PDI investiga a Fundación de 'Control Canino' en Arica y Copiapó
El propósito de esta diligencia fue investigar los pagos y documentos relacionados con convenios firmados por la Fundación Comprometidos durante los años 2022 y 2023.
El 'Caso Convenios' ha experimentado un nuevo desarrollo con la incautación de material por parte de funcionarios de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigación (PDI) en las instalaciones del Gobierno Regional de Arica. Esta operación, llevada a cabo en la mañana de este miércoles, fue solicitada por el fiscal de Copiapó, Luis Miranda, quien lidera la investigación en la región de Atacama por presunto fraude al fisco.
Testigos presenciales relatan que la PDI permaneció en las oficinas regionales durante aproximadamente una hora, solicitando la entrega de información a través de un dispositivo USB. El propósito de esta diligencia fue investigar los pagos y documentos relacionados con convenios firmados por la Fundación Comprometidos durante los años 2022 y 2023. Cabe destacar que esta fundación, vinculada al partido PRO, se encuentra entre las que están siendo investigadas en el caso de los convenios gubernamentales.
El caso de la Fundación Comprometidos llamó la atención inicialmente en la región de Atacama a finales de junio, cuando se reveló que había recibido $128 millones desde la Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Atacama para proyectos de suministro de agua potable en Copiapó, a pesar de tener un enfoque principal en actividades cinematográficas y de servicios veterinarios.
Sin embargo, la controversia no se limitó a Atacama, ya que la Fundación Comprometidos firmó dos convenios con el Gobierno Regional de Arica, por un monto total que superaba los $280 millones. Estos acuerdos estaban destinados a la implementación de un sistema de control canino y registro de mascotas en la región.
En Arica, surgieron inquietudes y cuestionamientos sobre posibles vínculos políticos entre miembros de la fundación y funcionarios del Gobierno Regional, quienes también formaban parte del partido en formación "Mejor Región", donde Sebastián Duarte, presidente de la Fundación Comprometidos, figura como uno de los fundadores.
Las autoridades del Gobierno Regional de Arica aclararon a Mega Investiga que la acción de la PDI no constituyó un allanamiento, sino una "entrega voluntaria de información" relacionada con la investigación sobre transferencias de fondos desde el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) a la Fundación Comprometidos para proyectos de suministro de agua en campamentos.
El Ministerio Público en la región de Arica mantiene bajo escrutinio al menos tres fundaciones en relación con convenios similares. Uno de ellos es la Fundación para el Desarrollo de las Organizaciones (Fundor), que firmó un convenio de $2.600 millones con el Gobierno Regional de Arica para un programa de emprendimiento, a pesar de carecer de experiencia en ese campo. Esto llevó a la Fiscalía a iniciar una investigación de oficio en julio.
Otra entidad bajo investigación es la Fundación Conecta Tea, que presta servicios a personas con trastorno del espectro autista, en su mayoría niños, niñas y adolescentes. A pesar de que se firmó un convenio de $357,5 millones para un programa de atención gratuita, surgieron denuncias de que la organización estaba cobrando a las familias que participaban en el programa, así como acusaciones de falsificación de firmas y boletas falsas.
Finalmente, la Fundación Deportiva Valcar, que firmó convenios relacionados con seguridad y salud, también está siendo investigada. El senador José Miguel Durana presentó evidencia ante el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, cuestionando la falta de experiencia de la fundación en proyectos de seguridad y la limitada aprobación que recibió en el Consejo Regional de Arica, donde el proyecto sólo obtuvo el voto a favor del gobernador Jorge Díaz (DC), mientras que siete consejeros regionales lo rechazaron y seis se abstuvieron.
La Asociación Regional de Canales de Televisión (ARCATEL), entidad que representa a medios regionales y locales de televisión a lo largo del país, manifiesta su profunda preocupación frente al contenido del artículo 8 del Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, actualmente en tramitación en el Congreso Nacional.
