El Gobierno decidió otorgar suma urgencia al proyecto de ley que declara la nulidad de la Ley de Pesca, debido a los hechos de corrupción que rodearon su tramitación.
La moción, ingresada al Congreso en enero de 2016, se encuentra en su segundo trámite constitucional en el Senado, luego que a inicios de agosto fuera aprobada por amplia mayoría en la Cámara de Diputadas y Diputados.
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El proyecto establece que la también denominada "Ley Longueira" debe ser anulada porque existen fallos judiciales condenatorios por cohecho, como la dictada contra el exsenador UDI, Jaime Orpis, que acreditan que durante la tramitación se produjo "una indebida intromisión de intereses particulares en su contenido".
A través de un comunicado, el Ministerio de Economía aseguró que "una eventual nulidad de la ley vigente no deja al sector sin regulación ya que, de ser aprobada esta moción, se contemplan dos años para la dictación de una nueva ley".
"Se trata de un plazo razonable que permite la elaboración y tramitación de una nueva Ley de Pesca, iniciativa en la que el Gobierno está trabajando de manera prioritaria desde el inicio del período", aseguró la cartera.
En el Gobierno esperan que el nuevo proyecto de ley inicie su tramitación en el Congreso durante el primer semestre de 2023 y "contempla un inédito proceso de diálogos ciudadanos participativos que se inician el 21 de septiembre de este año y que buscan integrar la visión de todos los actores involucrados".
La mayor concentración de inmigrantes internacionales se ubica en la Región Metropolitana, con un 60%, seguida de Antofagasta, con un 7,7%; y Valparaíso, con 6,3%.
El tribunal consideró que el amparo no era la vía adecuada y criticó una afectación al debido proceso.