Luis Castillo es formalizado por presunto secuestro extorsivo
La querella por secuestro extorsivo y robo con violencia e intimidación se ha sumado a la formalización por los delitos, admitida a tramitación, según fuentes gubernamentales.
Luis Castillo, uno de los 13 indultados por el Presidente Gabriel Boric en diciembre de 2022, se encuentra ahora en el centro de una polémica legal tras ser formalizado por el Ministerio Público. El Gobierno, a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, presentó una querella contra Castillo en relación con un presunto secuestro ocurrido en la región de Atacama.
La querella, admitida a tramitación según fuentes gubernamentales, se suma a la formalización por los delitos de secuestro extorsivo y robo con violencia e intimidación con retención de persona. Castillo fue detenido este jueves en conexión con un presunto secuestro en Copiapó, donde Carabineros logró rescatar a una persona encerrada en el maletero de un vehículo.
La audiencia de formalización también involucró a otras tres personas detenidas en relación con el mismo hecho. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, había anticipado la posibilidad de presentar una querella, afirmando que el Gobierno actuaría en consecuencia a medida que se obtuvieran más antecedentes sobre el caso.
El fiscal Christian González, detalló que el presunto secuestro ocurrió en una estación de servicio y que la víctima fue rescatada por Carabineros. Sin embargo, la hija de Castillo, Krishna Castillo, sostiene que la supuesta víctima estaba con su padre de manera voluntaria y que todo se trató de un montaje. Aseguró que "mi papá no secuestró a nadie" y pidió no juzgarlo sin tener toda la información.
Luis Castillo, de 37 años, había sido beneficiado con el indulto presidencial el 30 de diciembre de 2022, junto con otras 12 personas privadas de libertad, la mayoría por delitos vinculados al estallido social de 2019. Castillo cumplía una condena de 4 años por desórdenes, robo en lugar no habitado, maltrato de obra a Carabineros y daños. Durante su encarcelamiento, llevó a cabo una huelga de hambre como medida de protesta.
No es la primera vez que Castillo enfrenta problemas legales, ya que registra 26 causas, con cinco condenas anteriores que incluyen hurto simple, hurto frustrado, lesiones menos graves, robo con violencia y robo por sorpresa en diferentes años desde 2005 hasta 2017.
La Asociación Regional de Canales de Televisión (ARCATEL), entidad que representa a medios regionales y locales de televisión a lo largo del país, manifiesta su profunda preocupación frente al contenido del artículo 8 del Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, actualmente en tramitación en el Congreso Nacional.
