Este domingo, los ciudadanos se preparan para participar en el Plebiscito Constitucional, un evento crucial que determinará si el país adoptará una nueva carta magna. A diferencia de anteriores procesos electorales, en esta ocasión el voto es obligatorio para aquellos con domicilio electoral en el territorio nacional.
Una peculiaridad de este plebiscito es que se permite votar con documentos de identificación vencidos, siempre y cuando la fecha de vigencia no supere el 1 de enero de 2020. Esta medida excepcional busca facilitar la participación ciudadana, permitiendo que aquellos con carnets expirados pero dentro del límite establecido ejerzan su derecho al voto.
Es importante destacar que solo podrán sufragar las personas cuyos carnets hayan vencido antes del 1 de enero de 2020. Si la fecha de expiración es posterior a esta, la participación no será permitida, conforme a las normas que rigen el proceso electoral.
Las reglas también son claras en cuanto a la documentación aceptada en las mesas de votación. Únicamente se permitirá la exhibición de carnet de identidad o pasaporte vigente. Otros documentos, como la licencia de conducir, no serán aceptados como comprobante de identidad.
El voto obligatorio solo aplica a los ciudadanos chilenos con domicilio electoral en el territorio nacional. Aquellos que se encuentren en el extranjero tienen la opción de participar de manera voluntaria en este proceso democrático.
En el día de la votación, los ciudadanos deberán elegir entre dos opciones: "A favor" respalda la propuesta elaborada por el Consejo Constitucional, mientras que "En contra" indica que el votante no desea la implementación de una nueva Constitución, optando por que el país continúe regido por la actual carta magna.
Con 67 votos a favor, 76 en contra y 7 abstenciones, la Cámara desestima la ofensiva impulsada por el Partido Republicano, que buscaba la destitución de la jefa del gabinete del presidente Boric.
La decisión se tomó tras la apertura de un cuaderno de remoción que reveló múltiples infracciones que afectarían la independencia judicial y el debido proceso.