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Un proceso judicial ha captado la atención de la comunidad de Linares, dado el impacto potencial en la administración pública y la confianza de los ciudadanos. El alcalde Mario Meza, junto al director de Dideco, Jhon Sancho, y otros siete funcionarios y exfuncionarios municipales, han sido formalizados por su presunta responsabilidad en el delito de fraude al fisco reiterado, sumando un total de 14 personas involucradas.
La investigación revela que se llevaron a cabo contratos irregulares con ciertas empresas para la adquisición de artículos de aseo, transporte y alimentos, favoreciendo a algunas con grandes sumas de dinero. Un informe de la Contraloría General de la República indica que se pagaron montos excesivos en la compra de cloro y kits de test rápido de COVID-19. En concreto, se desembolsaron $32.130.000 por 6.000 bidones de cloro, lo que representa un sobreprecio del 76% en comparación con el precio de mercado. Además, la adquisición de 3.000 kits de test rápido por $64.260.000 mostró un sobreprecio del 76,7%.
El alcalde Meza, quien presentó su renuncia al cargo este jueves 26 de septiembre para postularse a un tercer mandato en las elecciones del 26 y 27 de octubre, ha manifestado su descontento con el proceso judicial, calificándolo de ataque político y denunciando el uso de la institucionalidad con fines partidistas.
Finalmente, este caso ha generado gran expectación en Linares, no solo por la relevancia de los involucrados, sino también por el posible impacto en la administración pública local y la confianza ciudadana.
La defensa del abogado Luis Hermosilla argumentó que los chats entre la fiscal regional Lorena Parra y Hermosilla podrían afectar su objetividad e imparcialidad en la investigación.
La Fiscalía de Coquimbo abre una pesquisa de oficio tras la difusión de nuevos antecedentes en el Caso Procultura. La investigación está liderada por el fiscal Patricio Cooper.