Aprobado por unanimidad: Servicios de Agua Potable Rural estarán exentos de IVA
La exención del IVA a los Servicios Sanitarios Rurales es un compromiso asumido por el Gobierno y será aplicada a partir de enero de 2023.
El Senado ha aprobado de manera unánime un proyecto de ley que exime del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los servicios prestados por los operadores de Agua Potable Rural (APR) a sus asociados, cooperados o socios. Este importante avance coloca al proyecto en camino de convertirse en ley y se espera que sea promulgado próximamente por el Presidente Gabriel Boric.
La exención del IVA a los Servicios Sanitarios Rurales es un compromiso asumido por el Gobierno y entrará en vigor a partir de enero de 2023. El proyecto de ley incorpora un artículo permanente que aclara el tratamiento tributario de los servicios prestados por los APR, estableciendo que no estarán gravados con IVA a partir de enero de 2023.
Además, el proyecto establece que los operadores de APR no estarán obligados a inscribirse en el registro de operadores de servicios sanitarios rurales hasta noviembre de 2024. También se eximirá del IVA a los servicios entre operadores o asociaciones de operadores destinados a garantizar la continuidad del servicio, así como a los servicios prestados por los APR en beneficio del Cuerpo de Bomberos, establecimientos educacionales municipales y bienes raíces municipales.
La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, agradeció el apoyo de los senadores y resaltó la importancia de brindar certeza jurídica en cuanto a la no aplicación retroactiva del IVA a partir de enero de 2023. La ministra de Obras Públicas, Jessica López, destacó los beneficios de la ley para las organizaciones de Agua Potable Rural y anunció que se seguirá trabajando en mejorar las disposiciones que afectan a los Servicios Sanitarios Rurales.
El equipo de los chilenos, busca mejorar su rendimiento en La Liga donde están en la undécima posición y recuperarse tras la derrota en la UEFA Europa League.
Estas obras tienen un avance entre el 60% y el 95%, sumando un total de 2.750 camas, generando alrededor de 7.700 empleos y una inversión cercana a los US$ 1.320 millones, que se detendrían por este conflicto.
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