Ya son 230 los alcaldes del país que han solicitado convertirse en distribuidores de gas licuado para reducir en 10 mil pesos el precio de venta a los vecinos. La iniciativa partió con el alcalde de Chiguayante, Antonio Rivas, y terminó por convencer a casi 2/3 de los municipios del país. 

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) ya estaba analizando la fórmula de distribución, pero la Contraloría advirtió que las Municipalidades no están autorizadas para la distribución y comercialización. Por lo tanto, requieren que una Ley las faculte para ello. “Las municipalidades podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo si una ley de quórum calificado las autoriza, lo que no ha tenido lugar en la especie”, concluyó el documento emitido por la Contraloría General de la República. 

El diputado independiente por la capital, Álvaro Carter, anunció que presentará un proyecto para permitir el ingreso de los municipios en la compra, venta y distribución del gas licuado, con precios más accesibles para los vecinos. "El precio del gas, tal cual pasó con los combustibles, ya superó los máximos históricos en nuestro país, con valores que son insostenibles para el bolsillo de cualquier chileno, lo que lamentablemente se ha transformado en una verdadera carga para la economía doméstica de las familias más vulnerables", dijo el parlamentario.