Justicia peruana condena a Alejandro Toledo a más de 20 años de cárcel por sobornos
El expresidente de Perú, Alejandro Toledo, fue sentenciado a más de dos décadas de cárcel por colusión y lavado de activos. La condena incluye sobornos de 35 millones de dólares.
El exmandatario peruano Alejandro Toledo (2001-2006) fue condenado a 20 años y 6 meses de prisión por los delitos de colusión y lavado de activos, relacionados con los sobornos que recibió de la empresa Odebrecht. El Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional, bajo la presidencia de la jueza Zaida Pérez, dictaminó que Toledo facilitó la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica, una obra que conecta Perú y Brasil, en favor de Odebrecht entre los años 2004 y 2005.
Ante esto, la sentencia leída por la magistrada Inés Rojas, concluyó que Toledo, de 78 años, recibió sobornos por un monto de 35 millones de dólares a cambio de favorecer a la constructora en los procesos de licitación. “Se demostró un rosario de irregularidades, injerencia inusitada y aceleración del proceso de licitación”, destacó el fallo judicial. Parte del dinero recibido fue canalizado a través de Josef Maiman, un empresario israelí fallecido, quien actuó como intermediario del exmandatario.
Asimismo, la Justicia peruana acogió plenamente la petición de la Fiscalía, imponiendo 9 años de cárcel por colusión y 11 años y 6 meses por lavado de activos. Toledo, quien ya había sido extraditado desde Estados Unidos en abril de 2023, deberá cumplir su pena en el penal de Barbadillo, en Lima.
Además de Toledo, otros implicados en el caso también recibieron condenas: Alberto Pasco-Font y Sergio Bravo, exfuncionarios de Proinversión, fueron sentenciados a 9 años de prisión, y el empresario José Castillo Dibós a 14 años. Toledo se convierte así en el primer expresidente peruano condenado en el megacaso de corrupción Odebrecht, que ha sacudido a toda la región.
La mayor concentración de inmigrantes internacionales se ubica en la Región Metropolitana, con un 60%, seguida de Antofagasta, con un 7,7%; y Valparaíso, con 6,3%.
El tribunal consideró que el amparo no era la vía adecuada y criticó una afectación al debido proceso.
