​El día de hoy, tras intensos debates y una amplia participación de legisladores de distintos sectores políticos, la Cámara de Diputados aprobó en particular un proyecto de ley destinado a promover la seguridad y protección de periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones en Chile. La iniciativa, que ahora pasa al Senado para su revisión y eventual aprobación, busca establecer un estatuto especial que consagre el deber estatal de resguardar a aquellos que ejercen el periodismo y la comunicación.

​La propuesta, originada en una moción liderada por la diputada Nathalie Castillo del Partido Comunista (PC) y respaldada por un grupo diverso de legisladores, contempla medidas específicas para prevenir actos de violencia contra quienes desempeñan estas funciones esenciales en la sociedad.

​El proyecto fue aprobado en general por la Cámara el pasado 31 de julio, pero retornó a la Comisión de Cultura para ser objeto de indicaciones. Tras integrar estas modificaciones al texto, el proyecto fue respaldado por la Sala en una votación reciente.

​Entre los cambios introducidos se incluyen disposiciones que amplían los objetivos de la normativa. Por ejemplo, se añadió la necesidad de que los derechos humanos y las libertades fundamentales de los periodistas y comunicadores sean reconocidos en tratados internacionales y consagrados en la Constitución. Asimismo, se ampliaron los derechos y deberes contemplados en la ley, asegurando su aplicabilidad no solo a los periodistas y comunicadores, sino también al medio de comunicación en el que trabajan.

​El proyecto define de manera clara quiénes son considerados periodistas y trabajadores de las comunicaciones, abarcando desde reporteros y fotógrafos hasta personal de apoyo técnico y traductores, sin requerir necesariamente un título universitario para su inclusión. Se establecen también disposiciones para proteger a aquellos que están en práctica profesional o que han egresado de carreras relacionadas con el periodismo.

​Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la definición de agresión, que abarca una amplia gama de actos que atenten contra la vida, integridad física, psíquica y sexual de los periodistas y comunicadores, incluyendo desapariciones forzadas, homicidios, y otros actos violentos.

​Durante la discusión del proyecto en la Cámara, varios diputados resaltaron la importancia de proteger a los periodistas en su labor de defensa de la libertad de expresión y de información. Se mencionaron casos emblemáticos de periodistas que perdieron la vida o fueron víctimas de violencia en el ejercicio de su profesión, como Francisca Sandoval y Pepe Carrasco. Además, se hizo hincapié en la necesidad de proteger a los comunicadores de la censura y garantizar su acceso a la información, especialmente en momentos de conflicto interno o armado.

​La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, resaltó que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) registrará las denuncias de agresiones, y que la ley elevará la protección de periodistas y comunicadores a los estándares internacionales de la Ley Marco de la Unesco.

​Sin embargo, durante la votación, el diputado Stephan Schubert del Partido Republicano anunció reserva de constitucionalidad respecto a la protección de periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones, mujeres, diversidades y disidencias de sexo y de género (Art. 14).