Embajadora chilena en Reino Unido en controversia por millonaria solicitud de financiamiento
La embajadora solicitó 5 millones de dólares al Gobierno Regional del Biobío para un proyecto de mercado de maderas sin aprobación de Cancillería.
La embajadora chilena en el Reino Unido, Susana Herrera, está en el centro de una intensa polémica después de que se revelara que había solicitado financiamiento para un proyecto de mercado de maderas en Santa Juana, por un monto de 5 millones de dólares, sin informar previamente a la Cancillería. La iniciativa tenía como objetivo la restauración de áreas afectadas por incendios forestales y la creación de infraestructura de madera en la Región de Biobío.
La Cancillería intervino de inmediato y detuvo el proyecto tras tomar conocimiento de él. Un mes después, la Secretaría General de Relaciones Exteriores advirtió a la embajadora sobre las irregularidades en su acción. Se cuestionó su falta de análisis previo y se plantearon dudas sobre el papel del ministerio y la embajada en la gestión de recursos monetarios para el proyecto.
La controversia también se extendió al ámbito parlamentario. El senador Iván Moreira acusó a Herrera de tráfico de influencias y exigió su renuncia. La senadora Paulina Vodanovic se unió a la petición, argumentando que los actos contrarios a la ética deberían llevar a la salida inmediata de la embajadora. También hubo comentarios en las redes sociales, donde se cuestionaron las acciones de Herrera.
El historial de Herrera como embajadora ya había sido objeto de debate. Su nombramiento en 2022 generó sorpresa debido a su falta de experiencia política y en relaciones internacionales. A pesar de ser arquitecta con estudios en Estados Unidos y Europa, su incursión en la política había resultado infructuosa, con candidaturas fallidas en la Convención Constitucional y como diputada.
La crítica principal se centra en la aparente utilización de su posición diplomática para promover un proyecto personal sin la debida transparencia y respeto a los protocolos. Las voces críticas han instado a su renuncia, argumentando que sus acciones socavan la integridad ética que se espera de un representante diplomático de alto nivel.
Sin embargo, el CDE ha solicitado que se le imponga prisión preventiva. El tribunal ha programado una nueva audiencia para el próximo 29 de octubre para revisar esta solicitud.
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