PANDORA PAPERS: FISCALÍA INVESTIGA EVENTUALES DELITOS DE PRESIDENTE PIÑERA EN LA VENTA DE LA MINERA DOMINGA
Es parte de las consecuencias de la revelación sobre las sociedades “opacas” en paraísos fiscales
Un verdadero escándalo mundial se vivió por la publicación de la investigación periodística denominada “Pandora Papers”. Reveló que 92 políticos latinoamericanos, así como otras 300 personalidades del mundo artístico, reyes, ministros, exfuncionarios y futbolistas, están involucrados en la creación de sociedades en paraísos fiscales, para evadir impuestos, aumentar sus riquezas y, en algunos casos, podría haber lavado de dinero.
Ciper y la plataforma digital LaBot revelaron que el Presidente Sebastián Piñera realizó la venta de la Minera Dominga, en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas con su amigo y dueño del Banco Penta, Carlos Alberto Délano. La transacción fue por 152 millones de dólares, en diciembre de 2010.
El Fiscal Nacional, Jorge Abott, instruyó a un grupo de abogados de la Unidad Anticorrupción que investiguen si hay delitos comprometidos en esta transacción. En caso de comprobarse, se daría paso a una investigación penal de oficio, es decir, sin requerir una querella o una denuncia formal.
El Ministerio Público investigará los eventuales delitos tributarios, de negociación incompatible y de tráfico de influencias. Pero podrían estar prescritos, por haberse cumplido una década desde que ocurrió la compraventa de Dominga. Además, se analizará una posible intervención del Servicio de Impuestos Internos (SII) en una elusión tributaria.
Diputados de oposición están evaluando una Acusación Constitucional contra el Presidente Piñera, porque, según el diputado (PC) por Coquimbo, Daniel Núñez, a más de 3 años desde que comenzó su Gobierno, no se han presentado acciones para resguardar la zona en donde se instalará el proyecto minero-portuario de Dominga. “Eso es una omisión, una negligencia deliberada, que es una infracción a la Constitución y a las Leyes. Y por eso, amerita una acusación constitucional”, dijo el parlamentario.
La Asociación Regional de Canales de Televisión (ARCATEL), entidad que representa a medios regionales y locales de televisión a lo largo del país, manifiesta su profunda preocupación frente al contenido del artículo 8 del Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, actualmente en tramitación en el Congreso Nacional.
