FISCALÍA INVESTIGA A LA AFP PROVIDA POR NO RESPETAR PAGOS DE PENSIONES ALIMENTICIAS
70 mujeres denunciaron que no entregó el dinero correspondiente a la deuda
La AFP Provida es investigada por el Ministerio Público, luego de la denuncia de 70 madres, pertenecientes al movimiento “Indignados con AFP Provida”. Acusan a la administradora de fondos de pensiones de retrasar la entrega de los dineros correspondientes a deudas por pensión alimenticia.
La denuncia establece que la Administradora no ha cumplido, “en tiempo y forma a las resoluciones judiciales que ordenan a la querellada realizar el pago de los dineros retenidos correspondientes al 10% de los fondos acumulados en la cuenta de capitalización individual obligatoria por concepto de obligaciones impagas de pensión de alimentos”.
Los Tribunales de Justicia tienen la facultad para decretar la retención de dineros en las cuentas de capitalización individual, pero en los casos que son parte de la querella, las personas afectadas cuentan con órdenes de pago, decretados en juicios de alimentos y según establece el mandato legal que dicta una retención y pago, esto ha sido desobedecido de forma directa.
“AFP Provida ha hecho caso omiso a las órdenes de pago emitidas por los Tribunales de Familia. Con estas acciones buscamos que nos indemnice por las demoras, los incumplimientos reiterados y porque cuando vamos a las sucursales, las respuestas se repiten en cuanto a que Provida tiene hasta un año para dar curso a los pagos”, dijo la abogada querellante, Carolina Araya.
Agregó que, junto al grupo de madres afectadas, no descartan recurrir a Contraloría para que se investigue a la Superintendencia de AFP. Además, emplazó al Congreso a que establezca un plazo de 10 días para realizar el pago de las retenciones, porque esto significa un vacío legal que aprovechan las AFPs para retrasar los pagos de pensiones alimenticias.
La Asociación Regional de Canales de Televisión (ARCATEL), entidad que representa a medios regionales y locales de televisión a lo largo del país, manifiesta su profunda preocupación frente al contenido del artículo 8 del Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, actualmente en tramitación en el Congreso Nacional.
