Jueza penal comete error que pone en riesgo prueba clave del Caso Diamante
La resolución del Tribunal Penal de este lunes favoreció a la defensa de los imputados, generando incertidumbre sobre la validez de la evidencia crucial para el caso.
el jueves pasado a las 9:20
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El Tribunal Penal del II Circuito Judicial de Goicoechea anuló este lunes dos resoluciones que declaraban el caso Diamante como un expediente de crimen organizado, tras acoger los reclamos de los abogados defensores que alegaron errores de procedimiento.
Al anular la declaratoria de crimen organizado, se reducen los plazos del proceso y se podría invalidar la prueba obtenida por medio de intervenciones telefónicas.
En el Caso Diamante se investigan a funcionarios municipales, entre ellos seis alcaldes, por recibir presuntas dádivas en 15 proyectos para construir o conservar infraestructura vial cantonal.
Los alcaldes investigados son Johnny Araya (San José), Mario Redondo (Cartago) Alfredo Córdoba (San Carlos), Humberto Soto (Alajuela), Arnoldo Barahona (Escazú) y Alberto Cole (Osa).
El Tribunal le dio la razón a los defensores de los imputados, quienes evidenciaron que en la resolución que declaró el caso como delincuencia organizada en el 2020, la jueza incorporó párrafos de otras resoluciones ajenas al expediente, por un homicidio y un aborto, que no tienen relación alguna con este expediente. La Fiscalía argumentó que se trataba de un error de la jueza, pero el Tribunal dispuso este lunes que el argumento no es de recibo, pues una declaratoria de este tipo debe venir debidamente fundamentada y justificada, acorde a los requerimientos legales que garanticen una decisión ajustada al ordenamiento jurídico.
Noticia en desarrollo.
Fuente: La Nación
La Asociación Regional de Canales de Televisión (ARCATEL), entidad que representa a medios regionales y locales de televisión a lo largo del país, manifiesta su profunda preocupación frente al contenido del artículo 8 del Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, actualmente en tramitación en el Congreso Nacional.
