La tarde de este martes, el Gobierno ordenó extender la oferta de nacionalidad y residencia chilena a los más de 300 opositores nicaragüenses recientemente expatriados, entre ellos, escritores, políticos, abogados, periodistas, clérigos y defensores de los Derechos Humanos.

Así lo informó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado en el que menciona que estos 317 disidentes fueron “injustamente expatriados” por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

''Ante la reciente decisión del Estado de Nicaragua de privar de su nacionalidad y derechos políticos a más de trescientas personas nicaragüenses, identificadas como opositoras políticas, el gobierno de Chile arbitrará los medios legales necesarios para ofrecerles la debida protección internacional, que les permita residir en el país y obtener la nacionalidad chilena según las normas constitucionales y legales que la regulan. El Gobierno de Chile pone a disposición esta alternativa para quienes han sido injustamente expatriados de Nicaragua y voluntariamente decidan tomarla'', detalló la Cancillería.

Desde La Moneda, sostuvieron que "la historia de nuestro país nos ha enseñado que la defensa de la democracia y los derechos humanos, y la solidaridad internacional entre los pueblos, trascienden las coyunturas políticas y forman parte de estándares civilizatorios esenciales para la vida en sociedad", complementó el documento.

Por su parte, uno de los nombres que fue despojado de sus derechos es el de Gioconda Belli, escritora reconocida a nivel latinoamericano, quien a través de sus redes sociales agradeció la posibilidad de optar a la nacionalidad tanto chilena como argentina. 

''Celebro de todo corazón la noticia de que Argentina y Chile nos han extendido la mano a los nicaragüenses para brindarnos la nacionalidad en sus países'', escribió en Twitter.
Ese gesto ''consuela y muestra que en América Latina hay solidaridad para quienes sufrimos dictaduras'', añadió la poetisa, que reside en España.

Cabe recordar que el Presidente Boric, quien tildó a Ortega de ''dictador'', al igual que la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, quien ha calificado la administración del exguerrillero como una ''dictadura totalitaria donde se persigue cualquier tipo de disidencia''.
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