Congreso aprobó veto presidencial y fijó elecciones de octubre en dos días
Las elecciones de octubre se realizarán el 26 y 27, con nuevas normativas sobre multas, feriados y regulación de campañas en redes sociales.
el jueves pasado a las 10:29
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el veto presidencial, permitiendo que el Congreso despachara el proyecto de ley que establece que las elecciones municipales y regionales de octubre de 2024 se llevarán a cabo en dos días: el sábado 26 y el domingo 27 de octubre.
Aunque había consenso en realizar las elecciones en dos días, la oposición y el oficialismo tuvieron discrepancias sobre varios puntos, como la multa para quienes no acudan a votar, el feriado durante el día de elecciones y la regulación de las campañas electorales en redes sociales.
En las próximas elecciones, los ciudadanos y ciudadanas votarán por alcaldes, concejales, gobernadores regionales y consejeros regionales, por lo que se anticipa que los tiempos de votación serán más largos de lo habitual.
El Gobierno de Gabriel Boric introdujo algunas modificaciones al proyecto, como la eliminación de la ley seca que prohibía la venta de alcoholes el día de las elecciones, medida que ya había sido aprobada por el Congreso.
Uno de los puntos más controvertidos era la multa para quienes no voten, dado que el voto es obligatorio. Finalmente, el Congreso aprobó una multa de 33 mil pesos para quienes no acudan a votar, incluyendo a los extranjeros con derecho a voto en Chile.
Además, el Parlamento acordó que el domingo 27 de octubre será feriado para el comercio, mientras que el sábado 26 de octubre no lo será, permitiendo la atención en establecimientos comerciales.
El proyecto también incluye la regulación de las campañas políticas en redes sociales, un tema que generó desacuerdos entre los legisladores pero que fue resuelto con esta aprobación.
La Asociación Regional de Canales de Televisión (ARCATEL), entidad que representa a medios regionales y locales de televisión a lo largo del país, manifiesta su profunda preocupación frente al contenido del artículo 8 del Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, actualmente en tramitación en el Congreso Nacional.
