Durante la jornada de este jueves desde La Moneda alzaron la voz al momento de cuestionar lo expuesto por la carta emitida por el Grupo Puebla durante las últimas horas, que va en apoyo directo de Marco Enríquez-Ominami, en el marco de la reanudación  -tras ocho años- del juicio oral por el Caso SQM, donde el exaspirante a la presidencia está en calidad de imputado.

El Grupo Puebla y el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) firmaron una declaración en la que suscriben "30 líderes iberoamericanos de 14 países, y 15 juristas y abogados de seis países", entre ellos el juez Baltasar Garzón y el actual Presidente de Argentina, Alberto Fernéndez.

''Una justicia dilatada es una justicia denegada'', afirmaron, aludiendo a los años en que ME-O se ha mantenido como imputado en el caso sobre presunto financiamiento ilegal de la política. ''Fiscales con dedicación exclusiva, y con gran apoyo mediático y financiero, han ido dilatando el juicio. Incluso, a pocas semanas de por fin iniciarse el mismo, después de 8 años de investigación, volvieron los fiscales a pedir suspensión, argumentando que este mes de febrero era época de vacaciones en Chile'', subrayaron.

Respuesta del Gobierno

Quien primero salió al paso de esta situación, fue el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien señaló que la misiva desconoce ''algunas cuestiones procesales".

''Es relevante destacar que el Gobierno no sólo es respetuoso de la independencia judicial, sino que promueve la independencia judicial y además de eso protege la autonomía del Ministerio Público'', complementó el titular de la cartera.

Asimismo, se dio el espacio para calificar la situación, detallando que ''las declaraciones que tienen por propósito afectar o comprometer o criticar esa independencia o esa autonomía, en mi opinión, me parecen impropias", sentenció.

Acto seguido, la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, abordó el asunto asegurando que ''lo primero que hice fue conversar con el embajador (Rafael) Bielsa sobre este tema y también hablar con el ministro de Justicia“. En la misma línea de Cordero, indicó que “las declaraciones de esa carta son absolutamente improcedentes. El Gobierno no sólo respeta, sino que protege la autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público y nos parece que son impropias las declaraciones que están en esa carta''.

Cabe destacar que la canciller igualmente, clarificó que dicha controversia ''no afecta la relación bilateral con Argentina, que está muy robusta y que tenemos un conjunto de temas que vamos a seguir trabajando''.

Comunicado de la Fiscalía

Por su parte, desde la testera del Ministerio Público, dieron a conocer su parecer a través de un comunicado, en el que se señala que ''consideramos improcedentes las expresiones vertidas en la declaración citada''.

''Queremos reafirmar el carácter profesional y objetivo con el cual actúan los y las fiscales que ejercen la persecución penal en nuestro país, quienes lo hacen con estricto apego a la Constitución y las leyes, en un contexto institucional de autonomía e independencia'', fustigó la respuesta.