La ministra del Interior, Izkia Siches, anunció que finalmente el Gobierno sí tomará acciones legales en contra del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, por sus declaraciones sobre ataques incendiarios.
La ministra explicó que decidieron ampliar las querellas por Ley de Seguridad del Estado que ya existen desde 2019 en contra de la organización, pese a que insisten que en base a ellas el Ministerio Público puede actuar.
"En torno a los hechos de Héctor Llaitul, hemos analizado a profundidad los dichos que a nuestro juicio son constitutivos de delito, donde se atribuye la participación de ellos y, por lo mismo, queremos reiterar la interpretación que hacemos", explicó la tarde de ayer miércoles la ministra Siches.
"Desde el 2019 que existen distintas querellas por parte del Estado que permiten al Ministerio Público actuar frente a la adjudicación de hechos que atentan contra toda la ciudadanía de nuestro país. A pesar de ello, hemos decidido evaluar el ampliar querella en torno a estos hechos que nos parecen graves", agregó.
La ministra también indicó que solicitarán "una serie de diligencias investigativas el Ministerio Público, para demostrarle al país con claridad que nuestro Gobierno está comprometido con resolver los conflictos en la zona, como también que no va a limitarse a usar ningún instrumento del ordenamiento jurídico".
🎙️ La ministra @izkia hizo un balance positivo del Estado de Excepción en el sur. Destacó una disminución de los hechos de violencia y la detención de una banda asociada a quemas en Collipulli. Por último, anunció que se ampliarán las querellas contra Héctor Llaitul. pic.twitter.com/PcbQLsDmBQ
— Ministerio del Interior Chile (@min_interior) July 27, 2022
Con 67 votos a favor, 76 en contra y 7 abstenciones, la Cámara desestima la ofensiva impulsada por el Partido Republicano, que buscaba la destitución de la jefa del gabinete del presidente Boric.
La decisión se tomó tras la apertura de un cuaderno de remoción que reveló múltiples infracciones que afectarían la independencia judicial y el debido proceso.