Una maratónica jornada es la que se vivió en la Cámara de Diputados, en el marco de la votación de la Acusación Constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, la cual fue aprobada por 78 votos a favor, 67 en contra y 3 abstenciones.
Una sesión que contó con más de 15 horas de intervención del diputado por el Maule, Jaime Naranjo (PS), quien alargó su exposición para ganar tiempo, y así el parlamentario Giorgio Jackson - que estaba en cuarentena por ser contacto estrecho del candidato presidencial, Gabriel Boric- pudiera votar en el Congreso. A esto se suma las más de 5 horas de intervención del abogado defensor del mandatario, Jorge Gálvez.
¿En qué consiste la acusación?
El Presidente Sebastián Piñera es investigado por su vinculación en la venta realizada de la minera Dominga a su amigo, el presidente de Banco Penta, Carlos Délano, en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas.
Parte del texto de la AC establece que “la conducta reiterada y negligente del presidente de la República no solo va en contra del principio de probidad definido constitucional y legalmente, sino que, adicionalmente, su infracción acarrea la vulneración al artículo 19 número 8 de la Constitución, que en su sentido amplio es un mandato irrestricto a respetar el medio ambiente”.
El documento también acusa al mandatario de: “ no dar cumplimento a tratados internacionales que exigen un deber de protección y preservación de la naturaleza y que aseguran el derecho a acceder a la información ambiental, el derecho a participar en la elaboración de las decisiones públicas que incidan en el medio ambiente y el derecho a acceder a la justicia ambiental, sin discriminación de ninguna especie”.
Ahora la AC pasará al Senado. Para aprobar la acusación, la oposición necesita el respaldo de 2/3, es decir, de 29 votos, lo que de concretarse, significaría la destitución de Sebastián Piñera como Presidente de la República.
La mayor concentración de inmigrantes internacionales se ubica en la Región Metropolitana, con un 60%, seguida de Antofagasta, con un 7,7%; y Valparaíso, con 6,3%.
El tribunal consideró que el amparo no era la vía adecuada y criticó una afectación al debido proceso.