"Apología" de la violencia: De qué acusa la Fiscalía a Héctor Llaitul
Fiscalía invocó la Ley de Seguridad del Estado contra Llaitul por "apología" e "incitación" a la violencia, y otros delitos por atentado contra Carabineros y hurto de madera.
El líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul Carrillanca, fue formalizado este jueves por ocho distintos delitos relacionados a hechos de violencia en la Macrozona Sur, entre 2020 y 2022.
En la audiencia, el Tribunal de Garantía de Temuco accedió a la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía y los abogados de Gobierno.
El Ministerio Público acusó al dirigente de vulnerar la Ley de Seguridad del Estado por realizar una "apología" e "incitación indirecta" a hechos de violencia. También se le imputa participación directa en la toma de fundos y ataques a Carabineros.
¿De qué se acusa a Llaitul?
La encargada de comunicar los cargos fue la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, quien hizo un repaso histórico de las acciones de la CAM, remontándose a 1997, cuando "se inicia una serie de ataques incendiarios que afectan la denominada Macrozona Sur".
"Dichos ataques fueron adjudicados por la Coordinadora Arauco Malleco", de la cual "nacen los Órganos de Resistencia Territorial, ORT, encargados de ejecutar acciones directas de recuperación territorial, que con el tiempo se transformarán en receptores inmediatos del mensaje entregado por el imputado".
En ese contexto Llaitul "se establece como líder" de la CAM, "fomentando y alabando la violencia como medio para la obtención de los objetivos de la organización, encontrando eco inmediato en las ORT".
Ley de Seguridad del Estado por "apología" a la violencia
La fiscal luego procedió a leer declaraciones realizadas por el dirigente en enero y junio de 2020, y en junio de 2022 en medios de comunicación, donde advertía con nuevas "acciones de resistencia" tras la detención de uno de los miembros de la orgánica.
"Con sus dichos, el imputado ha incitado a destruir, inutilizar, paralizar, interrumpir o dañar las actividades de la industria forestal agrícola de la zona y ha instado a activar procesos de recuperación territorial" y a las ORT a "efectuar acciones directas", como "ataques incendiarios, usurpaciones y sustracción de madera", explicó la persecutora.
"Las declaraciones de Llaitul mueven a otros a una lucha contras las forestales" y que "han traído un estado real de amenaza para el orden público y no una mera presunción". Solo entre enero de 2020 y mayo de 2022 "se registraron aproximadamente 54 hechos de violencia atribuidos a la CAM.
En esas tres declaraciones, indicó Cartagena, "la defensa de estos métodos violentos cumple con la idea de apología, con una incitación indirecta, específicamente con la referencia a enfrentamientos armados futuros". Agregó que esos tres hechos se enmarcan en el artículo 6, letras C y F, de la Ley de Seguridad del Estado en los cuales el imputado tiene calidad de autor.
Ocupación de fundos y ataques a Carabineros
A los tres delitos por Ley de Seguridad del Estado se sumaron dos delitos de usurpación violenta, uno de hurto simple y dos por atentado contra la autoridad a mano armada.
Todo ello en el marco de la ocupación de dos fundos: San Sebastián, en el sector Selva Oscura de Victoria, en febrero de 2021; y el fundo Renaco-Pastales, de Bosques Cautín, en la comuna de Cholchol, en marzo de ese mismo año.
En ese último predio, que aún está tomado, la Fiscalía imputa el delito de robo de madera, avaluado en cerca de 90 millones de pesos.
En esas actividades de "control territorial" -dijo la fiscal- Lalitul "participó activamente a través de coordinaciones, concurrencia al predio, la ocupación del mismo y ataque a Carabineros, lo que se encuentra corroborado a través de interceptaciones telefónicas y posicionamientos telefónicos".
La Asociación Regional de Canales de Televisión (ARCATEL), entidad que representa a medios regionales y locales de televisión a lo largo del país, manifiesta su profunda preocupación frente al contenido del artículo 8 del Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, actualmente en tramitación en el Congreso Nacional.
