El Ministerio de Salud llamó lamentó el tono de las declaraciones de la Asociación de Isapres en el marco de la Ley Corta que busca que las entidades privadas de salud paguen la millonaria deuda que tienen con sus afiliados y que el fallo de la Corte Suprema obliga a pagar.

Al respecto, el Ministerio de Salud liderado por Ximena Aguilera, expresó que "su permanente disposición al diálogo con todos los actores y ha desarrollado un trabajo abierto y transparente para encontrar la mejor solución que permita dar cumplimiento al fallo de la Excelentísima Corte Suprema. Las isapres estuvieron invitadas a participar y presentar sus propuestas".

Además, agregaron que "la Constitución obliga al Ejecutivo a acatar los fallos sin poder modificarlos. En este sentido, el proyecto de Ley presentado recientemente al Congreso tiene por objetivo crear el marco jurídico necesario para que la Superintendencia de Salud pueda dar cumplimiento a lo resuelto por la Excma. Corte Suprema".

Además, detallan que se “reconoce el impacto de la jurisprudencia en el sistema de salud. Por ello, establece la gradualidad de la implementación de los distintos elementos del fallo, permitiendo la aplicación de la reducción en la cotización de salud de las personas y estableciendo un procedimiento para las devoluciones de los cobros en exceso. Asimismo, asegura la continuidad del acceso a las atenciones de salud de los beneficiarios del sistema privado y moderniza Fonasa, lo que se traduce en la protección de las personas y la estabilidad del sistema".

“Lo que corresponde ahora es continuar la discusión en el Congreso con altura de miras y voluntad, tal como lo han expresado los parlamentarios y otros actores claves. Invitamos a la Asociación de Isapres a sumar propuestas a este proceso“, concluye la misiva.

Por su parte, la vocera de Gobierno Camila Vallejo dijo que "las Isapres no pueden pretender que el Gobierno las acompañe en la idea de incumplir el fallo de la Corte Suprema. Un salvataje, pagado con los impuestos de todas y todos, sería afectar a los mismos que se han visto afectados por los cobros abusivos. Por eso, hemos presentado un plazo de 6 meses para que las Isapres, de acuerdo a su situación, puedan presentar un plan de pago y devolución a quienes fueron perjudicados".