En el país, hay más de 29 mil conductores y 16.500 auxiliares que trabajan en el Transporte Escolar. La mayoría de ellos son pequeños empresarios, que se han quedado sin ingreso alguno. Desde octubre del año pasado, no han podido trabajar de manera regular, y cada vez, es más difícil mantener a sus familias. Se sienten desprotegidos y en medio de esta incertidumbre sobre la vuelta a clases, le piden al Gobierno un bono que los ayude a enfrentar su crítica situación.
Sin embargo, el CDE ha solicitado que se le imponga prisión preventiva. El tribunal ha programado una nueva audiencia para el próximo 29 de octubre para revisar esta solicitud.
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reporta que tres pacientes electrodependientes murieron tras extensos cortes de luz provocados por un sistema frontal.