Ministra Vallejo denuncia sistema abusivo en plataforma "Anótate en la lista"
La plataforma habría ofrecido una versión pagada que proporcionaba funciones adicionales no incluidas en la versión gratuita, según denuncias de sostenedores de colegios.
El Ministerio de Educación, liderado por Nicolás Cataldo (PC), se encuentra bajo intensa crítica tras la revelación de un presunto sistema de cobro en la plataforma "Anótate en la lista". Esta herramienta virtual fue presentada el 29 de diciembre de 2023 con el objetivo de facilitar a los apoderados la búsqueda de vacantes escolares tras el cierre del proceso regular del Sistema de Admisión Escolar (SAE).
La plataforma, desarrollada por TetherEducation Chile Spa, habría ofrecido una versión pagada que proporcionaba funciones adicionales no incluidas en la versión gratuita, según denuncias de sostenedores de colegios. A cambio de una cuota mensual de UF 2,5 más IVA (alrededor de $109 mil), se prometía agilizar y automatizar el proceso de asignación de cupos, generando desigualdad entre los usuarios.
El CEO de TetherEducation, Christopher Neilson, figura clave detrás de la empresa, fue previamente vinculado al Ministerio de Educación y al diseño del propio SAE en años anteriores. Además, se ha señalado que Neilson fundó TetherEd, una plataforma similar orientada a colegios privados y jardines infantiles, lo que ha suscitado preocupaciones sobre posibles conflictos de interés.
Aunque el Ministerio de Educación inicialmente negó la existencia de un servicio premium en la plataforma, la ministra de la cartera, Camila Vallejo, calificó el sistema de cobro como "grave y abusivo", instando a una investigación inmediata. Esta discrepancia ha exacerbado la polémica en torno a la transparencia y la equidad en el acceso a la educación.
El ex ministro de Educación, Raúl Figueroa, criticó la falta de coordinación y claridad en la gestión del Gobierno respecto a este asunto, destacando la necesidad de una solución urgente mientras los niños continúan esperando por vacantes escolares.
Entre las incógnitas que persisten se encuentran si la empresa tuvo acceso a información confidencial del Ministerio y por qué se optó por un contrato directo en lugar de un proceso de licitación.
