ADN Radio Nacional
