el viernes pasado a las 15:43
el viernes pasado a las 15:43
Los ministerios de Agricultura y de Vivienda y Urbanismo decidieron adoptar medidas para frenar el avance inmobiliario irregular en zonas rurales destinadas al uso agrícola, con las denominadas parcelas de agrado.
Las autoridades constataron la proliferación de loteos en áreas rurales que vulneran la normativa vigente, simulando que continúan el destino agrícola del predio, cuando en realidad cambian a destino habitacional.
El Ministerio de Agricultura advierte que esta práctica "ha implicado un deterioro de los sistemas agroproductivos y del equilibrio ecológico, amenazando la sustentabilidad local". Por ejemplo, provocan una sobredemanda de sistemas de Agua Potable Rural (APR), una mayor concentración de residuos domiciliarios y la presión para desarrollar nueva infraestructura energética y vial, entre otros efectos.
La autoridad asegura que este tipo de proyectos no solo afectan negativamente el entorno, sino que además, inducen a los futuros compradores de predios rústicos a involucrarse en situaciones irregulares.
Fue por ello que el ministro Esteban Valenzuela instruyó al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)suspender la tramitación de toda solicitud de certificación de proyectos de subdivisión de predios rústicos, cuando pudieran involucrar un eventual cambio de destino de los lotes.
"Hacerse el leso genera que los desastres avancen", declaró el ministro Valenzuela a LUN.
Respecto a los actuales loteos, el ministro explicó que consultarán a Contraloría "si hay exigencia frente a los que han mentido abiertamente y si se puede demostrar actividad agropecuaria en ellas. O si tienen los permisos de construcción y edificación respectivos”.
“Estamos en las discusiones técnicas para determinar cómo se exige seriedad o se da plazo para las regulaciones, que los sitios muten de destino habitacional a hacer algo agropecuario porque tienen predios rústicos”, agregó.
La mayor concentración de inmigrantes internacionales se ubica en la Región Metropolitana, con un 60%, seguida de Antofagasta, con un 7,7%; y Valparaíso, con 6,3%.
El tribunal consideró que el amparo no era la vía adecuada y criticó una afectación al debido proceso.