Políticas de desarrollo del Litio: apuestan por “colaboración público privada”
Iniciando un proceso de diálogo con sentido de urgencia, la Comisión de Minería y Energía llevó a cabo el seminario “Políticas de desarrollo del Litio” que reunió a una serie de actores del mundo académico, de las comunidades donde están emplazados los salares, y la industria que explota este mineral.
Los senadores Loreto Carvajal –presidenta de la instancia-, Juan Luis Castro, Esteban Velásquez y Rafael Prohens, recibieron a la ministra de Minería, Marcela Hernando; al profesor del Departamento de Ingeniería en Minas de la Universidad Católica, Gustavo Lagos; y el vicepresidente del Consejo Fiscal Autónomo, Hermann González.
Representando a las empresas que participan del sector, se hicieron presentes el vicepresidente de Asuntos Externos de Albemarle, Ignacio Mehech; el vicepresidente senior de Servicios Corporativos de SQM, José Miguel Berguño; el gerente de Exploración de Codelco, Guillermo Müller; y el gerente general de la mina Salar Blanco, Cristóbal García Huidobro. También hizo uso de la palabra la presidenta de la Cámara Internacional del Litio, Pamela Goicovich.
ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
Tras escuchar a los expositores, los congresistas concluyeron que “lo antes posible el presidente Gabriel Boric debe dar a conocer la Política Nacional del Litio puesto que la oportunidad es ahora”. Además coincidieron con los especialistas sobre “la urgencia de generar una alianza público privada sin sesgos” porque “actualmente, el Estado no tiene capacidad para explotar ni siquiera en los primeros niveles”.
De hecho la senadora Carvajal comentó que “como Comisión de Minería creemos que esta ventana de oportunidad para el país, desarrollando y aumentando la producción del litio, no la podemos desaprovechar. Debemos conversar dejando atrás las rigideces de nuestras posturas personales e ideológicas. Debemos buscar con pragmatismo y realismo, soluciones prácticas para impulsar esta colaboración público privada”.
La mayor concentración de inmigrantes internacionales se ubica en la Región Metropolitana, con un 60%, seguida de Antofagasta, con un 7,7%; y Valparaíso, con 6,3%.
El tribunal consideró que el amparo no era la vía adecuada y criticó una afectación al debido proceso.
