Saldrá de prisión: Tribunal ordena que Cathy Barriga vuelva a arresto domiciliario

Este miércoles, el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago revocó la prisión preventiva para la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga, a poco más de un mes que hiciera ingreso a la Cárcel de Mujeres de San Miguel.

Así, el tribunal dictó que la otrora "chica Mekano", volviera a arresto domiciliario total, donde estuvo cumpliendo aquella medida cautelar la mayor parte del tiempo desde que la fiscalía le imputó diferentes delitos.

Por su parte, el abogado defensor de Barriga, Cristóbal Bonacic, valoró la decisión del tribunal y pidió no confundir estas medidas cautelares con hacer un juicio anticipado.

“El tribunal acogió los argumentos que se vertieron, en el sentido que la prisión preventiva tiene un carácter excepcional y dice relación cuando la persona se va a fugar, va a cometer un nuevo delito o eventualmente puede entorpecer la investigación. Todos esos antecedentes quedaron desvirtuados y quedó claro que no existe ninguno y serio”, sostuvo el jurista.

No obstante, la fiscal que lleva adelante el caso, Constanza Encina, se mostró disconforme con la decisión del tribunal y confirmó que buscarán revertir la medida en la Corte de Apelaciones.

“No estamos conformes con la decisión del tribunal. A juicio del Ministerio Público, y siempre lo hemos sostenido así, la libertad de la imputada es un peligro para la seguridad de la sociedad, la jueza estimó lo contrario y deberá ser la Corte de Apelaciones la que resuelva esta situación”, remarcó.

En ese mismo sentido, la persecutora fue enfática en que "no nos parece un revés, ya que no se está cuestionando nada respecto a los antecedentes, de hecho se presentaron nuevos antecedentes que dan cuenta de que la situación va en perjuicio de la imputada, por lo tanto, esto es sólo una discusión de necesidad de cautela”, fustigó.

Con todo, cabe recordar que la exjefa comunal de Maipú es apuntada por el Ministerio Público por los delitos de fraude al fisco, de momento, por un monto cercano a los 31 mil millones de pesos, y de falsificación y/o uso malicioso de instrumento público falso.