El 18 de octubre, a través de un reportaje de canal 13, la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, fue señalada por funcionarios de su propia cartera, de haber solicitado en un chat institucional de whatsapp, colaboración en la campaña electoral como diputado de su pareja, el periodista Christian Pino.
A más de 3 semanas, la Contraloría dictaminó que la autoridad cometió infracción a la probidad y vulneró el principio de prescindencia política en periodo electoral.
Según el documento, “en dichas conversaciones se advierte que aquella entrega instrucciones a los destinatarios del grupo para que apoyen y promocionen la candidatura del señor (Christian) Pino Lanata”.
Además, el ente fiscalizador sostuvo que si bien no se ha podido comprobar una mal utilización de recursos públicos, “de haberse cumplido las instrucciones que la ministra impartió en dicho chat a funcionarios de su dependencia y confianza, ello habría implicado una infracción de la normativa antes reseñada sobre probidad, por haberse ocupado tiempo de la jornada de trabajo y empleo de recursos públicos".
La respuesta de la ministra no se hizo esperar, utilizó su cuenta personal de twitter para defenderse: “No existen faltas a la probidad, ni uso de recursos públicos en campañas políticas. Desde el primer día siempre estuvimos a disposición de la Contraloría, siempre atentos a sus inquietudes, colaborando en todo momento, porque estamos convencidos de su rol de transparencia”.
La mayor concentración de inmigrantes internacionales se ubica en la Región Metropolitana, con un 60%, seguida de Antofagasta, con un 7,7%; y Valparaíso, con 6,3%.
El tribunal consideró que el amparo no era la vía adecuada y criticó una afectación al debido proceso.