Al menos 12 mujeres, dos de ellas menores de edad, figuran como víctimas de la red de trata de personas y explotación sexual que quedó al descubierto en Puerto Montt y cuyos responsables serían integrantes de la organización criminal de origen venezolano, Tren de Aragua.

Ayer jueves, el Ministerio Público reformalizó a dos de los siete imputados que están en prisión preventiva por estos delitos, debido a que se incorporaron nuevos hechos y otras seis víctimas, dos de ellas menores de edad. Los demás serán reformalizados en fecha próxima porque actualmente están en cuarentena por Covid-19.

A los delitos de trata de personas, explotación sexual, asociación ilícita y lavado de activos, se sumaron los cargos de promoción y facilitación de la prostitución infantil.

Cómo funcionaba el Tren de Aragua en Puerto Montt

De acuerdo a los antecedentes de la Fiscalía, los ilícitos ocurrían al menos desde agosto de 2021 y hasta la fecha de las primeras detenciones, registradas el 23 de marzo pasado.

Los siete imputados, de origen venezolano, formaban parte de una organización criminal que integraría el cartel "Tren de Aragua". Cada uno cumplía funciones y roles específicos y determinados, para "la comisión reiterada, sistemática y permanente" del delito de trata de personas con fines de explotación sexual.

Según la indagatoria, la orgánica obtenía importantes ganancias, cuyo centro de operaciones estaba en la ciudad de Puerto Montt.

La organización captaba jóvenes venezolanas en Chile o en el extranjero, particularmente en Venezuela y Colombia, de entre 16 y 25 años, para trasladarlas al país en forma clandestina, cruzando la frontera por pasos no habilitados, que decían controlar. Luego las llevaban a diversas ciudades de la zona sur e Iquique, con la finalidad de explotarlas sexualmente.

Para captar a las víctimas, los imputados les ofrecían desempeñarse como trabajadoras sexuales en Chile bajo condiciones que cambiaban radicalmente una vez que eran recibidas por miembros de la organización en Puerto Montt, Temuco, Osorno, Talca e Iquique, ciudades donde las obligaban a prostituirse.

Las víctimas no podían elegir a los clientes ni definir horarios ni lugar de las prestaciones sexuales.

La investigación señala, además, que se les controlaba permanentemente, a través de intimidación y amenazas, restringiendo su libertad de desplazamiento y uso de tiempo libre. También debían trabajar para pagar los gastos en que habría incurrido la organización en su traslado desde el extranjero o dentro del país.