CONTRALORÍA: FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEBERÁN TENER PRESCINDENCIA DURANTE EL PERIODO ELECTORAL

El 17 de octubre, un reportaje de Canal 13 reveló una denuncia de trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social y Familia contra la ministra Karla Rubilar. La acusaron de favorecer la campaña electoral de su pareja Christian Pino, candidato a diputado. La información fue desmentida por la autoridad. 

La Contraloría General de la República dispuso una investigación y emitió un instructivo que establece que los funcionarios públicos deben tener prescindencia ante las campañas electorales y no participar de actividades políticas, mientras ejercen funciones de administración ni usar bienes del Estado para tales fines. 

“Los servidores del Estado se encuentran impedidos de realizar, en ejercicio del cargo y dentro de la jornada, toda actividad política; así como emplear, con propósitos proselitistas, recursos públicos, sean financieros, bienes muebles o inmuebles, vehículos, medios de información, incluidos los equipos computacionales”, dice la normativa.

Además, prohíbe a los funcionarios públicos, durante el ejercicio de sus funciones, que llamen a votar por ciertos candidatos.

Según el documento -que fue publicado en el Diario Oficial- y firmado por el contralor subrogante, Osvaldo Vargas, “los cargos públicos deben desempeñarse con la más estricta imparcialidad, otorgando a todas las personas de manera regular y continua las prestaciones que la ley impone respecto al servicio”.

Pero atención, según el artículo 13 de la Constitución, “todo empleado, en calidad de ciudadano puede emitir libremente sus opiniones políticas y realizar actividades de tal naturaleza, siempre que se desarrollen fuera de la jornada de trabajo y sin recursos públicos, sin valerse de su cargo y sin que medie coacción por cualquier medio”.